El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, presidió esta mañana, en la sede de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno acordó en su sesión de hoy solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias del proyecto de decreto de la Consejería de Sanidad por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional del personal de Formación Profesional y de Gestión y Servicios del Servicio Canario de la Salud, más de 5.900 trabajadores, con la finalidad de que antes de finalizar este año se someta a aprobación definitiva y entre en vigor a principios de 2008.
Con este nuevo decreto, la Consejería de Sanidad extiende la carrera profesional a todo el personal estatutario fijo del Servicio Canario de la Salud, ya que con anterioridad entraron en vigor las correspondientes a los facultativos y los diplomados sanitarios, aprobadas en los años 2003 y 2006, respectivamente.
De esta manera, los más de 5.900 trabajadores fijos del Servicio Canario de la Salud con titulaciones académicas de Formación Profesional I y II y los que desempeñan tareas de gestión y servicios -Grupos A y B no sanitario y Grupos C, D y E sanitario y no sanitario - podrán solicitar de forma voluntaria acogerse a la carrera profesional, una vez entre vigor este nuevo decreto.
Asimismo, dado que la carrera profesional es un sistema de reconocimiento y retribución, la Consejería de Sanidad incorporó en los Presupuestos Generales del Servicio Canario de la Salud de 2008 las partidas correspondientes para el pago de los 6.712.704 euros que supondrá la implantación del primero de sus cuatro niveles.
La carrera profesional está diseñada para motivar al personal, mejorar la calidad de los servicios sanitarios y posibilitar el derecho a la promoción del personal, conjuntamente con la mejor gestión de las instituciones sanitarias.
Para cada una de las categorías profesionales, la carrera se estructura en cuatro grados, a los que se accederá con la acreditación de un período mínimo de ejercicio profesional que será de 5 años para los grados 1 y 2, seis años grados para el grado 3 y siete, para el último grado.
La carrera profesional será retribuida mediante un complemento fijo mensual establecido para cada uno de los Grupos, cuyo importe se incrementa a medida que se avanza de los grados uno al cuarto.
La puesta en marcha de esta tercera carrera profesional para el personal del SCS que carecía de este sistema de reconocimiento y retribución supone un importante avance, ya que la Consejería de Sanidad alcanza uno de los objetivos de su política de Recursos Humanos y se satisface, además, una reivindicación de los trabajadores.
Con su implantación se da cumplimiento, asimismo, con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y las leyes de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y de Ordenación de las Profesionales Sanitarias.
Modificación del reglamento de la función inspectora
El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, el proyecto de Decreto por el que se modifica el reglamento de la función inspectora de la Inspección General de Servicios, aprobado por Decreto 163/2001, de 30 de julio.
En concreto, mediante esta modificación se establece, como paso previo para participar en el concurso específico de provisión de vacantes al puesto de Inspector o Ayudante de Inspección, la superación de un curso de especialización. Con ello, se trata de lograr un personal más cualificado para el desarrollo de la función inspectora en la Administración autonómica.
Este curso selectivo ya está establecido en otras Comunidades Autónomas y en la Administración General de Estado.
Soporte informático
El Consejo de Gobierno aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, un decreto por el que se regula el procedimiento de remisión de los Presupuestos Generales de las corporaciones locales al Gobierno de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
Hasta la fecha esta información se remitía en soporte de papel, pero con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la legislación vigente, las administraciones locales canarias deberán enviar a partir de ahora sus Presupuestos Generales definitivamente aprobados, así como la liquidación de los mismos, a la Administración de la Comunidad Autónoma a través de una aplicación informática denominada UNIFICA.
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común insta a las administraciones públicas a que promuevan la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias, en tanto que favorecen la simplificación y agilización de la gestión administrativa y de las relaciones entre los distintos agentes.
La creación e implantación de la aplicación informática UNIFICA es una decidida apuesta en esta línea, configurándose como un instrumento de cooperación y asistencia activa que facilita el intercambio, tratamiento y explotación de información que necesitan recabar las distintas administraciones e instituciones públicas implicadas para el ejercicio de sus competencias.
REF
El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobó hoy un decreto por el que se amplía de treinta a sesenta días el plazo para pagar los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. De esta manera, el Ejecutivo satisface las demandas de los empresarios para que el pago aplazado de estos tributos permanezca como antes de la entrada en vigor, el pasado 17 de septiembre, de la Ventanilla Única de presentación telemática de declaraciones en Canarias (VEXCAN).
La regulación hasta ahora vigente establecía que tras la puesta en funcionamiento de la VEXCAN, los plazos previstos para los pagos aplazados del IGIC a la importación y el AIEM se reducirían a treinta días, frente a los sesenta vigentes hasta el momento. Esta medida originó la protesta de los empresarios al considerar que esta disminución produciría un sobrecoste financiero para las importaciones en las islas, y que afectaría a todos los productos que acceden al mercado isleño. Tras diversas reuniones del vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda con los empresarios, José Manuel Soria apoyo esta petición y se comprometió a que los despachos aduaneros se siguiesen abonando en el plazo de sesenta días y no en treinta como se preveía en la nueva normativa.
REA
El Consejo de Gobierno celebrado hoy por el Ejecutivo canario ha ratificado el acuerdo tomado por la Comisión de Seguimiento del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para modificar la estructura de los balances de aprovisionamiento del REA con el fin de ampliar las ayudas a la importación de cereales hasta final de año. En este sentido, y tras un reciente debate entre representantes del Gobierno y de las asociaciones empresariales, se ha decidido incrementar en 23.000 toneladas el balance de aprovisionamiento de los cereales por haber sobrepasado ya el volumen de importación fijado para este año, lo que supondrá 1,65 millones de euros más de la ayuda inicialmente prevista para estos productos en la presente campaña.
El acuerdo tomado por la Comisión de Seguimiento de REA fue adoptado gracias a la decisión de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de ceder una parte de la ficha financiera del programa de medidas de apoyo a la producción local –POSEI- para financiar una ampliación del REA para las ayudas que reciben los importadores de cereales acogidos a este régimen de subvenciones, al objeto de atenuar el incremento de los precios de estos productos en los mercados internacionales.
En concreto, esta Consejería ha aportado un millón de euros, lo que supone en peso unas 13.000 toneladas, para permitir el incremento de la ayuda para los cereales. Internamente, el balance del REA también ha tenido que ser reajustado para obtener los 650.000 euros restantes (10.000 toneladas) necesarios para completar la cantidad de balance requerida por el sector importador de cereales. Estos trasvases de fondos entre productos del REA tienen la aceptación de todos los operadores afectados, tal y como manifestó el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, cuando se comprometió a no realizar cambios sin un acuerdo previo entre los miembros de la Comisión de Seguimiento del REA.
El Gobierno de Canarias ya aumentó el pasado mes de octubre la ayuda unitaria a la importación de cereales para evitar que el incremento de precios llegase al consumidor, pasando de 60 euros a 72 euros por tonelada. Todos los grupos parlamentarios mostraron su apoyo a la decisión adoptada por el Ejecutivo regional. Días después, el consejero de Economía y Hacienda anunció que su departamento vigilará la evolución de los precios en Canarias de aquellos productos subvencionados por el REA para comprobar si efectivamente estas ayudas están teniendo su adecuada traslación en el precio final que paga el consumidor.
José Manuel Soria viajó el pasado mes de septiembre a Bruselas para tratar con las autoridades comunitarias la adopción de medidas que paliasen el incremento de los costes de las materias primas y su incidencia en el precio final de los alimentos. Como resultado de esas negociaciones, la Comisión Europea permitió a Canarias modificar las subvenciones de los productos que reciben ayudas a la importación bajo el Régimen Específico de Abastecimiento, hasta alcanzar los 72,7 millones de euros anuales en lugar de los 68,4 millones de euros previstos para 2007.
La Comisión Europea también aceptó una redistribución presupuestaria entre el REA y las medidas de apoyo a la producción local de las Islas. Ambos programas conforman los dos apartados del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad de Canarias (Poseican), en su capítulo agrícola. No obstante, para hacer modificaciones dentro del REA la Comisión Europea puso algunas condiciones. En primer lugar, que los cambios no supongan un desplazamiento de más de un 20 por ciento de la ficha financiera del Régimen Específico de Abastecimiento y, en segundo lugar, que dichos cambios solo podrán hacerse si una parte de los recursos del REA no fueran a ser utilizados dentro del año 2007.
Si estas variaciones cumplen estos requisitos, como es el caso del acuerdo adoptado el pasado martes, entrarán en vigor tras comunicarlas a la Comisión Europea. Si excedieran estas condiciones, habría que pedir autorización a Bruselas.
Gasto farmacéutico
La Consejería de Sanidad dio cuenta hoy, en Consejo de Gobierno, del gasto en medicamentos del Servicio Canario de la Salud del mes de octubre, que ascendió a 40.223.668 euros, importe que supone una variación del 4,43 por ciento respecto a la factura del mismo mes de 2006, casi tres puntos por debajo de la media de crecimiento del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
El promedio de crecimiento del gasto en medicamentos en el SNS alcanzó en octubre el 7,24 por ciento, al alcanzar los 977,33 millones de euros. Las comunidades y territorios con un menor aumento fueron la ciudad autónoma de Melilla (3%), Cataluña (3,52%), Murcia (4,17%), Canarias (4,43%) y Navarra (4,61%), mientras que las que arrojaron un mayor incremento fueron Baleares (12,77%), Madrid (10,19%), Andalucía (9,48%), Aragón (9,23%) y la ciudad autónoma de Ceuta (9,10%).
Estos resultados evidencian la efectividad de las acciones impulsadas por la Consejería de Sanidad dentro de su política de contención y racionalización del gasto en medicamentos, una de cuyas medidas en fase de desarrollo es la extensión de la receta electrónica a todas las Áreas de Salud.
Respecto al gasto en medicamento del mes de octubre del SCS, el número de recetas facturadas ascendió a 2.946.454, un 5,8 por ciento más que en el mismo mes de 2006, con un gasto medio de 13,65 euros, lo que supone un descenso de -1,36 euros por receta facturada.
Asimismo, en ese mes se apreció un incremento del número de usuarios sanitarios del SCS, que asciende ya a 1.927.443, frente a los 1.897.172 usuarios registrados en octubre del año pasado, lo supone un total de 30.271 más.
Expropiación
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el proyecto por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y servicios afectados por la expropiación forzosa para la ejecución, en la isla de Tenerife, del tramo de carretera que enlazará Icod y El Tanque. Un tramo que corresponde al proyecto denominado «Nueva Carretera Icod – Santiago del Teide».
El Gobierno de Canarias ha decidido impulsar la aprobación de este proyecto «con el objetivo de ejecutar a la mayor brevedad posible las obras contempladas, que contribuirán a solucionar los problemas de seguridad vial que padece la TF-82, eje principal en el área noroccidental de la isla de Tenerife, entre Icod de los Vinos y Santiago del Teide, que condiciona seriamente las posibilidades de desarrollo económico y social de toda la comarca.
Subvenciones
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, ha aprobado hoy un nuevo paquete de subvenciones específicas concertadas, de carácter plurianual, dirigidas a diversos ayuntamientos para la gestión y mantenimiento de centros de servicios sociales y las prestaciones básicas que desarrollan, así como la suscripción de los respectivos convenios de colaboración. En esta ocasión, la suma de las subvenciones que se transferirá a las corporaciones locales asciende a 3.816.327 euros.
Los ayuntamientos que recibirán las mismas son San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo, Villa de Mazo, Santa Cruz de La Palma, la Villa de Arafo, El Rosario, San Miguel de Abona, Tacoronte y el Tanque. Estas subvenciones tienen por objeto promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles cuando sea necesario, hacia el correspondiente servicio social especializado.
Los ayuntamientos de Villa de San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo, Villa de Mazo, la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, la Villa de Arafo, El Rosario, San Miguel de Abona, la Ciudad de Tacoronte, y el Tanque, solicitaron a la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración, subvenciones específicas de carácter plurianual para la realización de proyectos sobre Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, por importe de 939.096,18 euros, 459.557,70 euros, 259.750 euros, 609.413,48 euros, 229.778,85 euros, 364.649,05 euros, 234.774,03 euros, 509.509,63 euros, y 209.798,09 euros, respectivamente.
La concesión de estas subvenciones tienen su justificación en que las acciones a financiar suponen la prestación de servicios generales o comunitarios a la población, que la Ley territorial 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, considera como el nivel primario del sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles cuando sea necesario, hacia el correspondiente servicio social especializado.
El Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana recibe una subvención para la gestión y mantenimiento de centros de servicios sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, por importe de 939.096,18 euros, distribuidos en las anualidades: 2007 con 227.847,04 euros; 2008 con 232.403,98 euros; 2009 con 237.052,06 euros; y 2010 con 241.793,10 euros.
El Ayuntamiento de Valsequillo recibe una subvención para la gestión y mantenimiento de centros de servicios sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, por importe de 459.557,70 euros, distribuidos en las anualidades: 2007 con 111.499,61 euros; 2008 con 113.729,61 euros; 2009 con 116.004,20 euros; y 2010 con 118.324,28 euros.
El Ayuntamiento de Villa de Mazo recibe una subvención para la gestión y mantenimiento de centros de servicios sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, por importe de 259.750 euros, distribuidos en las anualidades: 2007 con 63.021,52 euros; 2008 con 64.281,95 euros; 2009 con 65.567,59 euros; y 2010 con 66.878,94 euros.
Al Ayuntamiento de la Ciudad de Santa Cruz de La Palma se le concede una subvención por importe de 609.413,48 euros, distribuidos en las anualidades: 2007 con 147.858,18 euros; 2008 con 150.815,35 euros; 2009 con 153.831,66 euros; y 2010 con 156.908,29 euros.
El Ayuntamiento de la Villa de Arafo recibe una subvención para la gestión y mantenimiento de centros de servicios sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, por importe de 229.778,85 euros, distribuidos en las anualidades: 2007 con 55.749,81 euros; 2008 con 56.864,80 euros; 2009 con 58.002,10 euros; y 2010 con 59.162,14 euros.
El Ayuntamiento de El Rosario recibe una subvención para la gestión y mantenimiento de centros de servicios sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, por importe de 364.649,05 euros, distribuidos en las anualidades: 2007 con 88.472,52 euros; 2008 con 90.241,97 euros; 2009 con 92.046,81 euros; y 2010 con 93.887,75 euros.
El Ayuntamiento de San Miguel de Abona recibe una subvención para la gestión y mantenimiento de centros de servicios sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, por importe de 234.774,03 euros, distribuidos en las anualidades: 2007 con 56.961,76 euros; 2008 con 58.100,99 euros; 2009 con 59.263,01 euros; y 2010 con 60.448,27 euros.
Al Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte se le concede una subvención por importe de 509.509,63 euros, distribuidos en las anualidades: 2007 con 123.619,14 euros; 2008 con 126.091,52 euros; 2009 con 128.613,35 euros; y 2010 con 131.185,62 euros.
El Ayuntamiento de El Tanque recibe una subvención para la gestión y mantenimiento de centros de servicios sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, por importe de 209.798,09 euros, distribuidos en las anualidades: 2007 con 50.902 euros; 2008 con 51.920,04 euros; 2009 con 52.958,44 euros; y 2010 con 54.017,61 euros.
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