Rueda de prensa en directo
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El Gobierno aprueba una nueva moratoria fiscal para ayudar a empresas y autónomos
Un decreto ley aprobado hoy en el Consejo permitirá aplazamientos de deudas tributarias, incluidas las de periodo ejecutivo,y la ampliación del plazo para el pago del IGIC del primer trimestre de este año
Las medidas permitirán una inyección de liquidez de al menos 235,8 millones de euros
Este primer bloque de medidas se complementará con otro de ayudas directas a fondo perdido por 172 millones de euros
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, aprobó hoy, jueves 28 de enero de 2021, un decreto-ley que establece una nueva moratoria para determinadas obligaciones tributarias, lo que permitirá una inyección de liquidez de, al menos, 235,8 millones de euros a pymes y autónomos de las Islas.
El Ejecutivo aprueba así el primer bloque del plan de choque anunciado el pasado viernes por el presidente y el vicepresidente canarios, que incluye medidas de aplazamiento de deudas tributarias y la ampliación del plazo para el pago de impuestos correspondiente al primer trimestre de este año.
Las medidas permitirán también que las empresas puedan estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria canaria, lo cual constituye un requisito necesario para aspirar a las ayudas directas anunciadas por el Gobierno.
Ese conjunto de medidas fiscales se complementará con las ayudas directas que concederá el Gobierno tanto a las pymes y autónomos más afectados por la crisis del coronavirus como al sector turístico, por un importe de 172 millones de euros, incluidos los 7 millones de euros consignados en los presupuestos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.
A este respecto, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos reiteró hoy durante el Consejo de Gobierno que la financiación de estas ayudas, que son a fondo perdido, está garantizada, bien a través de los fondos europeos o con recursos propios.
El decreto ley, que entrará en vigor mañana, una vez sea publicado en el BOC, permitirá al contribuyente el aplazamiento extraordinario hasta el 20 de octubre de 2021 de la autoliquidación correspondiente al primer trimestre de este año del IGIC y del AIEM. Podrán beneficiarse todos los empresarios o profesionales con obligación de liquidar trimestralmente.
Para adherirse a esta medida, los interesados habrán de presentar una solicitud entre el 1 y el 20 de abril de este año. El aplazamiento no generará intereses de demora.
La norma también amplía de manera excepcional las fechas de vencimiento de pago de las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas. En el caso de que estas no estén vencidas a la fecha de la entrada en vigor del decreto, se podrá solicitar una ampliación de seis meses.
Las solicitudes para esta ampliación deberán presentarse antes del vencimiento del pago previsto inicialmente. Tampoco se devengarán intereses de demora.
Con respecto a las deudas que se encuentran en periodo ejecutivo, el decreto aprobado hoy también permitirá el aplazamiento, en los términos que fija la normativa estatal y cuando, además, haya sido aplazada o fraccionada en su día por la Agencia Tributaria Canaria. Esta medida podrá ser aplicada para el caso de deudas iguales o inferiores a los 30.000 euros, o superiores siempre que se haya dispensado al contribuyente de constituir garantía conforme a la Ley Tributaria estatal.
Del mismo modo, para la aceptación del aplazamiento en esta modalidad se requiere que no haya sido notificado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados y que la solicitud se haya presentado en un plazo de quince días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto.
Si se cumplen las condiciones establecidas en la norma, el aplazamiento de las deudas en periodo ejecutivo se extenderá hasta el día 20 del sexto mes. En este caso sí se devengarán intereses de demora.
Reducción del IGIC del último trimestre de 2020
Las medidas fiscales aprobadas hoy dan continuidad a las que ya se aplicaron el pasado año en la misma materia, algunas de las cuales ya se ha prorrogado, como el régimen simplificado del IGIC.
Este régimen ha permitido una reducción general del 20 por ciento del IGIC del último trimestre del 2020 para aquellas pymes con ingresos anuales inferiores a los 150.000 euros. La reducción alcanza el 35 por ciento para las empresas más afectadas por la crisis del coronavirus.
Esta medida se aplicará también para el primer trimestre de este año.
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El Gobierno aprueba el decreto por el que acepta competencias sobre evaluación ambiental
de instrumentos de ordenación de La Aldea
La aprobación de esa norma, relacionada con el municipio grancanario, es un ejemplo de la simplificación administrativa que ha propiciado el Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes de impulso en los sectores primario, energético, turístico y territorial
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha aprobado el decreto por el que acepta la delegación del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de la competencia para la evaluación ambiental estratégica de dos instrumentos ordenación: instrumento urbanístico de desarrollo del Plan General de Ordenación (PGO) supletorio del municipio denominado Plan Parcial SUNCU-Avenida 2 y modificación menor de aspectos de ordenación pormenorizada del vigente PGO supletorio de la localidad.
El acuerdo obedece a la solicitud de colaboración realizada por La Aldea de San Nicolás al departamento autonómico para que este realice la evaluación ambiental estratégica de los dos instrumentos de ordenación requeridos, debido a que el municipio no cuenta con órgano municipal de evaluación ambiental. La posibilidad de este tipo de delegación se recoge en el artículo 86.6 de la Ley 4/2017, de Suelo de Canarias, modificado recientemente por el Decreto-ley 15/2020, en virtud del cual el pleno del Ayuntamiento y el Consejo de Gobierno han adoptado los correspondientes acuerdos requeridos al respecto.
La aprobación de esta delegación directa de la competencia de evaluación ambiental es un ejemplo de la simplificación administrativa que ha propiciado el Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes de impulso en los sectores primario, energético, turístico y territorial, ya que este modificó el artículo 86.6 de la Ley del Suelo de Canarias a los efectos de introducir, en la delegación de la evaluación ambiental estratégica, la posibilidad de que pueda realizarse de forma directa por acuerdos del ayuntamiento solicitante y del Consejo de Gobierno, lo que ha simplificado muchísimo el procedimiento anterior, que solo recogía la posibilidad de realizar la citada delegación por medio de convenio, cuya tramitación daba origen a enormes retrasos.
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Economía informa al Consejo de las ayudas cercanas a 30 millones del Programa Extraordinario de Empleo
La Consejería también rinde cuentas de las autorizaciones de gastos durante 2020 por importe de casi 98 millones correspondientes a transferencias corrientes y de capital nominadas al Servicio Canario de Empleo,Instituto Tecnológico de Canarias e Instituto Astrofísico de Canarias
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, informó este jueves al Consejo de Gobierno del ejercicio de la delegación de la competencia para autorizar la concesión de subvenciones directas, por importe superior a 150.000 euros, concedidas a los ayuntamientos canarios con cargo al Programa Extraordinario de Empleo para el periodo 2020-2021, hasta un valor total de 29.683.300,68 euros.
A propuesta de la Consejería de Economía, el Gobierno había aprobado la delegación de competencias el pasado octubre, tras el acuerdo marco de colaboración suscrito a mitad de septiembre entre el Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito al área dirigida por Elena Máñez, y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para el desarrollo de los planes especiales a favor de la contratación de personas paradas en riesgo de exclusión social y de aquellas desocupadas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
Financiadas con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), las subvenciones autonómicas se delegaron para el inmediato inicio de los proyectos municipales gracias al convenio firmado a principios de agosto, dos meses antes que el pasado año, entre el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para la transferencia de los fondos estatales con el objetivo de impulsar las políticas activas ante la crisis derivada de la enfermedad por el coronavirus, en cumplimiento así también del Plan para la Reactivación Social y Económica.
Igualmente cumplió el decreto aprobado entonces, mediante la delegación de competencias, con la prioridad estratégica de agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa, incluida en el Pacto para la Reactivación ante la necesidad de impulsar la eficiencia y modernización del sector público en circunstancias tan excepcionales.
En cumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, Elena Máñez también informó este jueves al Consejo de Gobierno de las autorizaciones de gasto durante el pasado ejercicio correspondientes a transferencias corrientes y de capital nominadas, por cuantía superior a dos millones de euros, hasta un importe total de 97.819.498,17 euros.
En concreto, la consejera de Economía rindió cuentas durante la sesión ordinaria de las autorizaciones de gastos, acompañadas de las correspondientes órdenes departamentales, por valor de 89.720.850,56 euros al SE, de 4.198.647,61 euros al Instituto Tecnológico de Canarias (TIC) y de 3,9 millones al Instituto Astrofísico de Canarias (TAC) a lo largo de 2020.
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El Consejo de Gobierno autoriza un cambio de estatutos en Funcatra para realizar los encargos de la Comunidad Autónoma
La modificación aprobada, a propuesta de la Consejería de Economía, reconoce a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo su condición de medio propio personificado de la Administración pública
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la modificación de los estatutos de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) con la finalidad de incluir su condición jurídica como medio propio personificado de la Comunidad Autónoma y los organismos dependientes.
De este modo, el acuerdo solicitado por la consejera Elena Máñez permite a Funcatra poder realizar los diversos encargos de la Administración pública en las materias constitutivas de su objeto social, especialmente aquellas consideradas urgentes o encomendadas a causa de situaciones de emergencia, como la actual circunstancia sanitaria como consecuencia de la pandemia por la COVID-19.
En aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, la fundación canaria asume la consideración de poder adjudicador para la ejecución de obras, suministros, servicios y concesiones encargadas por las entidades de las que se convierte en medio personificado, con carácter interno, dependiente y subordinado en virtud de su relación instrumental y no contractual establecida por la normativa vigente.
También acordó el Consejo de Gobierno durante su sesión ordinaria el consiguiente traslado de la autorización aprobada para el cambio estatutario en Funcatra hasta el Parlamento de Canarias.
ACFI PRESS
