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El Gobierno asume competencias de evaluación ambiental de San Miguel de Abona y Tuineje
El Consejo de Gobierno ha acordado asumir la delegación de competencias para la evaluación de impacto ambiental de proyectos en el ayuntamiento de San Miguel de Abona (Tenerife) y para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, en Tuineje (Fuerteventura).
La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal.
A su vez, el Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico.
La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, que es un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental. Por tanto, será la citada Comisión la que va a realizar las funciones delegadas.
Ambos ayuntamientos, que justifican adecuadamente las razones de la delegación, acordaron delegar en el órgano ambiental de la Administración autonómica las citadas competencias a través de acuerdo de sus plenos, que es un paso previo en la tramitación de dicho proceso de delegación.
El Consejo aprueba destinar 3,7 millones a la contratación de un suministro de lencería hospitalaria
El Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de este jueves, 3 de marzo, la realización de un gasto de 3.786.279,08 euros para la contratación de un suministro de lencería con destino a los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS).
La contratación se tramitará mediante acuerdo marco, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del que resultará la formalización de contratos para el aprovisionamiento de lencería por cada uno de los hospitales para un período de dos años, prorrogables por otros dos.
El gasto autorizado se distribuirá entre los hospitales del SCS a razón de:
- 983.839,52 euros en el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria;
- 700.964,24 euros en el Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín;
- 644.306,20 euros en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias;
- 633.077,14 euros en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil;
- 278.877,65 euros en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote;
- 248.361,84 euros en la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma;
- 60.908,23 euros en la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y
- 14.814,59 en la Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro.
El procedimiento de compras centralizadas ha contribuido notablemente a racionalizar y mejorar la eficiencia en los procesos de aprovisionamiento de los centros sanitarios, al tiempo que produce una reducción de precios derivada de la economía de escala.
El Gobierno autoriza 100.000 euros para ampliar la implantación del Parte Asistencial Digital del SUC
El Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de este jueves a incrementar en 100.000 euros el crédito presupuestario del Servicio Canario de la Salud para impulsar en el año 2022 el proyecto de implantación en los recursos móviles y aéreos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) del parte asistencial digital, como sistema informático de registro de la información de los incidentes sanitarios. Durante 2021, el SUC inició la contratación, por un importe de 200.000 euros, de este aplicativo específico para los recursos sanitarios, que estará integrado con la herramienta de gestión utilizada desde la Sala de Coordinación del 1-1-2.
En una primera fase se ha comenzado la instalación de los equipos en las ambulancias medicalizadas, sanitarizadas y en los recursos aéreos, que constituyen unas 30 unidades. Con la ampliación del crédito presupuestario del SCS aprobado hoy de 100.000 euros y otros 200.000 euros aprobados en una enmienda a los presupuestos de este ejercicio, el parte asistencial digital podrá extender su implantación este año en las ambulancias de soporte vital básico.
El despliegue de una herramienta en todo el parque móvil de recursos vinculados al transporte sanitario de urgencias permitirá incorporar automáticamente la información obtenida de los distintos dispositivos de electromedicina y el registro de la asistencia.
De esta forma, toda la información queda registrada digitalmente, facilitando su estudio, acceso y consulta en caso necesario, con posibilidad de emitir la información recogida en el parte asistencial digital en tiempo real ante una emergencia vital.
Esta aplicación cubrirá las necesidades de documentación, información, notificación y almacenamiento de la información sanitaria registrada durante los incidentes de urgencia/emergencia, coordinados y gestionados por el SUC desde ambas salas de Coordinación (CECOES 1-1-2), con el fin de optimizar y mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
El Gobierno autoriza un gasto de 1,4 millones de euros para poner en marcha la ayuda al alquiler de emergencia para los afectados por el volcán de La Palma
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy la ampliación de una partida presupuestaria que permitirá una posterior modificación de crédito por valor de 1,4 millones de euros para activar este mismo mes la ayuda de alquiler de emergencia para las familias que perdieron sus hogares a causa de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, el pasado mes de septiembre, en la isla de La Palma. Se trata de una de las actuaciones que el Gobierno de Canarias ha activado para hacer frente a la emergencia habitacional que sufre gran parte de la ciudadanía del Valle de Aridane y que se complementa con la adquisición y entrega de viviendas que ya se está llevando a cabo.
A la ampliación presupuestaria aprobada hoy, le seguirá la semana viene una modificación de crédito por el mismo valor, es decir, de 1.425.600 euros, lo que permitirá al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) crear la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para alquiler de vivienda habitual para los afectados por la erupción mientras dure el proceso de reconstrucción.
El objetivo es que las familias que hayan optado por esta opción al inscribirse en el Registro Único de Afectados puedan empezar a acogerse a esta nueva línea de ayudas antes de que acabe el mes de marzo.
De los trabajos realizados por el Grupo de Intervención Social, que forman los 27 trabajadores sociales contratados de la Oficina Registro de Personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, se ha determinado que muchas familias afectadas muestran su preferencia por el alquiler, antes que la cesión de una vivienda temporal de una de las viviendas adquiridas.
Además, se ha detectado también que una parte de las personas afectadas que ya viven de alquiler, carecen de recursos para hacer frente al pago de las rentas de las viviendas.
Esta nueva línea de ayudas al alquiler específica para los afectados por el volcán será gestionada a través del Instituto Canario de Vivienda y se prevé que necesite una dotación total de 3,2 millones durante los tres años que se pretende mantener activa.
Los alquileres se pagarán a los afectados que ya estén apuntados en el registro único de damnificados puesto en marcha por el Gobierno de Canarias y que así lo manifiesten en su inscripción. Por tanto, no tendrán que realizar ningún trámite nuevo para solicitarlas.
Tendrán derecho a recibir estas ayudas, durante un período máximo de 36 meses, todas las familias inscritas en el registro único que justifiquen haber perdido su vivienda habitual por la erupción y aporten los justificantes del pago del alquiler.
Podrán solicitar estas ayudas tanto los propietarios de viviendas destruidas o declaradas inhabitables, como los arrendatarios que vivían en una casa que fuera su vivienda habitual y también resultara destruida o declarada en ruinas a causa de la erupción.
En este caso, en el de los que vivían de alquiler antes de la erupción, la ayuda consistirá en el abono de la diferencia entre las rentas del alquiler anterior y de la nueva vivienda, también por un periodo máximo de 36 meses.
También podrán solicitar la nueva ayuda los evacuados que tienen sus casas indemnes pero que aún no pueden volver a ellas al encontrarse aisladas dentro de la colada, por falta de servicios básicos o por residir dentro de la zona de exclusión por gases. En estos casos, se abonará la ayuda hasta el momento en el que puedan retornar a sus hogares con plenas garantías.
Estas ayudas de emergencia al alquiler se pagarán de manera cuatrimestral previa presentación de los justificantes de pago. La cuantía máxima que pueden alcanzar estas ayudas no podrá superar el importe de 6,6 euros por metro cuadrado útil y mes por vivienda, de acuerdo a los precios que el Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda establece para los municipios afectados por la erupción. De esta forma, queda establecida que la ayuda máxima a pagar a cada familia será hasta un máximo de 594 euros al mes.
Autorizados 2,3 millones para el Colegio de Abogados de Las Palmas por la asistencia jurídica gratuita
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, 3 de marzo, la realización del gasto destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas. Esta subvención tiene como objetivo abonar las actuaciones de profesionales del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita correspondientes al cuarto trimestre de 2021, por un importe de 2.340.894,45 euros.
El incremento en el número de asuntos del turno de oficio y el consiguiente aumento del importe de dicho servicio, así como el alza del Turno Especial de Extranjería, han repercutido significativamente en los importes facturados por el Colegio de Abogados de Las Palmas en el cuarto trimestre de 2021 y en la correspondiente solicitud de subvención.
Estos factores han hecho que se supere la cantidad de dos millones de euros, lo que hace preceptivo contar con la autorización del Gobierno de Canarias para continuar con la tramitación de la subvención, según dispone la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022.
El total de la cuantía certificada está marcada por el número de asuntos del turno de oficio, que ascendió a 6.740, la segunda cifra más elevada en el año 2021, y el importe acreditado en dicho servicio, que fue de 1.245.973,34 euros, mientras que en el trimestre anterior alcanzó los 961.276,20 euros.
El cómputo del importe correspondiente al cuarto trimestre de 2021 también está marcado por el incremento, con respecto al trimestre anterior, de las cifras que se alcanzan en el Turno Especial de Extranjería para la atención adecuada y digna a las 6.672 personas migrantes que llegaron a las costas del Archipiélago, hasta alcanzar los 314.310,11 euros, casi el doble que en el tercer trimestre de 2021 (159.824,52 euros) y la cuantía más alta del conjunto del año.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobó en octubre de 2020 una resolución en relación con el Turno Especial de Extranjería, reduciendo el número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno con el objetivo de prestar una asistencia jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.
El resto de los servicios efectuados objeto de la subvención están relacionados con el servicio de guardia (326.667 euros), guardia de enjuiciamiento rápido (260.544 euros), guardia de Violencia de Genero (193.200 euros) y servicios adicionales por incompatibilidad (200 euros).
El Gobierno eleva al Consultivo el Reglamento de organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar
El Consejo de Gobierno ha tomado este jueves en consideración el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios neutrales que favorecen las relaciones de menores con sus progenitores o familiares en situaciones de conflicto, y ha solicitado al Consejo Consultivo de Canarias su dictamen sobre el mismo.
El proyecto de decreto, propuesta conjunta de las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, pretende dotar a los PEF de un régimen específico. Un régimen que los configure no solo como un instrumento para hacer efectivos los regímenes de visitas establecidos en una resolución judicial, sino como un verdadero servicio público de asistencia y orientación familiar, al que puedan ser derivadas aquellas familias que precisen de una intervención que asegure el bienestar de las personas menores a su cargo.
De igual modo, busca conformarlo como un servicio de apoyo a niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo la tutela de la Administración Pública, funcionando como un recurso que permita un contacto seguro y beneficioso con sus familias biológicas y sirva a su vez de apoyo a las mismas en la misión de normalizar sus relaciones familiares.
Para el adecuado desarrollo de sus funciones, se recogen en el Reglamento los derechos y obligaciones de las personas usuarias, garantizando así el respeto a la intimidad y los derechos de ciudadanía, a la vez que se garantizan los objetivos a cumplir por el punto de encuentro.
Son igualmente propósitos de la regulación los tipos de intervención que pueden tener lugar en el punto de encuentro, con expresa mención de los objetivos a cumplir con cada uno de ellos.
Se garantiza también la profesionalidad del servicio, que estará integrado por personal técnico cualificado y con formación específica, desde una perspectiva de género, en materia de familia y menores, la asistencia y protección a víctimas de violencia machista y mediación familiar.
En la actualidad, Canarias cuenta con diez puntos de encuentro familiar, distribuidos por las siete islas, y para garantizar la existencia de este servicio la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha incrementado notablemente su presupuesto, al pasar de los 600.000 euros en 2020 a 920.000 en 2022, lo que supone un aumento del 142% en la presente legislatura.
El Gobierno de Canarias continúa con la desescalada aumentando los aforos al 100% en los ámbitos generales, deportivos y culturales
El Gobierno de Canarias acordó en la reunión celebrada este jueves, día 3 de marzo, continuar con la desescalada de las restricciones aplicadas para contener la pandemia provocada por la COVID-19, tras las últimas medidas aprobadas hace 15 días.
El acuerdo afecta a los aforos generales, tanto en espacios al aire libre como en interiores, y a los de la actividad cultural y deportiva que se establece en ambos casos al 100% en todas las islas, ya que se adopta para los niveles de alerta sanitaria 1, 2 y 3.
ACFI PRESS
