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Ángela Hernández, portavoz del sindicato laboral Convergencia Sindical Canaria (OCEPS), se hace eco una vez más de la denuncia sobre la posibilidad de que 1.075 trabajadores temporales de la función pública vayan al paro el próximo mes de abril si la administración no lo impide.
El sindicato, de voz de su representante, explica que la Consejería de Presidencia, del que es titular José Miguel Ruano, ha sacado a concurso a través del BOC con fecha 16 de febrero una convocatoria para cubrir un total de 2.408 plazas a funcionario de la administración pública por la vía de la promoción interna. De entre ellas, 1.075 plazas ya están ocupadas por personal temporal con una media de seis años de antigüedad, y otras 600 por personal laboral.
Según Ángela Hernández, el consejero ha traicionado la confianza de estos trabajadores toda vez que “se había comprometido a negociar con nosotros, los representantes de los trabajadores, la posibilidad de permanencia en sus puestos de trabajo con carácter de fijos, optando también por la promoción interna, pero de súbito publica la convocatoria sólo para el personal que ya está fijo”.
Estos puestos de trabajo pertenecen a personal de todas las Consejerías de la Comunidad Autónoma y de todos los grupos profesionales. “Parece ser -dice la representante- que para la consejería de Presidencia son sólo números, pero se trata de personas que van a perder sus puestos de trabajo”.
Hernández solicita que la Consejería convoque por la vía de la promoción interna las 433 plazas vacantes puras (plazas vacantes no ocupadas por nadie), y el resto de las plazas se convoquen por concurso de méritos. Si sindicato y Consejería no llegan a un acuerdo, no se descarta otro tipo de medidas de presión.
ACFI PRESS
