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El Consejo aprueba agilizar y simplificar el procedimiento para las reclamaciones y lo adapta a las nuevas tecnologías
El Consejo de Gobierno aprobó hoy un documento con el que se pretende agilizar el procedimiento para las reclamaciones y denuncias en las relaciones de consumo.
Se trata de un proyecto de decreto por el que se regulan los servicios de atención a la clientela y las características de obtención de las hojas de reclamaciones y su tramitación administrativa online, a través de la sede electrónica. El Consejo remitirá ahora el texto al Consejo Consultivo para su preceptivo dictamen, paso previo a su aprobación.
Según el nuevo procedimiento que contiene el borrador de decreto, las empresas estarán obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. En este sentido, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, los comerciantes y demás empresas deberán obtener las hojas de reclamaciones para sus establecimientos (ya sea en papel o través de un sistema de códigos QR), que pondrán a disposición de los consumidores y usuarios para que éstos puedan interponer sus denuncias, quejas y reclamaciones.
El proyecto de decreto contempla, a su vez, la obligación de las personas empresarias de poner a disposición de los usuarios un servicio de atención a la clientela, bien de forma presencial, en el propio establecimiento, o a distancia.
El servicio de atención a la clientela a distancia se prestará a través de una dirección postal o electrónica, así como por cualquier otro medio, como un número de teléfono que deberá ser gratuito en el caso de servicios básicos como luz, agua, financiero, seguros, transporte aéreo, ferroviario o por carretera, servicios de protección de la salud y saneamiento o residuos.
Asimismo, las personas empresarias de Canarias estarán obligadas a efectuar los procedimientos y trámites previstos en esta norma a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.
Inicialmente, deberán solicitar por esta vía las hojas de reclamaciones y, de forma inmediata, recibirán por parte de la Administración la siguiente documentación: el cartel anunciador de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de las personas consumidoras y usuarias; el código QR que el establecimiento deberá facilitar a la clientela para la descarga en su dispositivo electrónico a través del cual podrá acceder al formulario de la hoja de reclamaciones electrónica, y el formulario en formato impreso que deberá entregar a la persona reclamante que no pudiera o no quisiera optar por el formato electrónico.
La entrega debe ser inmediata y gratuita y, en caso de negativa, la persona consumidora podrá solicitar el auxilio de los agentes de autoridad para que se haga constar la circunstancia de la inexistencia de las hojas de reclamaciones o bien la negativa a facilitarla.
Tras la correspondiente cumplimentación de sus reclamaciones, ya sea con su presentación online o mediante registro físico ante la administración, si ésta se formula en formato impreso, se sustanciará el expediente desde las respectivas oficinas de información al consumidor para su remisión a la Dirección General de Comercio y Consumo para que lleve a cabo las actuaciones necesarias.
El Gobierno prorroga el contrato del servicio de peritaciones en los órganos judiciales por 2,3 millones de euros
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, 2 de marzo, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el gasto correspondiente a la tercera prórroga del contrato del servicio para la realización de peritaciones en los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias, por un importe de 2.307.187,5 euros (IGIC incluido).
Su vigencia abarca desde el 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024. Del montante total, 1.346.862,5 euros se destinarán a las peritaciones efectuadas en los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas y 960.325 euros a las desarrolladas en los de la de Santa Cruz de Tenerife.
Este contrato de servicio que se prorroga ahora se formalizó por primera vez en mayo de 2020, por un importe de 1.875.000 euros (sin incluir el IGIC) y en dos lotes. El Lote I, para los órganos judiciales de Las Palmas, y el Lote II, para los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, siendo el plazo de ejecución entre el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Al terminar la vigencia de este, el 19 de mayo de 2021 se prorrogó, por primera vez, por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2022, por un importe de 2.006.250 euros (incluido el IGIC). Antes de finalizar su vigencia, se modificó el importe del referido contrato, ascendiendo la cuantía de la modificación a 281.250 euros (sin incluir el IGIC).
La segunda prórroga al referido contrato, por otros 12 meses más, se realizó el 9 de mayo de 2022 y abarcaba desde el 1 de junio de 2022 hasta el próximo 31 de mayo de 2023, siendo el importe de 2.307.187,5 euros (incluido el IGIC).
Ante la finalización del plazo de la prórroga el próximo 31 de mayo, y valiéndose de que el contrato permite su prolongación por un periodo máximo de cinco años (uno de vigencia más cuatro de prórroga), el Ejecutivo canario ha considerado necesario una nueva prórroga hasta el 31 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que se está ejecutando por la empresa adjudicataria de forma satisfactoria, siendo los precios por actuación pericial los que rigen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación.
Hay que tener en cuenta, además, que se trata de un servicio necesario para el desarrollo de la función jurisdiccional que desarrollan los órganos judiciales radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, y que con cargo al objeto del presente contrato se realizan más de diez mil actuaciones periciales cada año.
Autorizado el gasto de 3,7 millones de euros para la póliza del seguro colectivo de vida de los empleados públicos
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el gasto correspondiente a la prima de la póliza del seguro colectivo de vida en favor del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, por importe de 3.749.950 euros.
La contratación de este seguro colectivo de vida fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Canarias, en la sesión celebrada el 8 de julio de 2021, y se adjudicó a la compañía Surne Mutua de Seguros y Reaseguros, mediante la Orden número 201/2021, de 29 de diciembre de 2021, del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. El contrato se formalizó el 2 de febrero de 2022, siendo su duración de tres años, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, y la forma de pago de la prima es a través de un abono único anual.
La póliza de seguro actual cubre el fallecimiento por cualquier causa (12.020,24 euros) y la invalidez permanente total, absoluta y gran invalidez (6.010,12 euros) del personal público (funcionarios, laborales y estatutarios del Servicio Canario de Salud). A 1 de enero de 2023, el colectivo de asegurados asciende a 84.205 empleados públicos (12.003 en Administración General, 28.497 en Educación, 2.750 en Justicia y 40.955 en Sanidad).
La inclusión en la póliza, para todo el colectivo a asegurar, es automática, no existiendo condiciones de adhesión de ninguna clase ni siendo necesario la cumplimentación de boletín de adhesión, la declaración de estado de salud o requisito médico.
Están excluidos de la cobertura de este seguro los riesgos calificados como extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros, según legislación vigente en cada momento, cubiertos por dicha entidad, los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra, y los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
La siniestralidad comunicada en 2022 e imputada a la compañía de seguros en 2022 ha sido 30 personas fallecidas (360.607,20 euros) y 317 personas con incapacidad (1.905.208,04 euros). No obstante, para ver la siniestralidad completa de ese año hay que reflejar también aquellos comunicados ese año, pero que han de ser imputados a años anteriores.
Siendo así, tanto en el año 2021 como en el 2022 la siniestralidad total comunicada asciende a importes cercanos a 3,7 millones de euros. Por ejemplo, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022, se comunicaron 59 fallecimientos (709.194,16 euros) y 498 personas con incapacidad (2.993.039,76 euros), lo que supone un total de 3.702.233,92 euros.
El Ejecutivo canario destina más de 2,5 millones de euros a un nuevo recurso de acogimientopara menores con discapacidad grave
El Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto derivado de la contratación de un nuevo Servicio regional de acogimiento residencial de atención a menores en situación de desprotección y bajo la tutela del Gobierno de Canarias, con grave discapacidad o pluridiscapacidad física o psíquica, dependencia severa o gran dependencia, que afecta al nivel cognitivo y motórico, por un importe de 2.581.408,80 euros.
El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, consta de un total de diez plazas para menores entre 6 a 17 años bajo una medida de protección, guarda o desamparo, que se encuentren bajo la tutela del Gobierno de Canarias y que requieran una intervención específica y especializada, debido a su situación de grave discapacidad y/o pluridiscapacidad física o psíquica, dependencia severa ó gran dependencia, que afecta al nivel cognitivo y motórico.
La contratación de un servicio regional de acogimiento residencial, que estará ubicado en Gran Canaria o Tenerife, tendrá una duración del contrato de 36 meses, con posible prórroga de 24 meses, estimándose un total de cinco años de duración.
El Gobierno autoriza fondos para la atención de personas menores migrantes
El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado la autorización de gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los centros y dispositivos de emergencia de atención inmediata de personas menores migrantes no acompañadas, por importe 17.080.506,59 euros.
Esta autorización de créditos tiene como objetivo dar cobertura a los gastos derivados del mantenimiento de los dispositivos de emergencia para la atención integral de Menores Extranjeros y Extranjeras No Acompañados (DEAMENAC).
El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, está dirigido a la atención integral de personas menores extranjeras no acompañados que llegan a las costas canarias garantizando su atención inmediata así como su integración a espacios residenciales y recursos de formación educativa y laboral.
En la actualidad, Canarias cuenta con un total de 39 dispositivos de emergencia gestionados directamente por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, 22 en Gran Canaria, 13 en Tenerife, 1 en el Hierro y 3 en Fuerteventura, en los que se da acogida y atención a más de 2.100 menores migrantes.
El Gobierno canario asume competencias de evaluación ambiental de Haría
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aceptado la delegación del Ayuntamiento de Haría (Lanzarote) de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Consistorio.
La Evaluación de Impacto de Proyectos tiene por objeto evaluar los efectos que un proyecto tiene sobre el medio ambiente, mientras que la Evaluación Ambiental Estratégica evalúa ambientalmente planes o programas.
La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha Ley.
El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.
La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental. Se trata de un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.
ACFI PRESS
