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El Consejo de Gobierno aprueba dar cobertura al convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma para que la sociedad mercantil Gran Telescopio de Canarias reciba 71.115.089 euros en el periodo 2023-2030
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el gasto plurianual destinado a la tramitación de un convenio entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para la financiación de la sociedad mercantil Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN) hasta 2030. En el convenio previsto, la Administración General del Estado aportará 47.812.752 euros y la Comunidad Autónoma de Canarias, 23.302.337 euros.
Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, la tramitación administrativa continuará a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige Elena Máñez, y se formalizará el convenio con el Estado, que prevé un incremento anual de la financiación en el periodo 2023-2030. En ese documento, el Gobierno de Canarias se comprometerá a la estabilidad en la financiación de las instalaciones, con una aportación de 23.302.337 euros, repartidos de la siguiente manera:
El GRANTECAN se enmarca dentro del mapa nacional de Infraestructuras Científico Técnicas Singulares (ICTS). La construcción del telescopio se dio por finalizada en el año 2009 y actualmente la actividad de la empresa está centrada en su operación diaria, el mantenimiento de las instalaciones y el permanente desarrollo para aumentar sus capacidades y mantener su atractivo hacia la comunidad científica a la que sirve.
El Gran Telescopio Canarias es un proyecto que culminó con la construcción del mayor telescopio óptico del mundo y tiene tres sedes: el telescopio Gran Telescopio de Canarias, en el Observatorio del Roque de los Muchachos del municipio de Garafía (La Palma); su centro de operaciones, ubicado en el municipio de Breña Baja (La Palma), y sus oficinas y sede social, en el municipio de La Laguna (Tenerife).
Hasta la fecha no se había firmado convenio alguno entre la CAC y la Administración General del Estado en relación con el GRANTECAN. Únicamente han existido actuaciones singulares de apoyo, mediante subvenciones o préstamos, tramitadas por cada administración, de ahí la estabilidad que aportará este convenio para dotar con financiación al GRANTECAN por parte de la Administración General del Estado-Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de Canarias en el periodo 2023-2030.
El Consejo aprueba la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027
El Consejo de Gobierno acordó este jueves, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la aprobación de la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 y ordenó su publicación del documento en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Tramitada por la Viceconsejería de Empleo y la Dirección General de Trabajo, la nueva estrategia se elevó a la consideración del Gobierno por la consejera Elena Máñez, tras su reciente aprobación por unanimidad, tanto en el Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) como en la Mesa General de la Concertación Social.
Tercer documento fruto del consenso con patronales y sindicatos en la X Legislatura, después del Acuerdo sobre igualdad laboral y brecha salarial en 2021 y la Estrategia Canaria de Formación Profesional Dual 2022-2026, establece seis objetivos fundamentales, 32 operativos y 117 líneas de actuación durante el próximo lustro en las condiciones laborales del archipiélago.
Objetivos estratégicos
Con los referentes superiores del Marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, el nuevo documento se adapta a las particularidades propias del tejido socioeconómico de la comunidad canaria y actualiza el anterior texto de competencia autonómica tras su positiva conclusión durante el periodo 2015-2020, con vigencia prorrogada hasta el pasado año para concluir sus diversas actuaciones a causa de la interrupción causada por la pandemia de covid-19.
También se alinea con otras estrategias en materias fundamentales como igualdad sexual, salud mental, seguridad vial, cambio climático o la Agenda Canaria 2030 para la consecución progresiva de los Objetivos de Desarrollo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), además de ordenar las diversas actuaciones de los diferentes agentes en la prevención laboral (Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Icasel, patronales, sindicatos y mutuas colaboradoras) en una tarea participativa para una mayor eficacia.
Para la finalidad última de conseguir unos entornos de trabajo más seguros y saludables, el texto normativo marca seis objetivos estratégicos:
1) Mejorar la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
2) Mejorar las condiciones de seguridad y salud de las personas ante las nuevas formas de trabajo (automatización o teletrabajo), los cambios demográficos y climáticos.
3) Promocionar la gestión de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y micropymes.
4) Promover la salud en el trabajo e introducir la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.
5) Potenciar el papel de las administraciones públicas, los interlocutores sociales y la implicación de las empresas y población trabajadora en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
6) Impulsar la formación y divulgación del conocimiento en prevención de riesgos laborales que permita una mayor cultura preventiva.
Además de los seis principales, la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece 32 objetivos operativos y 117 líneas de actuación, que se desarrollarán mediante planes de actuación con carácter anual durante el próximo lustro a través del Icasel, con la participación también de patronales y sindicatos para quienes se ha previsto una aportación anual de un millón de euros (250.000 euros a cada entidad), para la aplicación concreta de las diversas iniciativas.
El Gobierno eleva al Consultivo el nuevo decreto que dará más seguridad a la compra y venta de viajes combinados
El Gobierno de Canarias aprobó este jueves elevar al Consejo Consultivo la modificación del Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de intermediación turística, en orden a cumplir con las directrices europeas en materia de viajes combinados y servicios de viajes vinculados para dotarla de mayor seguridad jurídica.
El nuevo texto dota de una mayor protección a las personas que adquieren un paquete de viajes frente a las empresas que ejercen como intermediadores turísticos o agencias de viajes y a la vez prevé mecanismos en contra del intrusismo profesionales en el ejercicio de estas actividades.
El decreto de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio en el que se transpone la directiva nacional y europea amplía el alcance del concepto de viaje combinado, dando cabida a muchos productos de viaje que se encontraban en una indefinición jurídica, introduciendo con ello el concepto de servicios de viaje vinculados como modelo empresarial alternativo a los viajes combinados.
Además, con esta modificación se amplían los requisitos de protección frente a la insolvencia de las empresas de intermediación turística y agencias de viajes y se refuerza la información precontractual al viajero y su carácter vinculante, entre otros aspectos.
Entre las nuevas medidas de protección del consumidor el texto prevé la obligatoriedad de las personas físicas o jurídicas que faciliten servicios de viaje de contar con una póliza de seguro que dé cobertura a las personas que contraten un viaje combinado, garantizando el reembolso de todos los pagos que reciban de los viajeros en la medida en que uno de los servicios de viaje que estén incluidos no se ejecute a consecuencia de su insolvencia. Si dichas personas son la parte responsable del transporte de pasajeros la garantía cubrirá también la repatriación de los viajeros.
El Gobierno incrementa en 180.000 euros el programa dirigido a la integración de jóvenes extutelados
El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha autorizado el incremento en 180.000 euros a la línea de actuación Integración social de jóvenes extutelados y en dificultad social, que gestiona la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
El objetivo es hacer frente a los fines de los Proyectos de Integración Social destinados a personas jóvenes o en riesgo de exclusión social por su condición de extutelados y en dificultad social.
A través de estos programas, se promueve la integración social y emancipación de jóvenes extutelados y extuteladas como menores bajo medida de amparo que, al cumplir la mayoría de edad y revocarse dicha medida, se quedan en situación o riesgo de exclusión social al no tener la posibilidad de integración normalizada en su núcleo familiar, ni autonomía personal y económica suficientes para llevar una vida independiente.
De esta forma, mediante estos programas se busca ofrecer apoyo y acompañamiento socio-educativo a los y las jóvenes en el proceso de obtención de su autonomía personal, social y económica; favorecer su formación e inserción laboral para lograr su promoción personal y emancipación; promover su participación activa en la elaboración y consecución de los objetivos planteados en sus Planes Individuales de Emancipación y potenciar la capacidad de sus usuarios para gerenciar sus sentimientos, relaciones y conductas.
El Gobierno destina 2,2 millones de euros al primer concierto social para la atención de personas en situación de alta exclusión social
El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha autorizado el gasto relativo a la suscripción del concierto social para la realización de acciones dentro del Programa Integra, destinado a la integración de personas en situación de alta exclusión y con 2.281.246,63 euros.
El concierto social es una fórmula prevista en la Ley de Servicios Sociales de Canarias y regulada por decreto que permite la prestación de servicios sociales de manera reservada a entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con carácter plurianual, con lo cual se garantiza la estabilidad de las plantillas de dichas entidades y la continuidad de la intervención social con las personas usuarias.
El objeto del concierto que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud sacará a concurso, al que podrán optar entidades sociales que cumplan los requisitos establecidos en los pliegos, contempla la realización de actividades de inclusión social con personas en situación de alta exclusión que son o han sido beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la Renta Ciudadana, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los programas que los sustituyan o completen en el futuro.
De esta forma, el concierto social contempla el acuerdo de financiación con carácter plurianual, estableciéndose las siguientes cuantías por anualidades: 277.467,13 euros en 2023; 987.667,98 euros en 2024 y 1.016.111,52 euros en 2025.
El concierto contempla un periodo de ejecución del 1 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2025, existiendo la posibilidad de dos años de prórroga.
El Gobierno declara de interés público de Canarias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el decreto por el que se declara de interés público de Canarias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (RSEAPGC), institución cívica sin fines de lucro, fundada, durante el reinado de Carlos III, el 5 de febrero de 1776, en Las Palmas de Gran Canaria.
Esta asociación, que figura inscrita desde el año 1967 en el Registro de Asociaciones de Canarias, tiene como ámbito territorial de actuación la Comunidad Autónoma de Canarias y su objeto es impulsar el progreso de la educación pública y de la cultura, la producción, promoción y difusión de las actividades culturales, el fomento de la riqueza de la isla de Gran Canaria, la preservación de su medio ambiente, la cooperación nacional e internacional para el desarrollo y el mayor bienestar moral y material de sus habitantes.
Según el artículo 38.1 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, podrán ser declaradas de interés público de Canarias las asociaciones de ámbito territorial autonómico inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias en las que concurran una serie de circunstancias. En primer lugar, y así lo señala el artículo 38.1.a) de la citada norma, se exige que, para ello, los fines estatutarios deben promover el interés general de la Comunidad Autónoma, requisito que está plasmado en el artículo 2 de los Estatutos Sociales de la RSEAPGC, que señalan que su ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Canarias, y también queda constatado en la relación de actividades desarrolladas en los últimos años.
En segundo lugar, artículo 38.1.b), que las actuaciones realizadas no se restrinjan al ámbito particular de sus asociados, en el caso de la RSEAPGC más de 370, sino que participen terceras personas ajenas a la misma. Una circunstancia que cumple esta asociación, tal y como se desprende de la Memoria de los años 2020 y 2021, donde ser recogen los distintos tipos de actividades –ciclos de conferencias o entrevistas, debates, seminarios, foros culturales y jornadas sobre asuntos de actualidad, entre otros– desarrollados para alcanzar sus fines.
Otros requisitos son, artículo 38.1.c), que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas; artículo 38.1 d), que la asociación disponga de los medios materiales y personales adecuados, así como de la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos; y, por último, artículo 38.1.e), que se encuentren constituidas, en funcionamiento efectivo y hayan realizado actividades ininterrumpidamente al menos durante los dos años inmediatamente precedentes a la presentación de la solicitud. Todas estas cuestiones están acreditadas por parte de la RSEAPGC mediante certificado de su Secretaría y el visto bueno de su director.
Según consta en el artículo 39 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, las asociaciones declaradas de interés público de Canarias tienen reconocidos los siguientes derechos: utilizar la mención “declarada de interés público de Canarias” en todos sus documentos; disfrutar de los beneficios fiscales que las leyes reguladoras de los tributos de la Comunidad Autónoma reconozcan a su favor; disfrutar de las compensaciones que procedan por los impuestos estatales y locales que recaigan sobre las mismas, si no estuviesen exentas y en los términos que establezcan las leyes de la Comunidad Autónoma; acceder con preferencia a las líneas de ayudas y subvenciones cuyos objetivos sean coincidentes con sus fines estatutarios de acuerdo con las correspondientes convocatorias; percibir transferencias de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para su funcionamiento, en los términos establecidos para cada ejercicio en las leyes de presupuestos; disponer de espacios gratuitos en los medios de comunicación social dependientes de los organismos e instituciones públicas de la Comunidad Autónoma y de las corporaciones locales de Canarias, en los términos que se determinen reglamentariamente; y asistencia jurídica gratuita, en los términos establecidos en la legislación específica.
Sanidad destina 2,7 millones de euros a la prórroga del servicio de limpieza en los centros de Atención Primaria de Tenerife
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 13 de abril, a la Consejería de Sanidad a prorrogar la prestación del servicio de limpieza de los centros sanitarios de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, del Servicio Canario de la Salud, que actualmente realiza la empresa TRAGSA a través de un encargo a medio propio personificado.
La nueva prórroga tiene un plazo de vigencia de seis meses, comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2023, y un presupuesto de 2.720.474 euros, sin IGIC, condiciones que han sido aceptadas por la empresa.
La Gerencia de Atención Primaria de Tenerife garantiza así la continuidad de un servicio esencial para el desarrollo de la actividad asistencial en su red de centros de salud y consultorios locales.
Los encargos a medios propios personificados están regulados en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y constituyen un instrumento a disposición de las administraciones públicas para ejecutar de manera directa prestaciones propias de los contratos, como el de servicios.
El gasto medio por receta disminuye este marzo el 2,04% respecto al mismo mes de 2022, al pasar de 11,55 a 11,31 euros
La factura farmacéutica de Canarias fue de 58,1 millones de euros el mes pasado
La Consejería de Sanidad dio cuenta este jueves, 13 de abril, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a marzo de 2023, mensualidad en la que se emitieron 5.076.291 recetas, con un gasto medio de 11,31 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 58.087.820,57 euros.
Por áreas de Salud, Gran Canaria y Tenerife emitieron el 86,23% del total de recetas, a razón de 2.235.733 y 2.141.832, respectivamente. Les siguen las de Lanzarote, con 260.060; La Palma, con 196.704; Fuerteventura, con 169.794; La Gomera, con 48.255, y El Hierro, con 23.913. En cuanto al gasto medio por receta, de 11,31 euros, disminuyó un 2,04% respecto a marzo del año anterior, mensualidad en la que se situó en 11,55 euros. Comunicación al Ministerio de Sanidad
La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.
Según estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de marzo que se comunicará al Ministerio asciende a 55.345.412,05 euros.
Sanidad contratará por 3,9 millones de euros el servicio de asistencia técnica para el Centro de Servicios TIC del Servicio Canario de la Salud
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 13 de abril, a la Consejería de Sanidad a destinar 3.936.728,81 euros a la contratación del servicio de asistencia técnica necesario para dar soporte a los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información y comunicaciones corporativas del Servicio Canario de la Salud.
La contratación de este servicio resulta indispensable para dar soporte técnico a los puestos de trabajo de los Servicios Centrales y Direcciones Generales del SCS, a los usuarios de los servicios digitales de salud (miSCS), a los Centros de Proceso de Datos de los Servicios Centrales, así como a los sistemas de información y comunicaciones corporativas, especialmente del ámbito asistencial, de las Gerencias de Atención Primaria y Especializada. El contrato de asistencia técnica vigente fue suscrito el 1 de enero del año 2018 con un plazo de vigencia de 36 meses y con posibilidad de prórroga por otro período similar, que finaliza el 30 de noviembre de este año.
El nuevo expediente de contratación se tramitará por procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, para un período de 24 meses, comprendidos entre las anualidades de diciembre de 2023 a noviembre de 2025.
El presupuesto base de licitación asciende a un total de 3.936.728,81 euros, a razón de 3.679.185,80 euros, más 257.543,01 euros de IGIC.
El Gobierno aprueba los escenarios presupuestarios del próximo trienio
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el Plan Presupuestario a Medio Plazo y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales para el período 2024-2026, dando cumplimiento de esta manera a las previsiones de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que las comunidades autónomas habrán de remitir anualmente al Ministerio de Hacienda la citada información, así como a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública Canaria, por la cual el Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda, aprobará en el primer cuatrimestre del año los escenarios presupuestarios para los tres ejercicios siguientes.
El Plan Presupuestario se elabora con un doble objetivo: mantener la capacidad de gasto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en los próximos ejercicios, por un lado, y preservar la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas.
El documento se ha confeccionado “bajo un escenario de fuerte recuperación económica tras la pandemia, pero en el que la incertidumbre sigue marcando el horizonte debido al aumento de las tensiones geopolíticas (guerra de Ucrania), la aún elevada inflación, los elevados tipos de interés, dificultades de algunas entidades financieras de distintos países, así como los retos relacionados con el cambio climático y la autonomía estratégica, la digitalización o el cambio demográfico”.
La previsión inicial de Presupuestos autonómicos para los próximos tres ejercicios ronda los 31.000 millones de euros de gastos no financieros. De este modo, en 2024 se consignarán 10.364 millones; en 2025, se dispondrá de 10.320 millones y en 2026, de 10.275 millones. Las inversiones reales y las transferencias de capital (capítulos VI y VII) en el trienio alcanzarán los 4.500 millones de euros.
En todo caso, los escenarios presupuestarios se han elaborado con una muy prudente previsión de ingresos.
Teniendo en cuenta el carácter transitorio de los ejercicios 2023 y 2024 hacia un nuevo sistema de reglas fiscales en la UE, pero dado que no se dispone de más información sobre las reglas fiscales a aplicar en los años futuros, la elaboración del Plan se ha efectuado teniendo en cuenta las tasas de referencia del déficit público del 0,2% con respecto al PIB aprobada por el Gobierno de España para las comunidades autónomas hasta el año 2025, extendiendo ese mismo límite al año 2026.
En cualquier caso, los documentos deberán ser actualizado y aprobados de nuevo por el Gobierno si las hipótesis fundamentales que sustentan los escenarios se alteran.
El Gobierno autoriza una nueva ampliación del plazo de ejecución y justificación del FDCAN del año 2021 al Cabildo de La Palma
El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este jueves una nueva prórroga del plazo de ejecución y justificación de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2021 al Cabildo de La Palma.
Así, el plazo de aplicación de los fondos correspondientes a la anualidad de 2021 se amplía del 31 de julio de 2023 hasta el 31 de octubre de este mismo año, mientras que el plazo de justificación, que vencía el 31 de octubre 2023, se amplía el 15 de noviembre de 2023.
La corporación palmera justifica la solicitud de ampliación en las dificultades de gestión que han tenido en el desarrollo de los proyectos y programas del FDCAN derivadas de la crisis provocada por la erupción volcánica y el encarecimiento y desabastecimiento de materiales como consecuencia de la guerra en Ucrania.
El Gobierno lleva varios años ampliando los plazos del FDCAN a los Cabildos para adaptarse al ritmo de ejecución de las corporaciones insulares.
El Gobierno solicita dictamen al Consultivo de un proyecto de decreto para regular los encargos a la Administración
El Consejo de Gobierno de Canarias tomó hoy en consideración el proyecto de decreto por el que se regularán los encargos de la Administración de la Comunidad Autónoma y solicitó el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo.
El proyecto de decreto desarrolla el régimen jurídico de los encargos a formalizar por los órganos, entes y entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, regulando aspectos como su preparación y formalización, las tarifas a aplicar, la ejecución, así como la planificación de los encargos y su forma de publicidad.
Del mismo modo, la nueva norma determina los requisitos para poder reconocer a las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo como medios propios personificados respecto de las entidades locales canarias, regulando esencialmente el Comité de Control conjunto, como órgano con representación «paritaria» de las Administraciones territoriales y las entidades del sector público autonómico.
El proyecto de decreto se estructura en cinco capítulos con veinticinco artículos, una disposición adicional única, dos disposiciones transitorias y una final.
El Gobierno autoriza a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda a invertir 8,2 millones de euros en la construcción de 65 viviendas protegidas en La Orotava
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha aprobado hoy la autorización del gasto de 8.231.979 euros para poner en marcha la contratación de las obras de construcción de 65 nuevas viviendas protegidas, incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, en el barrio de San Antonio, en el municipio tinerfeño de La Orotava. Tras la autorización de hoy, se estima que la licitación de las obras pueda estar publicada en la plataforma de contratación el próximo mes de mayo.
Esta nueva promoción se enmarca dentro de los objetivos del programa de construcción del Plan de Vivienda y se suma a las otras tres obras que ya están en marcha para edificar 124 viviendas protegidas nuevas en las islas, a las que se añadirá en los próximos meses otra promoción de 134 viviendas más en la isla de Lanzarote.
Las nuevas viviendas de la promoción San Antonio I, en el barrio homónimo de La Orotava, se edificarán en una parcela cedida al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), destinada a la construcción de dos promociones de 65 viviendas protegidas de promoción pública, una de las cuales ya se terminó y se entregó a los demandantes de vivienda en 2015. La parcela que albergará esta nueva promoción tiene una superficie de 3.393 metros cuadrados y se localiza en la zona conocida como Urbanización Barbuzano.
La promoción San Antonio I se distribuirá en dos edificios de viviendas de cuatro plantas de altura, organizados en dos portales cada uno, con escaleras y ascensores independientes, distribuyéndose las viviendas en cuatro plantas de altura sobre la rasante de la calle, una planta de garaje en semisótano y una semiplanta de sótano destinada a trastero. Las viviendas tendrán de uno a cuatro dormitorios y se proyectan dos viviendas reservadas a personas con movilidad reducida (PMR) en la planta baja y una vivienda reservada para piso tutelado es la vivienda compuesta por cinco dormitorios.
Cada edificio contará con un depósito de agua contraincendio, así como dos depósitos de agua para abastecimiento, uno para cada portal, con sus correspondientes hidrocompresores. Se proyecta también un itinerario adaptado hasta las viviendas reservadas a PMR desde cada planta de garaje a través del ascensor.
El presupuesto base de licitación de las obras asciende 7.483.617 euros, pero se reserva casi un millón más para liquidar las obras cuando estén terminadas y a hacer frente a posibles imprevistos.
El Gobierno aporta 250.000 euros a Involcan para su estrategia de reducción del riesgo volcánico en Canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves una transferencia por un importe de 250.000 euros de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a instancia de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), para su línea de actuación Involcan. Estrategia Canaria para la reducción del riesgo volcánico.
La autorización de esta aportación dineraria a Involcan cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias y el informe de las oficinas presupuestarias de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Esta operación está regulada en la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023 –artículos 10, 16, 17.1 a) y 22.1 b)–, la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de Canarias –artículos. 54 y 60.b y c)– y la Orden de 3 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre tramitación de determinados expedientes de modificaciones de créditos y otras actuaciones con repercusión presupuestaria.
Involcan es una entidad que tiene por finalidad contribuir a la mejora de la gestión del riesgo volcánico en Canarias, la única región volcánicamente activa de España con riesgo volcánico, y la optimización de la gestión de los numerosos beneficios que conllevan convivir en un territorio volcánico (recursos geotérmicos, geoturismo, etc.). Su misión y visión tienen como propósito el contribuir al desarrollo sostenible de Canarias, así como de otras regiones volcánicas.
ACFI PRESS
