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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno. A su conclusión, los consejeros Pablo Rodríguez y Candelaria Delgado, y el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, dieron a conocer los acuerdos alcanzados.
El Gobierno autoriza el recurso ante el Tribunal Constitucional para defender sus competencias plenas en materia de Costas
El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de este lunes, 27 de mayo, autorizar a sus servicios jurídicos la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender las plenas competencias de Canarias en materia de Costas. En concreto, el conflicto positivo de competencias que se planteará en los próximos días reclama al alto tribunal que falle en contra del Estado y reconozca a la comunidad autónoma el control sobre la gestión de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía.
En su recurso, el Ejecutivo canario solicita al TC que “dicte sentencia en la que declare que la titularidad de la competencia controvertida es de la Comunidad Autónoma de Canarias”. En concreto, se pide “la anulación del acto viciado de incompetencia, esto es, la Resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024 que declara -entre otros extremos- la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003”.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico defienden que corresponde a Canarias, en base al artículo 157 de su Estatuto, “la competencia exclusiva de ordenación del litoral”, lo que incluye “el otorgamiento de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo, sin diferencias según el tipo de concesiones como pretende el Estado”. De hecho, el recurso que la comunidad autónoma elevará al TC sostiene que, desde la renovación de la Carta magna canaria en noviembre de 2018, el Gobierno español solo tiene competencias, para “establecer el régimen jurídico del demanio”.
Al respecto, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, se ha mostrado este lunes convencido de que el Tribunal Constitucional dará la razón a la comunidad autónoma porque “el reconocimiento legal como responsables en exclusiva de esta materia ya está recogido en la Ley Orgánica 1/2018, por lo que no cabe discusión ni disputa ante este hecho”.
En este sentido, el consejero ha explicado que el posterior Real Decreto 713/2022 se enfoca en el traspaso de servicios y funciones en relación con las competencias transferidas a Canarias en esta materia de gestión del litoral. “Sin embargo, es con ese traspaso de servicios y funciones con el que no estamos de acuerdo, ya que lo consideramos insuficiente y por ello reclamamos su revisión”, ha indicado.
Rodríguez también ha recordado que existen varias sentencias del TC que refrendan la interpretación jurídica que defiende la comunidad autónoma sobre sus competencias plenas sobre el litoral. Además de un fallo sobre el ámbito competencial de Cataluña, el consejero considera “muy importante” la sentencia del Constitucional sobre la ley de Costas de Galicia, una normativa similar a la que Canarias tiene previsto aprobar en los próximos meses.
En concreto, el fallo del Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Estado contra la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia sostiene que “las funciones ejecutivas relativas a la gestión de títulos de utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre no forman parte de las competencias estatales al tener su encaje en la competencia de ordenación del litoral”.
Cronología del conflicto
El acuerdo de presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional se produce después de que el Consejo de Ministros rechazara el pasado 30 de abril el requerimiento elevado por la comunidad autónoma en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica del 27 de febrero de este año. Tras este rechazo, Canarias tenía un mes para elevar un conflicto positivo competencial al TC, plazo que se cumple con el acuerdo adoptado este lunes.
Una semana antes del ‘no’ del Consejo de Ministros, el 24 de abril, se celebró en la capital grancanaria la Comisión Bilateral Canarias-Estado para intentar resolver este desencuentro por las competencias de Costas. Sin embargo, la reunión se saldó sin acercamiento, por lo que el propio consejero de Obras Públicas ya adelantó entonces la presentación del recurso ante el TC.
Este conflicto competencial parte del artículo 157 b del Estatuto de Autonomía de Canarias, donde se indica que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones”.
Sobre esa base, el Gobierno de Canarias abrió con el Estado la negociación del traspaso de la competencia sobre la gestión de su litoral. Así, el 30 de agosto de 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto “de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral”, un acuerdo “con fecha de efectividad del traspaso de funciones y servicios el 1 de enero de 2023”.
Sin embargo, pese a que Canarias asumió la competencia exclusiva de sus costas a principios de 2023, el Estado se niega a traspasar varios expedientes alegando que le sigue correspondiendo la gestión de las “concesiones compensatorias”. Por el contrario, la comunidad autónoma entiende y defiende en su recurso ante el TC “que no procede dicha dualidad concesional cuando hablamos de la gestión de la competencia en el demanio público marítimo-terrestre”.
Respaldo del Consultivo
La comunidad autónoma sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus servicios jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen sobre este asunto elaborado por el Consejo Consultivo.
El pasado 5 de abril y a petición del Consejo de Gobierno, el Consejo Consultivo emitió un informe en el que considera que la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera “invade la competencia de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el Real Decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas”.
El Consejo Consultivo estima que tanto el Estatuto como el Real Decreto disponen que “toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal que necesite concesión corresponde al Gobierno de Canarias”. En consecuencia, su dictamen apoya la posición del Gobierno de Canarias de plantear este conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional para que “restaure el orden constitucional quebrantado”.
Bienestar Social alerta sobre la falta de fondos para atender a los centros de acogida de menores migrantes
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, informó hoy al Consejo de Gobierno de la “situación extremadamente crítica” en la que se encuentra la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias como consecuencia del agotamiento de los fondos dedicados a los centros de acogida de menores migrantes no acompañados.
“Nos hallamos en una situación extremadamente crítica y preocupante. Estamos haciendo todo lo posible y más para garantizar la atención de estos menores que han llegado a Canarias arriesgando sus vidas y que no cuentan con apoyos familiares. Pero nos encontramos en una situación límite”, indicó la titular del área en el transcurso de la reunión del Ejecutivo autonómico.
“En estos momentos, la previsión de gasto para atender durante todo el año a los 5.524 menores que tutelamos asciende a 156 millones de euros. De esa cantidad, la previsión es que el Gobierno central aporte 72 millones, que aún no han llegado. Y aún así existiría un déficit de financiación de 84 millones de euros”, insistió Delgado, quien puntualizó que en estas previsiones de gasto no están incluidas las aportaciones que hacen otras consejerías, como Sanidad y Educación.
La consejera de Bienestar Social afirmó que la previsión de llegada de embarcaciones incrementará la cifra de niños, niñas y adolescentes que necesitarán protección. “A ello -añadió- hay que sumar que las entidades con las que trabajamos están teniendo problemas para contratar a personal cualificado y para encontrar recursos alojativos adecuados disponibles”.
En su intervención, Delgado explicó que Canarias no puede seguir asumiendo en solitario la atención a estos menores, “no solo porque las competencias en materia de infancia no fueron diseñadas para una situación de este tipo, sino porque ninguna comunidad autónoma puede garantizar la atención y la integración de estos menores sin ayuda real del Estado”.
El presupuesto de la Dirección general de Protección a la Infancia y las Familias para 2024 es de 153 millones de euros y la previsión de gasto para atender a menores extranjeros es de 156 millones de euros.
“Por eso, la protección de estos menores debe ser un asunto de Estado”, aseveró la consejera, que recordó que en el archipiélago hay 80 centros abiertos, más del doble que cuando empezó la legislatura.
“Es urgente que alcancemos el acuerdo con el Estado para el reparto de menores extranjeros no acompañados. Confiamos en que así sea, pero con independencia de ese acuerdo y de su materialización, que no será inmediata, necesitamos recursos económicos ya para poder atender en condiciones a estos menores”, dijo Delgado. La consejera matizó que solo 16 de los 339 menores migrantes cuyo traslado fue acordado en la Conferencia Sectorial celebrada en octubre del año pasado han sido derivados a la Península.
“Estos niños y niñas son nuestra responsabilidad. No podemos dejarlos solos. No puede Canarias, no puede España y no puede Europa. Pero necesitamos ayuda y la necesitamos ya, ahora”, concluyó la consejera de Bienestar Social.
Las mesas del Reto Demográfico concretas las propuestas sobre las que trabajarán en los próximos meses
El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, informó este lunes sobre las primeras conclusiones y propuestas de trabajo marcadas durante la constitución de las cinco mesas de trabajo pactadas en la primera Conferencia de Presidentes con el objetivo de afrontar los desafíos del ‘Reto Demográfico’ en Canarias.
En este sentido, Cabello explicó que este primer encuentro celebrado el pasado vienes sirvió para que cada uno de los cinco equipos cuente ya con “dos grandes ejes de trabajo” de los cuales se deben derivar propuestas y medidas concretas que se irán perfilando en las reuniones que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses. Ha recordado que “a estas reuniones técnicas podrán ser invitados expertos y especialistas en las diversas materias”, con lo que el debate se abrirá a toda la sociedad civil del archipiélago.
El portavoz subrayó que “es la primera vez que Canarias aborda un desafío de estas características desde el Ejecutivo, invitando al diálogo y a la participación a los tres niveles de la administración. El reto que tenemos por delante es ambicioso y mayúsculo, se tomarán decisiones de calado porque vamos a proyectar juntos desde una perspectiva social, económica y medioambiental la Canarias en la que queremos vivir en los próximos 30 años”, y agradeció “la predisposición y el consenso en torno a la necesidad de este trabajo y a las oportunidades que abre para nuestra tierra” a todos los miembros de las mesas.
Cabe recordar que los cinco equipos, que se han diseñado partiendo de los grandes desafíos que afrontan las islas, están compuestos por un representante del Gobierno de Canarias, de los siete cabildos insulares y de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Se dividen en las siguientes temáticas: ‘Transparencia en la protección y el desarrollo del territorio’; ‘Acceso a la vivienda’; ‘Fiscalidad y empleo en el sector turístico’; ‘Protección del medio ambiente, acceso a los espacios naturales protegidos, economía circular, desarrollo de energías renovables y agua’; y ‘Reto demográfico’.
Retos, mesa por mesa
La primera de las mesas, la de ‘Transparencia en la protección y desarrollo del territorio’ en la que participa el consejero de Político Territorial, Manuel Miranda, ha establecido como prioridades la creación de herramientas para la transparencia y el acceso a la información territorial y la creación de una estrategia para la gestión colaborativa del territorio a través del impulso de nuevos sistemas de gobernanza.
La mesa que abordará el ‘Acceso a la vivienda’, con el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha decidido entre sus prioridades la gestión del suelo; el abordaje de medidas fiscales vinculadas a la vivienda; la gestión del parque público de viviendas; y los mecanismos para poner vivienda privada en el mercado residencial serán los ejes sobre los que avanzarán en los próximos meses.
El equipo de trabajo de ‘Fiscalidad y empleo en el sector turístico’ ha propuesto dos grandes líneas de acción. Por un lado, el grupo en que participa la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, apuesta por abordar la fiscalidad en la gestión del territorio como recurso turístico, y lo hará desde la ruralidad y la gestión de los espacios. Y como segunda prioridad, este equipo debatirá propuestas sobre la formación y la calidad en el empleo adaptadas a este sector económico.
La cuarta mesa de trabajo, ’Protección del medio ambiente, acceso a los espacios naturales protegidos, economía circular, desarrollo de energías renovables y agua’, ha decidido que la gestión de los residuos en Canarias debe ser uno de los asuntos que aborde este foro; la eficacia de las redes de agua; la transición energética, a través del desarrollo de la Ley; y el control y orden de los Espacios Naturales de Canarias. Esta mesa cuenta, en nombre del Gobierno, con el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata.
Por último, la mesa del ‘Reto Demográfico’ en la que se encuentra el portavoz del Ejecutivo trabajará desde dos frentes: el impulso a iniciativas de carácter fiscal, social, económicas y medioambientales para la fijación poblacional en las medianas y municipios de reto demográfico en Canarias; y por el otro, en medidas de contención y equilibrio poblacional en las áreas más tensionadas con el objetivo de mitigar los efectos de la superpoblación.
Cada uno de los equipos establecerá su propio calendario de encuentros con la vista puesta en octubre, mes en el que se elevarán las primeras conclusiones para que el Gobierno pueda tenerlas en cuenta en la elaboración de sus presupuestos de 2025 y para que se analicen en el seno de la segunda Conferencia de Presidentes que tendrá lugar antes de finalizar el año.
El Gobierno destina 3,3 millones a la atención de menores que cumplen medidas judiciales no privativas de libertad
El Gobierno de Canarias ha acordado hoy, en Consejo de Gobierno, autorizar un gasto de 3.293.961,87 euros destinado al convenio de cooperación entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Asociación Opción 3 para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad, conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores.
El acuerdo contempla la colaboración entre la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, y la entidad Opción 3 en la ejecución de las medidas judiciales penales no privativas de libertad previstas en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000. Estas medidas consisten en libertad vigilada, permanencia fin de semana en domicilio, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, asistencia a centro de día y tratamiento ambulatorio de carácter psicológico, psiquiátrico y de deshabituación de tóxicos.
A través del convenio se lleva a cabo la intervención socioeducativa con los menores que cumplen una medida judicial de este tipo. De esta manera, se apuesta por una fórmula ajustada a las necesidades individuales, con el fin de intervenir para superar los factores asociados a la comisión de la infracción sentenciada y así disminuir el riesgo de reincidencia delictiva. El programa incluye el trabajo individual con el menor y la menor que cumple la medida en régimen abierto, así como con su ámbito familiar y trabajo grupal.
Este acuerdo permitirá financiar un total de 345 plazas, de las que 264 estarán ubicadas en Tenerife y 81 en Gran Canaria. En caso de que fuera necesario, el convenio establece que la entidad podrá aumentar hasta en 26 las plazas disponibles en Tenerife y 10 en Gran Canaria sin coste para la Administración. Dentro de las plazas ofertadas están incluidas las intervenciones que se realicen en el resto de islas.
En total, en Canarias hay en torno a 800 menores que cumplen alguna medida judicial, sea con o sin privación de libertad. La Administración canaria trabaja con cuatro entidades para atender a estos jóvenes.
El modelo de colaboración implementado en el ámbito del sistema de justicia penal en Canarias ha permitido la intervención de entidades de derecho privado carentes de ánimo de lucro que persiguen la consecución de fines sociales compartidos con la Administración y han posibilitado un alto grado de especialización de las organizaciones y de su personal.
El Gobierno prepara una demanda contra la resolución sobre el deslinde de un tramo entre la playa de Melenara y Salinetas
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, autorizar a sus servicios jurídicos a iniciar acciones judiciales contra el Estado sobre el deslinde del dominio público marítimo terrestre de 1.514 metros entre las playas de Melenara y Salinetas, en el municipio grancanario de Telde.
El Ejecutivo ha decidido continuar la vía judicial ante la falta de atención al requerimiento formulado mediante la resolución número 36, de 11 de marzo de 2024, por el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras conocer la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 11 de enero.
Desde el inicio del expediente, en el año 2009, el Gobierno canario ha mostrado su desacuerdo con el deslinde del dominio público marítimo terrestre planteado por el Ministerio entre Melenara y Salinetas, y ya en 2022 informó negativamente sobre este proponiendo modificaciones que mejoraban la situación de las viviendas afectadas y corrigiendo errores cartográficos, como la ubicación de un edificio que ya fue demolido.
La Dirección General de Costas canaria entiende que debe existir una justificación razonable y suficiente para iniciar un deslinde, ya que este no modifica al anterior en gran medida. Además, la apertura del nuevo expediente no ha servido para resolver y dar amparo a la situación de algunos afectados en esta zona del litoral.
El Gobierno garantiza la financiación de la mejora del barranco de Vallehermoso, en La Gomera
El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión de esta mañana, ha acordado la aprobación del gasto plurianual hasta 2026 del proyecto de mejora del barranco de Vallehermoso, también llamado del Ingenio, en la isla de La Gomera. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 7,6 millones de euros, resolverá diferentes dificultades causadas por el estado actual del cauce y las zonas aledañas, tal y como ha explicado el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda.
El proyecto fue redactado por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera inicialmente en 2006, y modificado en dos ocasiones, en los años 2017 y 2023. Este acuerdo de Gobierno permitirá “afrontarlo con garantías de financiación durante los próximos tres años”, ha indicado Miranda.
El acuerdo supone aprobar dicho gasto plurianual, en los siguientes términos: 387.741,36 euros para el presente ejercicio 2024; 4,5 millones para 2025; y 2.789.537,56 euros, año en el que se prevé que termine esta obra, que incluye cinco actuaciones independientes, todas ellas con el objetivo de mejorar el cauce del barranco y la seguridad del entorno y de los usuarios, sobre todo en épocas de intensas lluvias:
La primera de ellas acometerá mejoras en la cota 246 del citado barranco, entre Los Chapines y la Casa del Barranco, y permitirá mejorar el cauce y aumentar su capacidad. La segunda y la tercera de las actuaciones se ejecutarán en el entorno del Ayuntamiento de esta localidad, principalmente en el tramo final de otro barranco que confluye en la zona, el del Macayo, y que atraviesa el núcleo urbano de Vallehermoso. En este caso se va a trabajar tanto en la zona anterior y posterior a la parte del cauce que circula de manera subterránea.
La cuarta actuación corresponde a diversas mejoras en torno a la cota 50 del barranco del Ingenio, por donde va en paralelo a la carretera de la playa, para mejorar la capacidad de absorción en caso de fuertes lluvias que, hasta la fecha, se ha mostrado insuficiente, con frecuentes desbordamientos en época de intensas lluvias.
La última de las actuaciones previstas en el proyecto se ejecutará en torno a la cota 10, en el tramo final del barranco, de unos 100 metros de ancho. Esta parte del cauce está bien protegida por muros en algunos tramos, aunque es necesario acometer su mejora pues en épocas de lluvias intensas se desborda con facilidad, arrastrando a su paso gran cantidad de material vegetal. Además, se repondrá la pasarela peatonal, afectada por una de las últimas riadas.
El Gobierno de Canarias asume las competencias de evaluación ambiental de La Guancha, en Tenerife
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana la asunción por parte de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas de las competencias en materia de evaluación ambiental del municipio de La Guancha, en Tenerife, tal y como había solicitado su Ayuntamiento, acogiéndose a la posibilidad que así recoge la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias. Manuel Miranda, responsable de la citada área del Ejecutivo autonómico, ha destacado esta posibilidad como “una de las líneas de apoyo a aquellos municipios que no disponen de recursos para tramitar sus expedientes en esta materia”, y ha informado de que son ya 30 los adheridos a esta posibilidad.
El consejero de Política Territorial ha indicado que la constitución de un órgano de tramitación ambiental propio, por parte de los Ayuntamientos, es un trámite que “muchos municipios de Canarias no pueden adoptar, pues requiere de unos recursos humanos y materiales de los que no disponen”. Así, “cumpliendo el objetivo marcado por este Gobierno de ser el principal aliado de los ayuntamientos para impulsar su planeamiento territorial, la Consejería asume la gestión de esos expedientes para contribuir a desbloquear e impulsar la gestión del planeamiento, un aspecto necesario y urgente para avanzar en el desarrollo económico, la creación de empleo, la construcción de viviendas y garantizar unas infraestructuras y servicios públicos de calidad”.
De esta manera, y en virtud del decreto aprobado esta mañana, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental asume la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento.
Manuel Miranda ha explicado que además de esta medida, el Gobierno de Canarias tiene otras en marcha, en el mismo sentido, colaborar con los Ayuntamientos para impulsar sus planeamientos. Así, es la propia Consejería la que tramita ocho planes generales (La Orotava, San Miguel de Abona, Mazo, Arico, Arrecife, San Bartolomé de Lanzarote, Firgas y Yaiza), al tiempo que a través de Gesplan se mantiene el servicio de asistencia técnica en esta materia para los municipios que así lo requieran.
Además, recientemente se han recuperado las subvenciones para impulsar los planes generales, así como sus modificaciones y adaptaciones, con un presupuesto de 2,3 millones de euros y que “se han recuperado después de dos años sin ser convocadas”.
Manuel Miranda ha concluido explicando que “las dificultades en materia de planificación urbanística y ordenación del territorio son comunes a muchos municipios de Canarias, sobre todo aquellos menores de 10.000 habitantes, con los que el Gobierno trabaja más en profundidad a través de diferentes líneas de trabajo relacionadas con las materias de reto demográfico”.
Fernando Figuereo Force, nuevo director general de Emergencias del Gobierno de Canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el nombramiento de Fernando Figuereo Force como nuevo director general de Emergencias del Ejecutivo regional, en sustitución de José Marrón, quien dimitió de su cargo hace unas semanas por motivos personales. Figuereo Force, abogado de profesión, tiene una dilatada trayectoria política y su última responsabilidad la había ejercido como consejero auditor en la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Fernando Figuereo Force (Badalona, Barcelona, 1961) es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y letrado en ejercicio desde 1989. Durante la séptima legislatura de Canarias, fue diputado y ejerció como presidente de la Comisión de Turismo y Transportes y de la Comisión sobre el caso de los niños desaparecidos en Canarias durante. En la siguiente legislatura fue también diputado, así como presidente de la Comisión de Diputados y de Peticiones. En ambas legislaturas fue miembro de la Comisión Permanente de la Cámara regional.
En 2015 fue elegido, por el Parlamento de Canarias, como consejero auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, cargo que ha ocupado hasta la actualidad.
ACFI PRESS
