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El Gobierno aprueba una comisión para consolidar el modelo de referencia de planificación estratégica y Dirección
El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 23 de febrero de 2023, la creación de una comisión de trabajo para la elaboración de un borrador del modelo de referencia de planificación estratégica y Dirección por Objetivos (DPO) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de sus organismos y sociedades mercantiles públicas vinculadas o dependientes.
La Agenda Canaria 2030 insta a las administraciones públicas canarias a avanzar hacia la cultura de la planificación y la implantación de sistemas normalizados de gestión basada en resultados en pro de la eficacia de las políticas públicas, la eficiencia de la asignación de recursos públicos y la efectiva rendición de cuentas.
Esta invitación la hizo suya el Gobierno de Canarias, adoptando, antes incluso de que la Agenda Canaria 2030 viese la luz, un sistema simplificado de DPO. Aprobado por Acuerdo de Gobierno de fecha 3 y 4 de septiembre de 2020, este sistema simplificado implantado en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en sus organismos públicos vinculados o dependientes se ha erigido como una herramienta fundamental en el impulso progresivo de la cultura de la planificación y la gestión basada en resultados, todo ello con el fin último de impulsar los objetivos y metas comprometidos en la Agenda Canaria 2030 y, por esta vía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ese sistema simplificado de DPO formaba parte de una primera fase, la que se cierra durante este 2023 y que ha permitido, entre otras cosas, alinear la agenda de acción política del Gobierno durante el trienio 2021-2023 con las dimensiones, retos, prioridades de actuación y metas de la Agenda Canaria 2030. Un ejercicio cuyo resultado, aún preliminar, puede consultarse desde hoy en la web de la Agenda Canaria 2030, a través de este enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/agendacanaria2030/galerias/documentos/01_PdA_ GobCan.pdf.
Este documento, denominado Plan de Acción 2021-2023 del Gobierno de Canarias. Conjunto de instrumentos de planificación e iniciativas legislativas y normativas para el impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, está siendo objeto de revisión por parte de todos los equipos de trabajo implicados en el proceso con un doble propósito. Por un lado, ofrecer al conjunto de la ciudadanía a finales de marzo o principios de abril próximos una versión mejorada del Plan de Acción 2021-2023, a modo de rendición de cuentas. Segundo, y es posible que más importante, identificar los pasos que deben darse y las cuestiones que hay que mejorar para consolidar este proceso, lo que conecta de forma directa con el acuerdo de Gobierno de hoy. Superada esta primera fase del sistema simplificado de DPO, y tal y como establece el Acuerdo de Gobierno de 2020, toca ahora avanzar en la definición de un esquema completo de DPO, que deberá desplegarse durante la próxima legislatura y estar perfectamente alineado con la programación presupuestaria y los avances que se están dando en el proyecto de implantación de un sistema de Presupuestación Orientado a Resultados (POR).
En paralelo, y con el objeto de facilitar la puesta en marcha de esta segunda fase en el arranque de la XI Legislatura, en la sesión del Consejo de Gobierno de hoy se ha mandatado la elaboración de un diagnóstico institucional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, preparatorio del proceso de planificación del periodo 2024-2027. Este informe será elaborado por cada departamento del Gobierno, facilitará información suficiente sobre la situación de partida en clave de recursos y capacidades disponibles y deberá estar concluido antes del 30 de junio de 2023.
En síntesis, la finalidad de ese acuerdo de Gobierno es afianzar las capacidades y bases metodológicas de planificación y gestión basadas en resultados y facilitar la máxima imbricación de las políticas del futuro Gobierno y de todos los organismos vinculados a esa estructura administrativa con las metas y los objetivos definidos en la Agenda Canaria 2030, con independencia de los eventuales cambios que se produzcan en el Ejecutivo de Canarias y en otras entidades públicas dependientes.
Se trata, por lo tanto, de no entorpecer los plazos y las actuaciones previstas en ese programa canario, dirigido a potenciar la sostenibilidad de forma integral en el archipiélago, a través de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU ya adaptados a la realidad de las islas.
Más de 42.000 pensionistas perceptores de las PNC recibirán un complemento extraordinario de 250 euros
El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno al Decreto ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria de 250 euros a las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos residentes en Canarias.
Este suplemento extraordinario, de carácter único y finalista, llegará a un total de 42.795 pensionistas de Canarias, fundamentalmente de pensiones no contributivas, y también del FAS y LISMI, para lo cual se destinará una partida de 10.698.750 de euros.
Este abono, que se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta de las personas beneficiarias, se aprueba por tercer año consecutivo para las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social, del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos al objeto de paliar los efectos sociales derivados de la Covid-19.
La prestación extraordinaria regulada en este Decreto ley se excluirá y no se tendrá en cuenta para el cómputo de rentas al tratarse de una ayuda finalista que viene a compensar los gastos realizados por las personas pensionistas durante el año 2022 derivados de la COVID-19, que se han visto agravados por la situación social derivada de la guerra en Ucrania.
El Gobierno solicita dictamen al Consejo Consultivo para designar al órgano de control de la Ley de Cadena Alimentaria
El Consejo de Gobierno ha solicitado hoy, jueves 23 de febrero, el preceptivo dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto que designa a la Viceconsejería del Sector Primario como el órgano de control de la Ley de Cadena Alimentaria, una propuesta conjunta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
La Viceconsejería del Sector Primario ha sido designada como el órgano adecuado dentro de la estructura orgánica de la Consejería para llevar a cabo el control necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Cadena Alimentaria, que tiene por objeto las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios.
El decreto establece también las funciones y actuaciones de la autoridad de ejecución, determinando los elementos sustanciales de la actividad de control, a fin de que el ejercicio de las funciones encomendadas se lleve a cabo con la seguridad y garantía precisas para todos los operadores de la cadena alimentaria.
Tales funciones de control recaen sobre el conjunto de actividades de los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios, incluyendo las empresas de hostelería y restauración.
Las actuaciones de control tendrán por objeto el examen, comprobación e investigación de las obligaciones impuestas a los operadores de la cadena alimentaria por la Ley, así como la determinación de la comisión de posibles infracciones en materia de contratación alimentaria tipificadas en la misma Ley que pudieran dar lugar al correspondiente procedimiento sancionador. Dichas actuaciones se llevarán a cabo por personal funcionario debidamente acreditado por la autoridad de ejecución, que tendrán la condición de agentes de la autoridad.
El personal funcionario podrá acceder a cualquier local, terreno, instalación o medio de transporte utilizado por las personas operadoras sometidas a control; verificar las existencias de sus almacenes, los productos obtenidos, los procesos que aplican y las instalaciones, maquinaria y equipos utilizados; acceder a los libros y documentos relativos a la actividad; retener por un plazo máximo de cinco días los libros o documentos mencionados; precintar almacenes, instalaciones, vehículos, libros o documentos y demás bienes de la entidad durante el tiempo y en la medida que sea necesario para llevar a cabo el control; y levantar acta en la que se reflejen las actuaciones realizadas, la información requerida y la obtenida y los hechos constatados, entre otras competencias.
Las actas tendrán el carácter de documento público y, salvo que se acredite lo contrario, harán prueba de los hechos que en ellas se recojan. Asimismo, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución en los procedimientos sancionadores en materia de contratación alimentaria será de seis meses contados a partir de la fecha del acuerdo de incoación. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
La propuesta normativa ha sido sometida a consulta pública entre los días 24 de junio y 10 de julio de 2022, ambos inclusive, sin que se haya recibido aportación alguna de la ciudadanía y organizaciones agrarias.
ACFI PRESS
