Human Rights Watch ha hecho público hoy en Madrid el informe ‘Responsabilidades no bienvenidas: España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias’. Un documento que ha sido presentado por Reed Brody, portavoz y consejero jurídico de la entidad y Simone Troller, investigadora de Human Rights Watch para los derechos de los niños en Europa.
Dicho informe de 128 páginas, pone de manifiesto que “cientos de menores extranjeros no acompañados procedentes de África alojados en los centros del Gobierno canario corren el peligro de ser víctimas de violencia y malos tratos".
Además el texto documenta cómo los menores permanecen en estos centros por períodos de tiempo ilimitados, a menudo en condiciones pobres y de masificación. “Los niños declararon a Human Rights Watch que habían sufrido palizas por parte del personal, y que no habían sido protegidos de la violencia ejercida por sus compañeros. No tienen acceso a una educación pública, tienen pocas oportunidades de ocio y recreo, y su libertad de movimiento es indebidamente restringida” explica Reed Brody.
En esta línea, el documento denuncia que
“las autoridades canarias y el Gobierno español no ofrecen hoy por hoy ninguna solución para los
menores que continúan en estos centros (400 aproximadamente)”. El traslado a la Península de 500 de
los cerca de 900 menores que llegaron a albergar los centros canarios, en el marco de un acuerdo
negociado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha aliviado sólo parcialmente la presión
que sufren los servicios de protección canarios. Además, la implementación de este acuerdo ha
discriminado a los menores marroquíes, que no han sido seleccionados para los traslados.
Asimismo, se el texto recoge que con independencia de si los niños tienen derecho a permanecer en
el país, mientras se hallan en territorio español tienen derecho a disfrutar plenamente de los
derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que España ratificó en 1990. El
Gobierno debe identificar una solución duradera tan pronto como llegan, y los menores han de poder
solicitar asilo. El Gobierno centra debe proceder a la reunificación familiar sólo después de
valorar y constatar que tal medida redunda en el interés superior del menor y que no comporta ningún
riesgo para su bienestar. Si no es posible la repatriación por motivos jurídicos o de hecho, el
Gobierno de España debería ofrecer a estos niños oportunidades reales de integrarse y de permanecer
en una situación regular.
“No soy feliz aquí; si pudiera me iría de este centro. No nos dan
buena comida,” declaró a Human Rights Watch un chico senegalés de 17 años en el centro de emergencia
de La Esperanza en Tenerife. “Cuando les decimos que tenemos hambre, nos dicen que en Senegal nos
moríamos de hambre y que deberíamos estar contentos de que al menos nos den comida.”
Los menores relataron a Human Rights Watch muchos incidentes de malos tratos y de desprotección
ante la violencia. Otro chico de 17 años en La Esperanza dijo que “un chico tuvo problemas con [un
educador]. Ese día el [educador] lo llevó a las duchas y le dio una paliza. El niño tenía sangre en
la boca y su ropa estaba ensangrentada (no pudo volver a usar esa camiseta).” Un chico de 13 años
del centro de emergencia de Arinaga dijo que “los [educadores] miran para otro lado conscientemente
cuando [otros niños] dan una paliza a otro chico.”
Por todo ello, Human Rights Watch
insta a los gobiernos canario y español a que elaboren e implementen un plan para cerrar los centros
de emergencia y trasladar a los niños a hogares de acogida alternativos, en las Islas Canarias o en
la Península. “Este plan debe favorecer el bienestar y el desarrollo del menor, y garantizar el
pleno disfrute de los derechos que le corresponden según la legislación nacional e internacional”
apuntó Simone Troller.
Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, declaró este mediodía desconocer la existencia de dicho
informe y de los hechos que en el se denuncian, aunque dejó claro que corresponde a la Fiscalía de
Menores investigar si estos hechos son ciertos. “Al final si lo fuera, lógicamente el nuevo Gobierno
(canario) erradicará cualquier brote si lo hubiera” apostilló.
Además, Ruano que dijo conocer solo algunos datos al respecto por la prensa, se mostró escéptico ante que este tipo de situaciones se estén dando realmente en el Archipiélago y añadió “parece ser que este informe se elaboró por Human Right en el mes de enero y desconozco si ha habido desde entonces alguna cosa y no sé por qué se produce en este momento esa publicidad”.
ACFI PRESS
