La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, afirmó hoy tras el Consejo de Gobierno que "Canarias está a la cabeza del Estado en la prestación de ayudas para la atención de personas que se encuentran en situación de dependencia". En este sentido, aseguró que mientras el Estado sólo ha aportado 7 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia en 2007, el Gobierno de Canarias ya ha financiado 26 millones de euros".
Canarias firmó el convenio con el Estado el pasado 27 de diciembre y en el se llegó al acuerdo por el que el Gobierno de España aportará el doble de lo que estaba establecido de los gastos del sistema de la dependencia.
Así y todo, aseguró, "para el 2008, Canarias intentará que se incluyan las infraestructuras porque el convenio tendrá que recoger las especificidades de Canarias en esa materia, con ocho islas pobladas y por tanto con la necesidad de dotar de infraestructuras a cada una de ellas".
En todo caso, "Canarias va por delante de otras Comunidades autónomas porque ya contaba con los planes sectoriales de atención a las personas dependientes, como son el Plan Sociosanitario de Personas Mayores dependientes y el Plan de Atención a la Discapacidad que han sido modificado para adaptarlos a la nueva Ley", subrayó Rojas.
En resumen, en Canarias hay 5.050 plazas públicas construidas sólo a través de los planes, 936 plazas en fase de construcción y 2.416 más planificadas en coordinación con los Cabildos insulares.
Canarias también ha previsto la promoción de la autonomía personal de las personas discapacitadas y para ello ha destinado 13 millones de euros más para monitores y maestros de taller que ayuden a las personas con discapacidad a mejorar su propia autonomía.
El Presupuesto destinado sólo por la comunidad autónoma de Canarias asciende a 298 millones de euros. Rojas aseguró que "estamos sentando las bases de un buen Sistema Canario de la Dependencia priorizando la puesta en marcha de servicios ya que el sistema de prestaciones que promulga la ley que para los dependientes severos que son los que entrarían a formar parte del sistema en el año 2008 sólo prevé un pago máximo de 450 euros que como ustedes comprenderán no cubre apenas el coste real de una plaza para una persona con dependencia severa".
Hasta el momento, sólo cuatro Comunidades autónomas han comenzado a pagar prestaciones de forma meramente testimonial como son Andalucía y Cataluña, que no atravesaron procesos electorales, Navarra que debido a su sistema foral ya tenía una ley de dependencia y Baleares. En sentido, Canarias es una de las Comunidades a la cabeza en el Ranking del Estado en valoraciones en concreto la cuarta comunidad con 5.266 valoraciones de las que 1.113 son grandes dependientes.
Para Inés Rojas "el Congreso hizo una buena Ley, aprobada por todos los grupos parlamentarios, entre ellos Coalición Canaria Estado pero se ha precipitado mucho para ponerla en marcha y lo hizo sin el consenso de las Comunidades autónomas que son las encargadas de ponerla en marcha y de sufragarlas en su mayor parte".
En las reuniones celebradas entre las Comunidades Autónomas y el Estado, este admitió el grado de inmadurez de la Ley y las Comunidades, todas las comunidades, solicitaron la conveniencia de retrasar su entrada en vigor y que toda la legislación saliera conjuntamente. Así y todo el Estado forzó la entrada de una ley sin el consenso de quienes la tenían que aplicar: Las Comunidades autónomas. Con problemas en los sistemas de información, legislativo o incluso de financiación.
"Yo entiendo que un Sistema como este que se equipara al Sistema Sanitario o Educativo, que se crea prácticamente desde cero, las cosas hay que hacerlas bien para que no cojeen desde el principio", añadió.
"Mi responsabilidad es llevarla a cabo con garantías al margen de citas electorales que fue la gran preocupación del Gobierno del Estado en mayo (no olviden que la ley entró en vigor el 22 de abril) y vuelve a ser su preocupación en estas fechas", apuntó Rojas.
Impulso de la Ley de Prestación Canaria de Inserción
Asimismo, Rojas aseveró que "la Ley prioriza la puesta en marcha de servicios de atención a las personas dependientes al pago de las prestaciones que entiende que son subsidiarias y en ese sentido Canarias tiene una planificación en materia de dependencia mediante los planes sectoriales de la dependencia que asciende a 117 millones de euros para el año 2008".
En este sentido, indicó, el Gobierno de Canarias ya ha comenzado a pagar en la nómina de diciembre de la prestación de inserción. Estas ayudas se enmarcan en la Ley de prestación canaria de inserción que pretende apoyar a las personas con más dificultades para su inserción social y laboral.
"Esta Ley rompe por completo con el sistema asistencialista para transformarse con claridad en un Sistema Público de Servicios Sociales, por dos motivos esenciales, por un lado se consolida la ayuda por 12 meses con 14 pagas, renovable por periodos sucesivos de seis meses, siempre que permanezcan las condiciones sociales de los solicitantes y sobre todo, porque se vincula con rotunda claridad a programas de inserción, tanto por el solicitante, como por toda la unidad familiar que participará y se comprometerá, mediante consentimiento expreso en programas de inclusión", aclaró.
Este texto aumenta el compromiso de este Gobierno con las personas que se encuentran en exclusión, ya que no solamente aumenta considerablemente el presupuesto, sino que se traduce en un claro esfuerzo de inserción sociolaboral, para estas personas ya que, por cada solicitante se confeccionará un programa específico de actividades dirigido a la unidad de convivencia, que serán elaborados por profesionales vinculados al área de trabajo social del centro municipal de servicios sociales, en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda.
Ayudas
El Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, ha destinado, en el año 2007, 6.825.708,68 euros para sufragar el turno de oficio y la asistencia jurídica a inmigrantes en las Islas durante el último semestre de 2006 y primer semestre de 2007.
Así lo ha hecho saber el titular del departamento autonómico, José Miguel Ruano, en la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que dicha partida económica, dirigida a los Colegios de Abogados y de Procuradores de Canarias, "se ha completado con otra de 1.044.610,9 euros para contribuir a los gastos de funcionamiento e infraestructura de estas instituciones".
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad dio cuenta, además, de las subvenciones directas otorgadas durante el año pasado, por importes que no excedieron los 150.000 euros cada uno, y que ascendieron a un total de 492.320,82 euros.
En cuanto a las subvenciones específicas, por un importe de 7.870.319,58 euros y concedidas en el primer semestre de 2007 a los colegios de Abogados y Procuradores
Ordenación del Territorio
El Consejo de Gobierno ha emitido hoy un informe favorable a la Proposición de Ley del Cabildo Insular de Tenerife sobre el texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales y la Ley de Directrices de Ordenación General de Canarias, que actualmente se tramita en el Parlamento autonómico.
El Gobierno de Canarias estima que la filosofía de la iniciativa legislativa impulsada por el Cabildo Insular de Tenerife se ajusta a la política del Ejecutivo en materia de conservación del suelo rústico como base para el desarrollo sostenible de nuestro territorio y el mantenimiento del paisaje.
La Proposición de Ley establece como objetivo prioritario que los Cabildos Insulares realicen políticas activas para el desarrollo sostenible de los espacios agrarios de mayor interés, favoreciendo el mantenimiento de la actividad agraria, siendo las administraciones públicas las promotoras de este tipo de proyectos.
El Gobierno de Canarias alaba esta iniciativa pero, no obstante, en su informe favorable propone que se estudien alternativas al modelo de financiación que se propone en la iniciativa legislativa del Cabildo de Tenerife. El Ejecutivo confía en que, durante su tramitación en el Parlamento, se alcance un acuerdo a este respecto.
13 millones para dos centros educativos en Fuerteventura
El Consejo de Gobierno autorizó, en su reunión de hoy martes, un gasto de casi 13 millones de euros para la construcción de dos centros educativos en Fuerteventura, concretamente un colegio de infantil y primaria y un instituto de secundaria en Puerto del Rosario.
El primero de estos centros cuenta con un presupuesto de 5.284.848 euros, albergará 27 unidades y permitirá sustituir las aulas y servicios comunes del antiguo CEIP San José. La aplicación presupuestaria contempla tres anualidades: una de 1.402.504,38 euros para este año; una segunda de 3.284.844,75 euros para 2009 y una tercera de 597.498,87 euros para 2010.
El segundo centro a edificar será un instituto preindustrializado de 20 unidades que se situará en el barrio de Fabelo. El gasto autorizado se eleva a 7.693.888,72 euros, en dos anualidades: 2.185.763,84 euros en el 2008 y 5.508.124,88 euros en el 2009. Ambos centros educativos mejorarán de forma importante la escolarización en la capital de la isla de Fuerteventura.
ACFI PRESS
