En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, José Miguel Ruano, se refirió a temas de actualidad de Canarias, como la huelga de Binter, la Policía Canaria o el derribo que se debe llevar a cabo de una urbanización en Hoya Pozuelo.
José Miguel Ruano deseó hoy que Binter y sus pilotos "alcancen un acuerdo" en breve para terminar con la situación "anómala" por la que atraviesa la empresa, situación que "está afectando" a los ciudadanos de las islas, clientes de una empresa que "a su vez son usuarios de un servicio público".
En este sentido Ruano señaló que el próximo jueves se celebrará una reunión de la Comisión Mixta de las Obligaciones del Servicio Público del Tráfico Aéreo Interinsular: "Esperamos que de ese encuentro entre el Gobierno regional y el Ministerio de Fomento, responsable del transporte aéreo interinsular, se logren conclusiones suficientes para propiciar que el poder público trabaja de forma común para garantizar el derecho de los clientes, que además son usuarios de un servicio público".
En cuanto a la Policía Autonómica, Ruano señaló que le "congratula" que López Aguilar "hable de algo de Canarias y que entre en materias concretas, más allá de generar conflictos sobre quien preside o no una comisión". "Me congratula que sea el líder de la oposición el que hable. Habrá un debate sobre la Policía Canaria en el sento del Parlamento y creo que ese debate será pronto porque nuestra intención es tramitar el proyecto de ley en septiembre para que en octubre llegue al Parlamento y López Aguilar tendrá ocasión allí de mostrar su posición y veremos la viabilidad económica y el modelo de despliegue y financiación de la Policía Autonómica, complementaria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", apuntó el portavoz del Ejecutivo regional.
En cuanto a posibles ayudas estatales para la formación de ese nuevo cuerpo de Policía, Ruano fue claro: "Cuando se presentó el proyecto de ley por el anterior Gobierno para un despliegue de 300 efectivos se calculaba unos 17 millones en su implantación final en un proceso en el que Interior debía contribuir a la financiación de cada policía como lo hace en otras comunidades, 50.000 euros por policía, caso de Cataluña o el País Vasco, además también ahora de la Policía Gallega. Nosotros pedimos al Gobierno central que trate a todas las comunidades autónomas por igual, nosotros queremos un acuerdo con el Ministerio en el despliegue, la financiación e incluso en la complementariedad de las funciones de unas y otras policías, trabajaremos en esa dirección y esperamos tener la misma receptividad que la que han tenido los gallegos".
Por último, respecto a Hoya Pozuela, indicó: "En l
a urbanización de Hoya Pozuelo ocurrió que la constructora tenía dos socios y se produjo un divorcio entre ambos. Uno denunció que la urbanización estaba en dominio público marítimo-terrestre. La Demarcación de Costas incoa un expediente y Canarias no tiene la competencia para articular o no el derribo, es cosa del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros hemos buscado soluciones, pero de momento no ha sido posible y la solución en derecho la tiene. Otra cosa será las indemnizaciones que los propietarios de las viviendas exijan al constructor que les vendió una propiedad en zona de servidumbre y por tanto no podía hacerlo, hay una serie de responsabilidades. No parece lógico que se atribuyan responsabilidades al Gobierno de Canarias cuando no ha participado más allá del intento con Costas de establecer una delimitación que permitiera articular la legalización de la urbanización".ACFI PRESS
