El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, subrayó que el decreto canario no es una iniciativa improvisada, sino que se fundamenta en el marco normativo vigente de la Comunidad Autónoma. En concreto, explicó que el decreto es complementario a la Agenda Canaria y se sustenta jurídicamente en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, así como en el Estatuto de Autonomía.
Rodríguez insistió en que estas bases no son una novedad ni una creación ad hoc, sino que forman parte del ordenamiento jurídico canario con el máximo rango legal. En este sentido, recordó que el Estatuto de Autonomía de Canarias es ley y constituye el pilar fundamental sobre el que se apoya esta iniciativa.
Llamamiento al diálogo y a la negociación entre administraciones
El consejero expresó su sorpresa ante las recientes declaraciones del ministro en relación con el decreto. Según Rodríguez, cuando se plantea un proceso de negociación o diálogo entre administraciones públicas, no resulta constructivo establecer límites de partida, sino abrir espacios para el entendimiento y la discusión conjunta.
Asimismo, afirmó ser plenamente consciente de que cualquier propuesta está sujeta a negociación y que no necesariamente debe aprobarse en su totalidad. No obstante, consideró inapropiado posponer el debate a la próxima legislatura, ya que, a su juicio, eso supone presuponer en exceso, especialmente en lo relativo a quién será el responsable del Gobierno de España en el futuro.
Rodríguez defendió la necesidad de abordar el diálogo desde el presente, con voluntad política y sin condicionantes previos, para avanzar en soluciones que respondan a las necesidades de Canarias.
ACFI PRESS
