El Consejo aprueba la concesión de 95.000 euros a las fundaciones Pequeño Valiente y Centro de Atención a la Familia
El Consejo de Gobierno ha aprobado el destino de una partida de 95.000 euros para financiar actuaciones de la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia (CAF) y la Fundación Canaria Pequeño Valiente.
En concreto, se acordó conceder 50.000 euros a la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia (CAF) para la financiación de programas de atención a las familia que tienen como objeto la orientación y mediación en el ámbito familiar y la atención psicológica y psicosocial para menores y adolescentes, en la búsqueda de mejorar y promover la salud mental y la calidad de vida de la población infanto juvenil que presente una necesidad de atención psiquiátrica y psicoterapéutica.
Por otro lado, se otorga una ayuda de 45.000 euros a la Fundación Canaria Pequeño Valiente, que tiene como misión mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y la de sus familias, mediante el ofrecimiento de la atención social y psicológica; facilitando la integración educativa del niño; poniendo a disposición de las familias alojamiento en traslado, y gestionando ayudas económicas, entre otros servicios.
El Gobierno aprueba la OPE de 2022 con 1.100 plazas de reposición y 5.722 de estabilización en Educación
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy el decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público (OPE) de personal docente no universitario para el año 2022, dotada de 1.110 plazas, así como las plazas adicionales para la estabilización correspondiente a 2020 (con 1.389 plazas) y a 2016 (otras 4.333), que, en conjunto, suman 5.722.
En cuanto a las plazas correspondientes a la tasa de reposición, calculadas en el 120% conforme autoriza la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se distribuyen en 581, para maestros y maestras; 443 para profesorado de Secundaria; 60 para los técnicos y técnicas de Formación Profesional; 11 para Artes Plásticas y Diseño; seis para las escuelas oficiales de idiomas; cinco para inspectores e inspectoras de Educación; tres para Música y Artes Escénicas, y una para maestros y maestras de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
Las plazas ocupadas por funcionarias y funcionarios interinos de forma ininterrumpida en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 asciende a 1.389, que es el resultado del cálculo al que hace referencia la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (la denominada tasa de estabilización 2020) para determinar el número de éstas a incluir en la Oferta.
En concreto, hay 668 plazas para el Cuerpo de Profesores y Profesoras de Secundaria, 463 para el de Maestros y Maestras, 161 para Profesorado Técnico de Formación Profesional, 43 para Artes Plásticas y Diseño, 29 para Escuelas Oficiales de Idiomas, 24 para Música y Artes Escénicas, y una para Maestros y Maestras de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
Por último, la cifra de plazas ocupadas por personal interino de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016 (tasa de estabilización de larga duración 2016), asciende a 4.333 plazas.
En este caso, hay 1.892 plazas para el Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, 1.889 para el de Maestros y Maestras, 343 para el Profesorado Técnico de Formación Profesional, 89 para el de Artes Plásticas y Diseño, 77 para el de Música y Artes Escénicas, 40 para las Escuelas Oficiales de Idiomas y tres para Maestros y Maestras de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
La aprobación de la OPE 2022 implica la modificación de la oferta correspondiente a 2021 al ser preciso detraer de esta última las plazas que deberán conformarse en el bloque correspondiente a las anteriores al 1 de enero de 2016, dada la entrada en vigor de la Ley citada.
Las convocatorias de los procesos de estabilización de empleo deberán estar publicadas antes del 31 de diciembre de 2022 y finalizadas con anterioridad al 31 de diciembre 2024.
El Gobierno de Canarias autoriza dos subvenciones en materia de aguas para Moya y Gáldar
El Consejo de Gobierno ha autorizado dos transferencias de crédito a los ayuntamientos de Moya (500.000 euros) y Gáldar (668.061 euros), en Gran Canaria, para distintas actuaciones en infraestructuras dedicadas a la gestión del agua en los citados municipios.
En el caso de Moya, la cantidad presupuestada se destinará a diferentes actuaciones en su red de saneamiento. Por su parte, la Corporación municipal de Gáldar acometerá con estos fondos los trabajos de mejora de su red de abastecimiento para el saneamiento, depuración y reutilización de aguas depuradas.
El Gobierno de Canarias tiene como objetivo principal que la gestión y administración del agua como recurso sea sostenible, eficiente, atienda al interés general y mantenga su valor natural, y ha adoptado este acuerdo conforme a este fin.
Para la autorización de estos créditos se ha procedido previamente a la transferencia de un crédito de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a instancia de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
El órgano competente para autorizar estas transferencias de crédito que se solicitan es el Gobierno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.1.b) de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022.
El Gobierno de Canarias asume las competencias de evaluación ambiental de Telde
El Consejo de Gobierno ha aceptado la delegación del Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de la competencia para la evaluación ambiental estratégica de la revisión parcial del Plan General de Ordenación (PGO) de Telde, en el ámbito de Bocabarranco.
Concretamente, el Ayuntamiento delega la ordenación pormenorizada del PGO, que es la que el instrumento de ordenación dedica, parcela por parcela, a la edificabilidad, usos permitidos y número de plantas. La ordenación estructural de este plan, que atiende a cuestiones más generales como clases y categorías de suelo, ordenación de las infraestructuras y servicios públicos básicos, etc., no ha sido delegada porque en los municipios de menos de 100.000 habitantes ya es de competencia autonómica.
La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en la citada ley.
El Decreto ley 15/2020, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.
Esta delegación se justifica en la carencia, por parte del Ayuntamiento, de un órgano ambiental municipal, y en el vencimiento del convenio de encomienda de Evaluación Ambiental Estratégica de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco, suscrito con fecha 18 de noviembre de 2019 y con plazo de vigencia de un año desde su firma.
La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y más concretamente, en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, que es un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.
El Gobierno autoriza la financiación del convenio con el CSIC para el Laboratorio del Aire de Canarias
El Consejo de Gobierno ha autorizado una transferencia de crédito de 2.500.000 euros para la financiación de un convenio entre el Gobierno de Canarias y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la implementación del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias.
Esta transferencia de crédito tiene por finalidad incrementar el importe destinado al proyecto CSIC Observatorio para la Calidad del Aire, cuyo objetivo es el estudio de los aerosoles, las calimas de polvo desértico y la calidad del aire en Canarias.
Mediante este convenio se pretende regular la colaboración entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M. P. (CSIC) y el Gobierno de Canarias para la ejecución de estas actividades conjuntas de naturaleza científico-técnicas con las que se pretende analizar la evolución de estos fenómenos y su incidencia en las Islas.
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se ha fijado el objetivo de apoyar sus acciones en la investigación y el conocimiento científico, y esta iniciativa se suma a otros numerosos proyectos que desarrolla en la actualidad con las dos universidades canarias en materia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, entre otros ámbitos.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene entre sus compromisos el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias.
El Gobierno de Canarias destina 57,5 millones de euros a potenciar al transporte público terrestre en las Islas
El Consejo del Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, una partida de 57,5 millones de euros, correspondientes a dos líneas de subvenciones habituales, para financiar el transporte público terrestre durante el año 2022 con el objetivo de potenciar y garantizar la operatividad del sistema de transporte de viajeros por carretera en el Archipiélago en la situación actual de incertidumbre originada por el alto precio de los combustibles.
La Consejería ha agilizado al máximo los trámites de estas dos subvenciones, una estatal y otra autonómica, para transferirlas a los cabildos y de ahí a las operadoras insulares de guaguas y tranvía, y permitirles afrontar con más garantías y liquidez la situación de vulnerabilidad económica provocada por la crisis de los combustibles. La Consejería incentiva de esta forma la movilidad a través del transporte público, como elemento de cohesión social y de desarrollo económico sostenible
El Gobierno de Canarias, en coordinación con los cabildos, fomenta y promueve el transporte público destinando una partida de 47,5 millones de euros correspondiente a la subvención anual del Estado, recogida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que se destina a financiar el transporte terrestre de la Comunidad.
Se trata de una subvención anual que habitualmente se abona en el segundo semestre del año y que la Consejería ha agilizado varios meses para transferírsela a los cabildos insulares, ya que son estas instituciones las que tienen delegadas las competencias en el transporte regular terrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para que estos los distribuyan entre las operadoras de cada isla. Sin embargo, en el caso de la isla de Tenerife las competencias en se dividen entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por eso la partida destinada a esta isla también se divide en dos.
El importe de esos 47,5 millones de la partida estatal se distribuye a su vez en cada Isla de la siguiente forma:
Dentro de esta partida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno se encuentra también la subvención correspondiente al Bono Residente Canario, dotada con diez millones de euros financiados por fondos propios de la Comunidad Autónoma para reforzar el sector.
Con esa dotación, el Ejecutivo garantiza la operatividad del sistema de transporte público y, ante el actual incremento de los precios del combustible, añade otro apoyo económico al sector. La bonificación del conocido como Bono Residente Canario, además de incentivar el uso del transporte público por parte de la población, promueve el uso de las tecnologías de la información en las operadoras de guaguas y tranvía.
La aportación del Gobierno de Canarias a los cabildos insulares a través de este Bono Residente se distribuye de la siguiente manera: los cabildos de Gran Canaria y Tenerife recibirán una dotación de cuatro millones de euros cada uno, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma 500.000 euros y, por último, El Hierro contará con 250.000 euros para este ejercicio anual.
Con este impulso autonómico por la movilidad sostenible, las compañías de transporte regular colectivo urbano e interurbano de pasajeros, tanto en guaguas como en tranvía, podrán emplear esta subvención para financiar gastos de explotación y para garantizar las bonificaciones del Bono Residente Canario en cada Isla.
Este paquete de medidas se eleva a Consejo de Gobierno al superar la partida de algunas de las islas los dos millones de euros, por lo que se requiere la autorización del Consejo de Gobierno, según la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de PGCAC 2022.
El Gobierno prorroga un año el contrato de prestación de servicios de Cibercentro y Ciberinfo por 6,1 millones
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves prorrogar el contrato para la prestación de los servicios de Cibercentro, organismo encargado de gestionar los recursos que integran las redes de datos y las infraestructuras tecnológicas que dan soporte a los sistemas de información del Gobierno de Canarias, y de Ciberinfo, centro de atención y soporte que asiste a las otras administraciones públicas que hacen uso de las aplicaciones del Ejecutivo de Canarias. El importe total de dicha prórroga asciende a 6.123.115,34 euros, impuestos incluidos, que se distribuirá en dos anualidades, a razón de 2.041.038,45 euros en el presente ejercicio y el resto, 4.082.076,89 euros, en el año 2023.
La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha acreditado la necesidad de esta prórroga, que estará vigente entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023, ambos inclusive, ante la próxima finalización del contrato suscrito en 2018, con una duración de cuatro años y prorrogable por un periodo máximo de dos años adicionales.
Cibercentro se creó en abril de 2000 con el objetivo de poder gestionar los recursos que integran las redes de datos y las infraestructuras tecnológicas del Gobierno de Canarias.
Entre los servicios que proporciona a sus alrededor de 85.000 usuarios o usuarias se encuentran, por ejemplo, la racionalización y homogenización de las infraestructuras de telecomunicaciones existentes en el ámbito del Gobierno de Canarias, la gestión de redes, voz, microinformática (agenda empleado público, correo electrónico, equipos multifunción, gestión de ofimática…), movilidad, sistemas informáticos, aplicaciones e infraestructuras de la Administración autonómica, su monitorización, seguimiento y control, así como resolver o encaminar los problemas que surjan en este ámbito, verificando la solución.
Para ello, atiende todas las llamadas realizadas por las personas que utilizan los servicios y todas las solicitudes recibidas por los distintos canales de acceso establecidos, obteniendo un nivel de satisfacción superior o igual a 9 y contestando en un plazo no superior a los 7 días el cien por cien de las sugerencias o quejas.
Este organismo fue constituido como soporte del Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información de Canarias y actúa como centro integral de atención a los o las usuarias de cualquier incidencia o petición tecnológica que le pueda surgir dentro de la Administración. Por ejemplo, en marzo de este año atendió 36.000 incidencias, cifra que en septiembre (el mes con más carga habitualmente) de 2021 ascendió a 95.000.
Como complemento a Cibercentro, en abril de 2007 surgió Ciberinfo, entidad que presta atención y soporte a los servicios telemáticos que el Gobierno de Canarias ofrece a otras administraciones públicas que hacen uso de sus aplicaciones. Ambos ofrecen servicios complementarios, a personas que pertenecen a colectivos distintos, e interdependientes, pues se sustentan sobre la misma arquitectura tecnológica.
ACFI PRESS
