El comité de huelga de la Enseñanza Pública no Universitaria confirmó hoy que irán a la huelga entre el 18 y el 22 de febrero si antes no llegan a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para cerrar la demanda de homologación retributiva del profesorado canario. De llegar a la huelga, la medida podría llegar a afectar a más de 250.000 alumnos.
Manuel Abadín, Pedro Cárdenes, Marcos Álamo, Toni Agudo, Mónica Montesdeoca y Juan Jesús Farías fueron los componentes del comité que tomaron la palabra hoy para explicar la situación actual, que pasa de manera inminente por "un minuto de silencio" que celebraron a las 12.00 horas "por la homoloación y para pedir la dimisión de la consejera de Educación" y por la concentración/manifestación que realizarán mañana a las 18.00 horas en todas las islas y a la que esperan que vayan un gran número de profesores para que respondan así a la "manifiesta intransigencia de la Administración" ya que, según apuntó Abadín, "se nos está negando una mesa de negociación para una demanda justa".
Abadín recordó que en las últimas semanas han mantenido diversas reuniones con diferentes organizaciones políticas y sociales "con el fin de informar sobre la situación del conflicto, trasladar nuestras reivindicaciones y recabar apoyo a nuestras demandas". Sobre esas reuniones señaló que las valoran "muy positivamente" y añadó que en breve se celebrarán más con "partidos políticos y otras organizaciones sociales", aunque rechazó que el PP todavía no se haya manifestado cuando antes de las pasadas elecciones "se comprometió de forma pública a homologar al profesorado canario si llegaba a gobernar, como así está ocurriendo".
Por su parte, Juan José Farías fue el encargado de señalar las medidas propuestas por el comité al conjunto del profesorado canario con el fin de que "tomen algunas, no hace falta que lleven a cabo todas":
- No participar en actos programados por la Administración y que no sean de obligado cumplimiento, como cursos sobre la LOE, charlas sobre desarrollo de currículos, Feria de las Profesiones...
- Adoptar las medidas que estimen oportunas para la suspensión total o parcial de las actividades extraescolares y complementarias, siempre dentro de la legalidad y contando con el máximo consenso de la Comunidad Educativa.
- Elaborar pancartas alusivas a la homologación para exhibirlas en las fachadas de los centros, así como también camisetas o pegatinas artesanales para exhibirlas por el profesorado durante su horario laboral.
- Asistir a las convocatorias públicas a las que acudan la consejera de Educación, el viceconsejero o cualquier alto responsable de esta administración.
- Tomar acuerdos en los claustros y consejos escolares o, en su caso, recoger firmas demandando la homologación y la dimisión de la consejera.
- Enviar solicitudes al Parlamento de Canarias, Presidencia del Gobierno y Consejería de Educación pidiendo explicaciones de los gastos provocados por la carta abierta de la Consejera de Educación a la prensa.
- Convocar una manifestación conjunta con otros sectores, como la Sanidad, para reivindicar un servicio público de calidad. La manifestación sería durante el próximo mes de enero.
Durante la rueda de prensa también se señaló que ante la situación que atraviesa el conflicto los representantes de los padres y madres se han mostrado partidarios de que se pueda establecer una mediación a través de una persona imparcial, aceptada por ambas partes, que pueda ayudar a una aproximación de posturas que conduzca a una solución satisfactoria del conflicto y se evite la huelga que se realizará entre el 18 y el 22 de febrero.
Sobre las fechas, Mónica Montesdeoca señaló que se ha hecho con "suficiente antelación", dos meses, para "facilitar la adecuada negociación previa, como muestra inequívoca de la voluntad de consenso de acuerdo de este comité".
Mientras, Marcos Álamo denunció que el Gobierno regional "está impidiendo" la presentación de enmiendas parlamentarias en las que se destinarían importantes cantidades de dinero "para la homologación y para reducir las listas de espera de Sanidad", añadiendo al respecto Toni Agudo que el Ejecutivo está manteniendo "una actitud antidemocrática" ya que "está amenazando a los centros en casos de que se permita colgar pancartas": "Pedimos a los centros que reclamen esa negativa por escrito y nos las envíen, ya que de ser así iremos directos a los tribunales a poner una denuncia por atentar contra la libertad de expresión. Esa es una actitud fascista".
ACFI PRESS
