El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión tomó los siguientes acuerdos:
El Gobierno recibe información sobre la contratación del servicio de mantenimiento de la Red de Emergencias de Canarias
El Consejo de Gobierno conoció hoy, jueves 24 de marzo, la resolución del 11 de marzo de 2021 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la que se declara la tramitación de emergencia y se aprueba la adjudicación del expediente de contratación del servicio de mantenimiento integral de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (Rescan).
El contrato, que se realiza a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, abarca del 16 de marzo al 30 de junio de 2021 y tiene un importe de 365.023,75 euros.
El correcto funcionamiento y gestión de esa red es imprescindible para los cuerpos policiales y servicios de emergencias de Canarias y requiere del sostenimiento de los servicios de mantenimiento integral que abarcan a las ocho islas, con una atención las 24 horas los siete días de la semana. Actualmente, hay 9.400 personas usuarias de radiocomunicaciones y más de 120 flotas.
La nueva licitación del contrato del servicio de mantenimiento, cuya vigencia finalizaba el 15 de marzo de 2021, no fue posible por las circunstancias acaecidas en el año 2020 debido a la crisis de la COVID-19, por lo que se ha optado, en aras del interés público, por la contratación de emergencia para el periodo que abarca desde el 16 de marzo al 30 de junio de 2021.
Las consecuencias de no disponer de dicha contratación llevaría a implicar que los servicios de Seguridad y Emergencias, tanto del Gobierno de Canarias como de los Cabildos insulares y de los diferentes ayuntamientos, no dispondrían de comunicaciones para su personal y sus servicios, como son los prestados por Policía Autonómica, Policía Local, Servicio de Urgencias (SUC y ambulancias), Protecciones civiles, Consorcios de Bomberos, Agentes de Medio Ambiente y extinción de incendios forestales, salas de coordinación del 112 o helicópteros de rescate y de traslado de enfermos, entre otros.
El Gobierno recibe información sobre los gastos derivados de los incendios de La Palma en 2020
El Consejo de Gobierno recibió hoy información sobre el abono de diversos gastos derivados de los incendios forestales declarados en los municipios palmeros de Garafía y Tijarafe, entre agosto y septiembre de 2020.
Esos gastos se destinaron a afrontar el desplazamiento, alojamiento y manutención del personal interviniente, así como el traslado de material y suministros para la extinción de los incendios. El importe total asciende a 179.781, 65 euros.
Los servicios y suministros contratados, mediante resoluciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, obedecen a circunstancias imprevisibles y de extrema urgencia con el objeto de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, así como de los bienes materiales.
Los costes derivados de la extinción los asume la administración que en cada momento está llevando la dirección del Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca). Este lo asumió el Gobierno de Canarias. Por ello, se tomó la decisión de desplazar a personal para colaborar en las tareas de extinción, así como personal del propio centro directivo -Grupo de Emergencias y Seguridad y Cuerpo General de la Policía Canaria- y personal técnico y voluntario para realizar labores de apoyo.
En concreto, se tuvieron que contratar con carácter de emergencia servicios y suministros de diversa índole, como gastos de viajes a agencias, desplazamientos contratados a navieras, manutención y alojamiento del personal interviniente, junto a los gastos derivados del traslado de materiales y determinados suministros y servicios necesarios para la extinción del incendio.
El Consejo autoriza la prórroga del contrato de peritaciones judiciales por importe de dos millones
El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy el gasto correspondiente a la prórroga del contrato de servicio para la realización de peritaciones en los órganos judiciales de Canarias por importe de 2.006.250 euros (IGIC incluido), con vigencia hasta el 31 de mayo de 2022. Un total de 1.070.000 euros se destinarán a las peritaciones de los órganos judiciales de Las Palmas y los 936.250 restantes para los de Santa Cruz de Tenerife.
El contrato de servicio que se prorroga ahora se formalizó en mayo de 2020 en dos lotes: lote I, para los órganos judiciales de Las Palmas, y lote II, para los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, siendo el plazo de ejecución para el periodo que va desde el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Ante la próxima finalización del contrato, el Ejecutivo canario ha considerado necesario prorrogarlo con un presupuesto de dos millones de euros, que se distribuirán en dos anualidades. La primera de ellas abarca del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021, por importe de 1.170.312,50 euros, de los cuales 624.166,67 son para los órganos judiciales de Las Palmas y 546.145,83 para los de Santa Cruz de Tenerife.
La segunda anualidad, desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2022, contempla un gasto total de 835.937,50 euros, de los cuales 445.833,33 euros son para el lote I y el resto, 390.104,17 euros, para el lote II.
Sanidad destina 2,7 millones de euros a la prórroga del servicio de limpieza en los centros de salud de Tenerife
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 15 de abril, a la Consejería de Sanidad a prorrogar la prestación del servicio de limpieza en los centros sanitarios de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, del Servicio Canario de la Salud, que actualmente realiza la empresa Tragsa a través de un encargo a medio propio personificado.
La nueva prórroga tiene un plazo de vigencia de seis meses, comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2021, con un presupuesto de 2.720.474,58 euros, condiciones que han sido aceptadas por la empresa.
La Gerencia de Atención Primaria de Tenerife garantiza así la continuidad de un servicio esencial para el desarrollo de la actividad asistencial en su red de centros de salud y consultorios locales. Esta continuidad resulta esencial al persistir la urgencia y los motivos de interés público tras la resolución del contrato con la anterior empresa adjudicataria, lo que ha hecho necesaria la nueva prórroga, hasta la formalización del contrato resultante del nuevo procedimiento de licitación.
Los encargos a medios propios personificados están regulados en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y constituyen un instrumento a disposición de las administraciones públicas para ejecutar de manera directa prestaciones propias de los contratos, como el de servicios, a través de otra persona jurídica distinta, de derecho público o de derecho privado, previo encargo, a cambio de una compensación tarifaria y cuando tenga la calificación jurídica de medio propio personificado.
El Gobierno destina 2,1 millones de euros a la detección de cáncer de cérvix en Canarias
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, día 15 de abril, a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 2.117.834,50 euros para la adquisición de un suministro de material y la cesión del equipamiento necesario para la puesta en marcha, en el segundo semestre de 2021, del programa de cribado poblacional para la prevención del cáncer de cérvix en Canarias.
Esta contratación se realizará mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria, para un periodo de veinticuatro meses, prorrogable por otros dos años, con la finalidad de adquirir el material y el equipamiento para realizar citologías líquidas y pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH).
El suministro estará integrado por dos lotes, de los que el primero incluye los viales, materiales y kits para el procesamiento, tinción y montaje de las citologías líquidas. Cuenta con un presupuesto de licitación de 445.798,42 euros. El segundo lote se compone del material para la determinación del virus del papiloma humano en citología líquida, por importe de 1.672.036,08 euros.
El programa de cribado poblacional para la prevención cáncer de cérvix se llevará a cabo por la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS) y se iniciará de forma gradual, con el pilotaje en varios municipios de las Islas.
La finalidad es avanzar en su implantación progresiva hasta incorporar al conjunto de mujeres canarias con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, de las que actualmente hay censadas 633.408. De éstas, el grupo etario de 25 a 30 años, 141.382 mujeres, serían cribadas con citología cada tres años, y al grupo de 35 a 65 años, un total de 492.026 mujeres, se hará con test de virus del papiloma humano cada cinco años.
La prevención del cáncer de cérvix constituye una de las prioridades en salud del SCS y para ello utilizará el cribado poblacional al demostrar su coste-efectividad en la prevención de la mortalidad y morbilidad por cáncer.
A esto se añade que la citología se ha convertido en el método de cribado que más vidas ha salvado en sus setenta años de existencia, aplicado tanto en forma de cribado oportunista como poblacional.
Canarias es una de las comunidades con mayor cobertura de vacunación en niñas, cerca del 95%, lo que hará que la incidencia del cáncer de cérvix en unos años baje o se desplace a mujeres mayor edad.
El Gobierno hace uso temporal del servicio ‘Arca de Noé’ para contener la COVID-19 en Fuerteventura
El Consejo de Gobierno fue informado este jueves, 15 de abril, de la contratación de emergencia en la isla de Fuerteventura del servicio de alojamiento de corta estancia Arca de Noé. Este servicio está destinado a personas positivas en COVID-19 que son asintomáticas o que han estado en contacto estrecho con la enfermedad y tienen dificultades alojativas para cumplir el periodo de cuarentena o aislamiento prescrito.
La contratación se realizó por resolución de 7 de abril de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura, perteneciente al Servicio Canario de la Salud, para el alojamiento de una persona por un periodo de siete días, lo que supuso un gasto total de 385 euros.
Esta misma Gerencia contrató por resolución de 15 de marzo ese tipo alojamiento de corta estancia por un periodo de nueve días y 495 euros de gasto, del que fue informado el Gobierno en su reunión de 31 de marzo. En ambos casos, la contratación por tramitación de emergencia se ha realizado conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El proyecto Arca de Noé fue puesto en marcha en octubre del año pasado por el Servicio Canario de la Salud para la puesta a disposición de alojamientos privados a personas socialmente vulnerables y migrantes que deban realizar aislamiento o cuarentena por ser casos positivos en COVID-19 o casos sospechosos, probables o contactos estrechos de un positivo.
Igualmente, está destinado a personal sanitario con diagnóstico, sospecha o contacto de COVID-19 o bien con alto nivel de exposición laboral al contagio, con independencia de que deban realizar aislamiento o cuarentena. Con el alojamiento de corta estancia, se evita la propagación del virus.
El Gobierno amplía en casi 4 millones las partidas presupuestarias para gastos urgentes por la COVID-19
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 15 de abril, el incremento de 3.972.725 euros, dividido en dos partidas, que el Servicio Canario de la Salud (SCS) destinará a hacer frente a gastos urgentes derivados de la crisis sanitaria por la COVID-19.
En particular, las ampliaciones de crédito aprobadas hoy por el Ejecutivo regional se destinarán a financiar los gastos contraídos por el SCS, a través de la Secretaría General y la Dirección General de Recursos Económicos, para realizar el cribado de viajeros procedentes del resto del territorio nacional.
Además, se incluyen los gastos del servicio de control de acceso de pasajeros en los aeropuertos, el servicio de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a residentes canarios, el sistema térmico de control de temperatura en aeropuertos, la adquisición de tarjetas de red para equipos móviles de vacunación, la adaptación de centros públicos para vacunaciones masivas (gestión de turnos) y la adquisición de diverso material fungible (mascarillas, jeringuillas...).
El Gobierno reconoce las razones de coyuntura económica que permiten la ampliación de ambas partidas, que serán cubiertas con bajas en la dotación presupuestaria de proyectos de inversión no susceptibles de ejecución este 2021.
El artículo 13 de la Ley 7/2020, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, establece que podrán ampliarse, con financiación en ingresos no previstos o con bajas en créditos del estado de gastos (en ningún caso podrán comprometer la financiación de la comunidad autónoma procedente de ingresos externos de carácter finalista), los créditos destinados a dar cumplimiento a los acuerdos de Gobierno motivados por siniestros, catástrofes o causas de fuerza mayor, o por la coyuntura económica para atender gastos del ejercicio corriente.
El gasto en medicamentos y productos dietoterápicos fue de 54,7 millones en marzo
El Gobierno de Canarias fue informado este jueves, 15 de abril, del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente al mes de marzo, que ascendió a 54.759.145,44 euros. Esta cifra incluye el gasto en medicamentos y productos dietoterápicos, así como la exención del copago a las personas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales.
Por áreas de Salud, el gasto en medicamentos se distribuyó de la forma siguiente: Gran Canaria, con 23.729.789,15 euros; Tenerife, con 23.601.064,05; Lanzarote, con 2.583.178,47; La Palma, con 2.326.111,86; Fuerteventura, con 1.673.862,78; La Gomera, con 573.189,39, y El Hierro, con 271.949,74.
Recetas emitidas
El número de recetas emitidas en marzo con cargo al SCS fue de 4.625.716, el 3,9% más que en el mismo mes del año anterior, de las que 2.043.887 correspondieron al Área de Salud de Gran Canaria, y 1.958.845, a la de Tenerife. En el resto de áreas de Salud, el número de recetas osciló entre las 221.151 de Lanzarote y las 23.472 de El Hierro. El número acumulado de recetas del primer trimestre del año asciende a 12.679.878, el 0,08% inferior al mismo periodo de 2020.
En cuanto al gasto medio por receta, se situó en 11,70 euros, frente a los 11,55 euros de marzo de 2020, lo que supone un 1,26% de incremento. Por áreas de Salud, La Gomera y La Palma superaron los 12 euros de gasto medio mensual por receta (con 12,68 y 12,25 euros, respectivamente), mientras que las islas restantes arrojaron un gasto medio inferior a esa cantidad.
Comunicación al Ministerio
El gasto farmacéutico mensual incluye, además de la factura en medicamentos, el gasto en productos dietoterápicos y el importe resultante de la eliminación del copago a los usuarios sanitarios residentes en Canarias con rentas inferiores a 18.000 euros, lo que representó 2.563.160,84 euros en total en esa misma mensualidad.
La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las comunidades autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.
Según esos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de marzo que se comunica al Ministerio asciende a 52.195.984,60 euros.
El Consejo de Gobierno aprueba el decreto que regula los órganos colegiados contemplados en la Ley de Servicios Sociales
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, 15 de abril de 2021, el decreto por el que se aprueba el reglamento de los órganos colegiados de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, a propuesta de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
El reglamento regula la composición, organización y funciones de los órganos colegiados adscritos a la Consejería de Derechos Sociales y creados por la Ley de Servicios Sociales de Canarias. En concreto, son la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales; el Consejo General de Servicios Sociales; el Comité de Ética de los Servicios Sociales; el Consejo de Atención Sociosanitaria; la Comisión de Asesoramiento y Supervisión en el Ámbito Social y Judicial, y el Observatorio Canario de los Servicios Sociales.
La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales es un órgano que tiene por finalidad conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por el Gobierno de Canarias y las Administraciones locales. Tiene una composición multilateral y de ámbito especial, constituida por representantes del Ejecutivo canario, los cabildos y los municipios. Entre sus objetivos están las actuaciones que mejoren el ejercicio de competencias que cada Administración pública tiene en materia de servicios sociales.
Por su parte, el Consejo General de Servicios Sociales es un órgano colegiado de carácter consultivo y de asesoramiento al sistema público de servicios sociales que funciona como máximo órgano consultivo y de participación social en materia de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo se adscribe a la Consejería competente en materia de derechos y políticas sociales. Sus funciones son, entre otras, emitir informes, establecer fórmulas de coordinación o cooperación con otros órganos de representación y con cuantas instituciones y organizaciones considere oportuno en la búsqueda de actuaciones integradas de política social, además de participar en la elaboración del catálogo de servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales y de sus actualizaciones y modificaciones.
En cuanto al Comité de Ética de los Servicios Sociales, se configura como un órgano consultivo al servicio de las personas, agentes, entidades y administraciones implicadas en el ámbito de los servicios sociales, y tendrá como finalidad facilitar el asesoramiento en los problemas éticos que se planteen en dicho ámbito y fomentar la formación en ética asistencial de los profesionales de los servicios sociales. Tiene entre sus funciones la emisión de dictámenes y el asesoramiento sobre cuestiones de carácter ético relacionadas con la atención social, así como fomentar el desarrollo de la ética de los servicios sociales en la sociedad canaria y emitir dictámenes, propuestas y recomendaciones para las autoridades competentes en materia de servicios sociales de Canarias.
El Consejo de Atención Sociosanitaria se configura como un órgano colegiado de composición bilateral y de coordinación interdepartamental cuya finalidad es la orientación y el seguimiento de las decisiones políticas, normativas, económicas, organizativas y asistenciales en materia de coordinación sociosanitaria. Este órgano tiene, entre otras funciones, la atención integrada de carácter social y sanitario de actuaciones encaminadas a promover la integración e interrelación funcional de los servicios y prestaciones, y proponer medidas que garanticen la continuidad de cuidados en función de las necesidades cambiantes de los ciudadanos, con especial atención a las situaciones de dependencia, menores con trastornos en su desarrollo y personas que requieran rehabilitación psicosocial.
La Comisión de Asesoramiento y Supervisión en el Ámbito Social y Judicial constituye un órgano colegiado de composición bilateral, cuya finalidad es la colaboración entre el sistema de servicios sociales y el sistema judicial, con el fin de posibilitar la coordinación entre las consejerías competentes en las materias de justicia y de derechos y políticas sociales. Tiene por finalidad desarrollar las actuaciones oportunas encaminadas a promover el apoyo, la colaboración y coordinación entre los servicios y prestaciones que correspondan al sistema judicial y al sistema público de servicios sociales, en el ejercicio de las competencias propias atribuidas a todos ellos.
El Observatorio Canario de los Servicios Sociales se configura como un órgano colegiado de carácter consultivo, de asesoramiento, estudio y análisis del sistema público de servicios sociales que tiene como objetivo promover las medidas necesarias para la garantía y mejora de la calidad de los servicios sociales. Entre sus funciones, se encuentra las de realizar investigaciones y estudios e impulsar la investigación en Canarias sobre la realidad del sistema de servicios sociales y la elaboración de análisis, estadísticas, informes y propuestas sobre el estado, la calidad y la mejora de las prestaciones del sistema público de servicios sociales de Canarias.
El Gobierno autoriza la contratación de personal laboral temporal para necesidades urgentes en centros educativos
El Consejo de Gobierno autorizó hoy la contratación de personal laboral temporal para cobertura de puestos de trabajo vacantes, dotados con fondos presupuestarios, y así atender necesidades urgentes e inaplazables en los centros educativos públicos no universitarios.
Todo ello se ha producido dentro del límite constituido por el coste económico de la plantilla presupuestaria y durante los periodos lectivos de la presente anualidad (de enero a junio de 2021, para el curso académico 2020-21, y de julio a diciembre de 2021, para el curso académico 2021-22).
Se trata de 32 plazas vacantes de las categorías de cocinero/a, ayudante de cocina, auxiliar de servicios complementarios, auxiliar educativo, auxiliar administrativo, auxiliar, subalterno, mantenimiento-guarda, servicio doméstico, titulado superior y mozo.
Asimismo, el Consejo de Gobierno convalidó la contratación laboral temporal de otras 17 personas realizada por la imperiosa necesidad de atender las situaciones que se generan en los centros educativos donde surgen dichas vacantes.
El pasado 4 de marzo, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes remitió tanto a la Dirección General de Planificación y Presupuesto como a la Dirección General de Función Pública una memoria justificativa en la que solicitó de ambos centros directivos la elevación a Gobierno de la propuesta de autorización para la contratación de personal laboral temporal en las categorías profesionales mencionadas, para atender necesidades urgentes e inaplazables en centros educativos públicos no universitarios.
La memoria alegó la imposibilidad de asumir estas funciones por otros trabajadores de dichos centros debido a la falta de recursos humanos en el Departamento de Educación, y añadió que no era posible cubrirlas a través del mecanismo de racionalización y distribución de efectivos, mucho menos en las circunstancias excepcionales derivadas de la COVID-19.
El Gobierno planifica hasta 2024 el nivel de gasto de este año para blindar servicios públicos, apoyar a los sectores económicos y proteger a los colectivos vulnerables
El Gobierno de Canarias prevé mantener durante los próximos tres años la capacidad de gasto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2021 para tratar de contrarrestar los efectos de la crisis causada por la pandemia, fortaleciendo para ello los servicios públicos fundamentales y apoyando a los colectivos más vulnerables y a los sectores económicos; además, se preservará la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, según el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales para el periodo 2022-2024 aprobado definitivamente este jueves, 15 de abril, por el Consejo de Gobierno.
En este plan se enmarca la elaboración de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma para dicho trienio, con la previsión de ingresos y gastos, así como los ajustes de contabilidad nacional, garantizando en todo momento el cumplimiento de la agenda social del Gobierno. Su elaboración responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y a una Comunicación de la UE sobre la denominada cláusula de salvaguarda, si bien se realiza en un marco de múltiples incertidumbres y en ausencia de la determinación de las reglas fiscales.
Para la elaboración de los escenarios plurianuales, y fundamentalmente para la elaboración de las previsiones de ingresos por tributos propios y cedidos, se ha tomado como base el contexto macroeconómico en el que se recoge la evolución del PIB de la Comunidad Autónoma.
La previsión revisada es del 7% de incremento del PIB, estimado a partir de la referencia del último “Proyecciones Macroeconómicas para la Economía Española (2021-2023)” del Banco de España. A partir de ahí se actualiza el próximo trienio con las estimaciones del informe elaborado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en sus escenarios más pesimistas para Canarias: el 12,0% para 2022; el 5,3% para 2023 y el 4,20% para 2024.
Por lo que se refiere al límite de gasto no financiero y objetivo de estabilidad, toda vez que ha sido suspendida la aplicación de la regla de gasto para los ejercicios 2020 y 2021, y no figura ninguna valoración de la tasa de referencia de crecimiento de la economía española, no es posible realizar el cálculo de la evolución del límite de gasto no financiero conforme a la metodología habitual en los ejercicios previos a la pandemia. Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión de las reglas fiscales, el límite de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma lo determinarán los ingresos.
Respecto a los recursos provenientes del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que para Canarias suponen dos tercios de sus ingresos, los índices de proyección que se han utilizado son los que se incluyen en las estimaciones oficiales conocidas hasta el momento, considerando la permanencia del sistema vigente.
En cuanto a los impuestos cedidos y propios gestionados por la Comunidad Autónoma se ha partido de los importes de la recaudación de los ingresos al cierre del ejercicio 2020, a los que se han aplicado los indicadores de crecimiento macroeconómicos más “pesimistas” anteriormente señalados, y se estima que la recuperación de la recaudación será proporcional a la recuperación del PIB del mismo ejercicio.
Las previsiones de gastos se fundamentan en el mantenimiento de la actual estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma, tanto en lo que se refiere a su estructura central como periférica.
En relación con los gastos corrientes en bienes y servicios como educación, como regla general, se ha calculado el mantenimiento de créditos del 2021 excepto para el Servicio Canario de la Salud, para el que se estima un incremento del 0,5% anual acumulativo sobre el crédito del 2021. Por último, se ha imputado el importe estimado para las anualidades 2022 y 2023 del programa de ayuda europeo para la recuperación (REACT-EU).
En cuanto a los fondos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo solo se han contemplado los importes a ejecutar en los años 2022-2024 de las acciones asignadas para Canarias en la Ley de Presupuestos del Estado para el 2021.
Manuel Fernando Martínez, nombrado viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia
El Consejo de Gobierno acordó hoy, jueves 15 de febrero, el nombramiento de Manuel Fernando Martínez Álvarez como nuevo viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, departamento dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Martínez es diputado del PSOE por Tenerife en el Parlamento de Canarias y licenciado en Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras por la Universidad de La Laguna y está graduado en Ingeniería de la Edificación por la Universidad Antonio de Nebrija.
Martínez, que releva en el puesto a Alejandro Rodríguez, tiene un máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid.
Ha trabajado como jefe de Producción de Obras con la Empresa Constructora Ferrovial- Agroman en las Obras: 148 Viviendas Residencial Parque y Facultad de Informática de la ULL (2000-2003); como arquitecto técnico de las Empresas Viatrio Ingenieros S.L. y P. Luis Arquitectura y Gestión S.L. (2003-2004); y como director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud de Obras como profesional independiente en obras públicas y privadas, tanto en edificación como obra civil (2004-2011).
Martínez ha sido concejal de Urbanismo, Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de El Rosario, (2011-2015); consejero con delegación especial en aguas del Cabildo de Tenerife (2015-2019) y vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (2015-2019).
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