El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de su presidente, plantear conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional en relación con el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de las instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial.
La iniciativa del Gobierno de Canarias obedece a que dicho Real Decreto invade las competencias que a la Comunidad Autónoma le atribuyen los artículos 30.26 y 32.9 del Estatuto de Autonomía y, por tanto, solicitará en el marco del Tribunal Constitucional que se declare inaplicable en Canarias.
Cabe recordar que mediante acuerdo del Gobierno de 25 de septiembre de este año se formuló al Gobierno del Estado requerimiento de incompetencia con respecto a este Real Decreto. Por su parte, el 31 de octubre se recibió en la Presidencia del Gobierno de Canarias el acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de octubre anterior por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia en el sentido de que la regulación contenida en el Real Decreto 1028/2007 respeta la distribución de competencias en la materia, constitucional y estatutariamente diseñada y no vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma.
Las tesis defendidas por el Gobierno de Canarias coinciden con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 428/2007, de 6 de noviembre, que también se pronuncia en el mismo sentido que el manifestado por el Ejecutivo autonómico.
ACFI PRESS
