La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, se ha reunido con los responsables de las Fiscalías del Menor y de Extranjería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para buscar fórmulas que mejoren la determinación de edad de las personas migrantes que llegan al Archipiélago.
La responsable del área ha tomado esta decisión porque un porcentaje significativo de personas migrantes llegadas al Archipiélago se declaran como menores inicialmente, pero posteriormente se comprueba que tienen más de 18 años. “Se trata de una situación delicada que, desde la Consejería de Bienestar Social y, en concreto desde esta Dirección General, intentamos evitar porque debemos guiarnos siempre por preservar el interés del menor y no permitir que convivan en el mismo dispositivo adultos y menores”, afirmó la responsable del área.
Para minimizar estas situaciones en la medida de lo posible, la Dirección General también cuenta con recursos específicos para bebés y para los menores migrantes de mayor edad, a la espera, en este último caso, de que se confirme su declaración inicial.
Rodríguez subrayó la buena disposición y colaboración de ambas fiscalías para profundizar en líneas de trabajo y se comprometió a constituir un equipo de trabajo exclusivo para abordar este tema. El próximo jueves ya está programada una nueva reunión entre el equipo de la Dirección General y ambos fiscales de la provincia occidental para establecer una vía de acción que permita acelerar la determinación de edad de los menores. Asimismo, la semana siguiente Rodríguez tiene previsto otro encuentro con los fiscales de Las Palmas.
“En la actualidad, Canarias cuenta con unos 3.800 menores migrantes no acompañados y se prevé la llegada de un número mayor en las próximas semanas”, afirmó la directora general, quien matizó que “gracias a la aprobación de la orden de emergencia social desde el pasado 1 de agosto, estamos abriendo nuevos dispositivos para la acogida y atención de menores, pero recurso que abrimos, recurso que se ocupa de forma casi inmediata”.
“Como al tomar posesión no nos encontramos con más recursos públicos en condiciones, debemos ir de la mano con las entidades colaboradoras para encontrar nuevos dispositivos, ya que estamos ante la crisis migratoria más preocupante en la historia de la comunidad autónoma y la llegada de personas migrantes a nuestras costas de unas 500 o 600 personas diarias, de los que una media de 100 se declaran menores”, detalló.
ACFI PRESS
