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El Gobierno aprueba elevar al Consejo de Ministros la propuesta inicial del Parque Nacional de Guguy
El Gobierno de Canarias ha acordado elevar al Estado la propuesta inicial de declaración del Parque Nacional de Guguy, en la isla de Gran Canaria, para que continúe su tramitación con el objetivo de convertirse en el futuro en el quinto parque nacional de las islas.
Durante esta legislatura, el Gobierno de Canarias ha mantenido diferentes encuentros con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para avanzar en la tramitación de este proyecto y conocer los plazos y procedimientos necesarios para que culmine esta declaración oficial.
Guguy está ubicado al oeste de la isla de Gran Canaria y cuenta con 39 especies de flora única de la isla y 78 especies exclusivas de Canarias, todo ello repartido entre 3.000 hectáreas terrestres y 7.000 marinas. De materializarse esta declaración, este espacio se uniría a los cuatro parques nacionales con los que ya cuenta Canarias y que lo convierte en la comunidad española con más entornos de este tipo. Se trata del de Garajonay (La Gomera), El Teide (Tenerife), La Caldera de Taburiente (La Palma) y Timanfaya (Lanzarote).
La propuesta de Parque Nacional marítimo-terrestre de Guguy se constituye en un magnífico interfaz compuesto de acantilados activos y playas de arenas negras, que ofrece una representación continua de la naturaleza primigenia de Canarias desde los fondos marinos (-200 m) hasta cumbres montañosas de más de 1.000 metros de altitud, sin interferencias antrópicas.
El ámbito propuesto como Parque Nacional comprende la Zona de Especial Conservación marina Sebadales de Güigüí, en el ámbito marino; y la Reserva Natural Especial de Güigüí, en el terrestre. Asimismo, la parte marina se solapa parcialmente con la Zona de Especial Protección para las Aves Espacio Marino Mogán-La Aldea y la Zona Especial de Conservación Franja marina de Mogán. La zona propuesta cuenta con sistemas naturales que no están representados en la Red de Parques Nacionales, como los sistemas marinos de Canarias, o bien infrarrepresentados, como los tabaibales-cardonales.
Además, se trata de un espacio de escasa o muy escasa presencia y actividad humana y alto porcentaje de suelo público, por lo que la creación del nuevo Parque Nacional de Guguy contribuiría al objetivo de garantizar la conservación de la integridad de sus excepcionales valores naturales, biológicos, sus paisajes, su fauna terrestre y marina, así como los fondos marinos, el mantenimiento del rico patrimonio cultural y de las actividades y usos tradicionales existentes en su ámbito terrestre y marino.
El Gobierno de Canarias abonará 2,3 millones de euros a las empresas por la revisión de los precios en los contratos del transporte escolar
El Consejo de Gobierno autorizó hoy, jueves 9 de marzo, un gasto por un importe de 2.311.522 euros, IGIC incluido, destinado al abono de cantidades adeudadas como consecuencia de la revisión de precios en los contratos administrativos de gestión del servicio público del transporte escolar del alumnado de centros públicos no universitarios de las islas correspondientes, a los cursos académicos desde 2011/2012 y hasta el 2021/2022, ambos inclusive.
El Ejecutivo da el visto bueno al proyecto de decreto que regula la prestación económica por el acogimiento familiar de personas menores bajo tutela
El Consejo del Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno al proyecto de decreto por el que se regula la prestación económica por acogimiento familiar de personas menores de edad tuteladas por la entidad pública con competencia en materia de protección de menores de Canarias y acuerda solicitar, por vía de urgencia, al Consejo Consultivo de Canarias, el preceptivo dictamen sobre el referido proyecto de decreto, para lo que se establece un plazo para su emisión de quince días.
El proyecto de decreto regula la prestación económica para las familias que tengan acogidas a personas menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias, tanto en acogimiento en familia extensa como en familia ajena.
La prestación económica por acogimiento familiar es una compensación económica de carácter finalista que tiene por objetivo compensar a dichas personas o familias por los gastos en que incurren como consecuencia del acogimiento derivados de la alimentación, vestimenta, ocio educativo, movilidad, actividades físicas y práctica del deporte, asistencia médica y educación de la persona acogida, y en general, de las obligaciones alimenticias que se asumen por el acogimiento.
El proyecto de decreto distingue entre acogimiento en familia extensa (con lazos de consanguinidad) y en familia ajena (sin lazos de consanguinidad), y dentro de esta, entre acogimiento ordinario y especializado, entendiéndose como acogimiento en familia ajena especializado aquel que se desarrolle en una familia ajena en la que al menos una de las personas que integra la familia disponga de cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar funciones de acogimiento respecto de personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales.
La cuantía total de la prestación económica a percibir por acogimiento familiar, vendrá determinado por una cuantía básica diaria. Así se establece, en el acogimiento en familia extensa y en familia ajena ordinario, una cuantía diaria básica de 20 euros y en el acogimiento en familia ajena especializado una cuantía diaria básica de 50 euros por cada menor a cargo. Además, cuando la persona menor de edad en situación de acogida tenga reconocido oficialmente un grado de discapacidad de al menos el 33%, se reconocerá una cuantía adicional diaria de siete euros.
Estructura del proyecto de decreto
El presente decreto se estructura en tres capítulos. El primero, de los artículos 1 a 3, establece las disposiciones generales del régimen de la prestación económica general definiendo su objeto, ámbito de aplicación y competencia orgánica.
El segundo capítulo, que abarca de los artículos 4 al 13, aborda la regulación de la prestación económica por acogimiento familiar, definiendo aspectos esenciales como su naturaleza jurídica, atributos jurídicos, cuantía, requisitos para su reconocimiento, obligaciones generales de las personas perceptoras, duración y devengo de la prestación, así como la posibilidad de reconocimiento del abono de gastos extraordinarios.
El tercer y último capítulo comprende los artículos 14 a 17, relativo a los procedimientos administrativos en materia de prestación económica por acogimiento, para el reconocimiento del derecho, su modificación o extinción, así como para el reconocimiento en su caso del derecho al abono de gastos extraordinarios.
El Gobierno reforzará las unidades de gestión y justificación de los fondos europeos ordinarios
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy una estrategia para la optimización de los resultados en la gestión y justificación de los fondos ordinarios europeos, por la que formará y contratará a 40 personas en esta materia.
El incremento de las ayudas europeas en los últimos años y la consignación ya aprobada para el presente período presupuestario 21-27 aconseja la especialización de personal en materia económico-financiera y de fondos europeos para dar respuesta a las exigencias de Europea en materia de gestión y justificación de las ayudas.
El Gobierno considera, a este respecto, que una mayor especialización en materia de fondos europeos en los distintos niveles de gestión resultará beneficioso para las acciones financiables, así como una mejora en el intercambio de información entre el organismo intermedio y los órganos gestores.
Además, la notoria progresión de las exigencias marcadas por los servicios de la Comisión Europea para el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera, se revela como imprescindible buscar fórmulas de gestión más eficientes, que permitan documentar, en tiempo y forma, todas las obligaciones impuestas por la Unión Europea.
Cada departamento autonómico que gestione fondos europeos tendrá una unidad dotada con recursos suficientes y dedicada al seguimiento de la correcta ejecución y aplicación de los diferentes programas cofinanciados con recursos de los fondos estructurales de la Unión Europea, en la que además de centralizar la información y servir de cauce para garantizar el cumplimiento de las instrucciones que dicte al efecto la Dirección General de Planificación y Presupuesto, permita prestar apoyo a los diferentes centros gestores de Fondos Estructurales.
El Gobierno autoriza la ampliación del plazo de ejecución y justificación del FDCAN a los cabildos de Lanzarote y La Palma
El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este jueves la prórroga por un año del plazo de ejecución y justificación de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2022 a los cabildos de Lanzarote y La Palma.
Así, el plazo de aplicación de los fondos correspondientes a la anualidad de 2022 se amplía del 31 de julio de 2023 hasta el 31 julio de 2041, mientras que el plazo de justificación, que vence el 31 de octubre 2023, se aplaza hasta el 31 de octubre de 2024.
Al igual que el resto de los cabildos a los que se les ha concedido la prórroga, los cabildos justifican la solicitud de ampliación en las dificultades de gestión que han tenido en el desarrollo de los proyectos y programas del FDCAN derivadas de la crisis provocada por la pandemia, lo que ha supuesto un retraso en la ejecución y justificación de los fondos utilizados, y por la erupción volcánica, en el caso de La Palma.
El Gobierno lleva varios años ampliando los plazos del FDCAN a los cabildos para adaptarse al ritmo de ejecución de las corporaciones insulares.
La puesta en marcha de las oficinas deberá acometerse en un plazo de tres meses a partir de la aprobación de la Estrategia.
El Gobierno concede ayudas por 1,2 millones de euros a organizaciones del Tercer Sector
El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy, a propuesta de la Vicepresidencia del Gobierno, una modificación de crédito para la concesión de ayudas a organizaciones del denominado Tercer Sector por importe de 1,2 millones de euros.
El acuerdo del Ejecutivo permitirá, entre otras, la distribución de ayudas a Cruz Roja y entidades asimilables por 500.000 euros y una línea de ayuda humanitaria al pueblo cubano, por 300.000 euros.
Del mismo modo, se subvencionará a la Asociación Majorera por la Salud Mental con 140.000 euros o la Asociación nacional de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social, con 40.000 euros.
Estas subvenciones se canalizan por la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia del Gobierno.
El Gobierno autoriza el gasto para el alquiler con opción de compra del edificio Urbis
El Consejo de Gobierno autorizó hoy el gasto para el arrendamiento -durante diez años- con opción de compra del edificio Urbis, en Las Palmas de Gran Canaria, por un importe de 12,8 millones de euros.
El acuerdo se justifica en la necesidad de dar traslado a esta nueva ubicación de las dependencias de determinados centros directivos del edificio Uso Múltiples V y que no reúnen las condiciones necesarias de accesibilidad y habitabilidad.
En el edificio se encuentran actualmente los servicios del CECOES 112 y la ZEC, quienes ocupan aproximadamente un tercio de la superficie del inmueble. El resto pertenece a oficinas del sector privado, que abandonarían el edificio en caso de formalizarse la opción de compra.
Del mismo modo, se trasladará a este edificio el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Audiencia de Cuentas. Esta última irá ubicada en la antigua oficina de procuradores, pero, debido a la necesidad de reforma de este, transitoriamente y hasta la finalización de las obras, se instalará allí.
Además, se instalarán la Dirección general de Promoción Económica; la Dirección General de África; la Viceconsejería de Economía y Gestion de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias.
La utilización completa del edificio permitirá también al CECOES 112 -que actualmente ocupa la planta 5ª del edificio- dar cobertura a la ampliación de personal que se prevé.
El estudio de mercado realizado por la empresa Actúa Valoraciones, SA, que fue aprobado por la Dirección General de Patrimonio y Contratación el pasado 2 de marzo, señala que el Edificio Urbis es el único que reúne las condiciones óptimas para el destino que se pretende. Fueron tomado como testigos otros seis inmuebles.
Por lo que respecta a opción de compra, la operación se cierra en trece millones quinientos mil euros 13,5 millones de euros. Si la opción se ejercita en los cinco primeros años de duración del contrato de arrendamiento, se descontará de la misma el treinta por ciento de la renta neta abonada hasta la fecha, descontándose el quince por ciento (15%) de la renta neta abonada hasta la fecha, en el supuesto de que la opción de compra se ejercite entre los años sexto a décimo de la duración del contrato de arrendamiento.
Por otra parte, el Gobierno autorizó la subasta pública, por el procedimiento abierto, de un inmueble de su propiedad ubicado en la calle Jovellanos, en Madrid, que actualmente está en desuso.
ACFI PRESS
