El Gobierno declara 14 áreas estratégicas para impulsar la diversificación económica a través de la innovación y la sostenibilidad
El Consejo de Gobierno ha refrendado este lunes el decreto mediante el que se declaran 14 áreas estratégicas vinculadas con la innovación, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad para impulsar la diversificación económica de Canarias. Con esta declaración, el Ejecutivo autonómico persigue potenciar el desarrollo de sectores que contribuyan a atraer talento, a aumentar la empleabilidad y a mejorar la productividad del archipiélago.
En concreto, el decreto firmado por el presidente Fernando Clavijo del que ha informado al resto del Gobierno autonómico en la sesión de hoy establece las siguientes áreas estratégicas: turismo digital; salud y bienestar; economía azul; astrofísica, espacio y aeronáutica; industrias emergentes; digitalización; sostenibilidad; Agenda Canaria 2030; audiovisual; formación profesional; internacionalización; energía; movilidad; y conectividad.
Estas 14 áreas estratégicas servirán como marco para la aprobación de proyectos considerados prioritarios por el Gobierno, teniendo en cuenta las “fortalezas y necesidades” de Canarias para afrontar “la nueva realidad” mundial y posicionarse “como referente en sectores” en los que el archipiélago tiene condiciones específicas para destacar, según se indica en la exposición de motivos.
La aprobación de este decreto parte de la ‘Declaración de Misión, Visión y Objetivos del Gobierno de Canarias para el período 2024-2027’ refrendada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre. En dicha declaración se aconsejaba al Ejecutivo autonómico la aprobación de una serie de áreas estratégicas, con carácter previo, que sirvieran como marco de definición de la política general del Gobierno y que permitiera “hacer una adecuada selección de las propuestas de proyectos que se declaren estratégicos para Canarias”.
Asesoramiento para financiación
En este sentido, el Gobierno apuesta por “dar relevancia” a aquellas iniciativas públicas y privadas en línea con las 14 áreas declaradas estratégicas. Así, los proyectos que se propongan para ser declarados como estratégicos “deberán contar entre sus objetivos con la promoción de la transformación, la apuesta por la innovación y la mejora de la productividad, conformándose estas características en ejes vertebradores que propiciarán, desde cada una de las áreas, el desarrollo económico y social” del archipiélago.
El decreto respaldado este lunes por el Consejo de Gobierno adelanta que se arbitrarán una serie de medidas para para promover, impulsar y acelerar los proyectos distinguidos con el sello ‘Estratégico para Canarias’.
Por un lado, el Ejecutivo autonómico facilitará a los promotores de estas iniciativas el acceso a fuentes de financiación, tanto nacionales como europeas, por ejemplo, a través de programas como Horizon Europe y Digital Europe, entre otros. También se les prestará asesoramiento para la búsqueda de la financiación más ajustada a cada proyecto, así como para la tramitación, gestión y posterior justificación de dicha financiación.
Asimismo, mediante la futura Ley Canaria de la Ciencia, se concederá a estos proyectos estratégicos “tramitación preferente y reducción de plazos ordinarios en procedimientos administrativos” siempre que sea posible. Esta vía rápida administrativa se completará con la divulgación, desde la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, de los proyectos estratégicos para Canarias entre los agentes económicos, sociales y de conocimiento.
El Gobierno aprueba la modificación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba hoy, lunes 24 de junio, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano H. Zapata, el decreto ley que modifica la actual Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias.
Una medida crucial para acelerar la transición energética de las islas y adaptarse a los desafíos del cambio climático, enfocada en un futuro más sostenible.
Este decreto Ley tiene por objetivo, en primera instancia, acatar los requerimientos de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, que exigía modificar 11 de sus puntos para cumplir con la legalidad. Además busca dar respuesta efectiva ante la situación de emergencia energética declarada en octubre de 2023 y alinearse con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece una meta del 58% de penetración de energías renovables en Canarias para 2030, frente al actual 20%.
Según explicó el consejero Zapata ante el Consejo de Gobierno, esta modificación pretende “corregir errores del pasado, adoptar nuevas medidas clave para la adaptación al cambio climático, posicionar a Canarias a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, y además, generar nuevas oportunidades de empleo y riqueza”.
Un texto que, además “ha escuchado las demandas sociales, científicas y técnicas de nuestra emergencia climática y energética, manteniendo más de 50 reuniones sectoriales de trabajo con administraciones, organizaciones y agentes externos para incluir aportaciones técnicas de relevancia y lograr el consenso”.
En definitiva, esta nueva ley contempla un documento más trasversal, operativo y con una importante simplificación burocrática de su contenido, que aporta garantías y seguridad jurídica para agilizar la tramitación de nuevos proyectos de transición energética y adaptación al cambio climático para dar respuesta a la urgencia de las emergencias actuales.
Tras su aprobación en Consejo de Gobierno, entrará en vigor al día siguiente y posteriormente, se dará traslado al Parlamento de Canarias para su ratificación por parte de todos los grupos parlamentarios.
Las modificaciones del decreto ley
Entre las modificaciones principales de dicha ley, en lo que respecta a la transición energética, se crean, en coordinación y consenso con los cabildos insulares, las Zonas de Aceleración de Renovables. Unos espacios en los que se dará agilidad a la implantación de renovables, garantizando la protección ambiental del territorio. En esta línea, y en esa apuesta por las renovables a pequeña escala, se contempla también la posibilidad de accionariado en proyectos de energías renovables en suelo, de más de 2MW (un 20%).
Asimismo, el aprovechamiento de suelos ya en uso, conocidos como antropizados, también se incluirá para implantar nuevas energías limpias.
Por otro lado, se creará el Ente Canario de la Energía, cuyo objetivo será el desarrollo del autoconsumo en el sector público autonómico en lugares como hospitales o institutos, la colaboración en proyectos de innovación, (tanto energéticos como de adaptación) y la asistencia técnica a la Consejería.
En lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, se crearán los Proyectos de Acción Climática. Una fórmula para actuar con agilidad y priorizar proyectos que mitiguen problemáticas como olas de calor, subida del nivel del mar o aumento de las temperaturas. Para ello, se simplificarán trámites burocráticos y se darán facilidades administrativas, como apuesta innegociable y vital para lograr una adaptación real al cambio climático.
Vinculado también a esta adaptación y mitigación, y favoreciendo la gobernanza y comunicación entre organismos públicos, se crean la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, como coordinación y colaboración con las diferentes consejerías del Gobierno y la Oficina Canaria de Acción Climática, dentro de la propia Consejería de Transición, como órgano propulsor de dichas actuaciones.
La participación de cabildos y ayuntamientos también ha sido fundamental. En este sentido, se crearán nuevos instrumentos autonómicos para impulsar su colaboración y coordinación, agilizando la subrogación de competencias. En el caso de los primeros, se crean los Planes Insulares de Acción Climática (PIAC) y en los segundos, los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).
Un decreto ley fruto del consenso
Durante el proceso de preparación del nuevo decreto ley se han mantenido más de 50 reuniones sectoriales de trabajo con numerosas administraciones, organizaciones y agentes externos para incluir aportaciones técnicas de relevancia y lograr el consenso.
Fruto de estas conversaciones, se incluye en la nueva ley la creación de la Red Canaria de Acción Climática. Un órgano de gobernanza en el que estarán representados cabildos, ayuntamientos y agentes económicos y sociales y cuyo objetivo será el de colaborar en el diseño y seguimiento de las políticas adoptadas en materia de cambio climático.
Entre las citadas reuniones, destacan las mantenidas con el Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y Fomento de la Economía Circular y Azul, piedra angular para el desarrollo de la Ley.
Asimismo, se han mantenido varios encuentros con los integrantes de la Mesa de Energía Renovable, liderada por la consejería de Transición Ecológica y la colaboración del resto de áreas de Gobierno afectadas como las Consejerías de Turismo y Empleo, Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas o Hacienda. También se han implicado en el proceso agentes económicos y sociales, como las universidades canarias, La FECAM, el Comité de Expertos de Agenda Canaria 2030 o colectivos como Salto a la Transición Energética.
El Gobierno aprueba el decreto que crea y regula el sistema interno de información de infracciones normativas
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 24 de junio, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, el decreto que crea y regula el sistema interno de información de infracciones normativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (SIINF@GOBCAN), una vez recibido el dictamen del Consejo Consultivo e incorporadas las observaciones.
El decreto tiene por objeto dar efectividad a lo dispuesto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
La implantación de este sistema constituye un mecanismo eficaz para se puedan detectar irregularidades que puedan poner en riesgo los intereses públicos de la competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la colaboración de todas las personas empleadas públicas o aquellas que trabajen para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas o proveedores.
En este sentido, se plantea como una oportunidad para impulsar la gestión del buen gobierno corporativo e integrar la cultura de la prevención en la dinámica cotidiana de esta Administración, crear un clima de confianza y dotarla de una mayor transparencia, cercanía a la ciudadanía y eficacia en la prevención y sanción de conductas reprobables.
Accesible desde el portal web institucional del Gobierno de Canarias, el Portal de Transparencia y desde la Intranet corporativa, SIINF@GOBCAN dispondrá de una plataforma tecnológica de gestión, para la recepción, registro, tramitación y seguimiento de las informaciones recibidas como cauce de comunicación adecuado para la recepción de información sobre hechos o conductas.
En el decreto se establece una estructura organizativa, con una persona delegada de la gestión del sistema, personas interlocutoras departamentales y unidades antifraude. Además, regula del canal interno de información, el procedimiento de gestión de informaciones, el registro y publicidad de la información.
Entre sus principios generales está la seguridad y la confidencialidad; la garantía de indemnidad y prohibición de represalia; el sometimiento de las actuaciones de verificación a la presunción de inocencia y al respeto al derecho al honor para las personas afectadas por las informaciones remitidas; el respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal; la autonomía e independencia de todos los agentes intervinientes en el sistema, así como deber de sigilo y reserva respecto de toda información de la que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, el sistema interno de información de infracciones normativas incide en el fomento de la cultura de la información o comunicación como mecanismo que permita potenciar estrategias de sensibilización para la prevención de estas infracciones.
El Gobierno crea el comité consultivo para la no discriminación por razón de identidad de género
El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno la creación del Comité Consultivo para la Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, así como de su reglamento de organización y funcionamiento.
El reglamento regula las funciones y las normas de organización y funcionamiento del Comité Consultivo para la Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, así como su naturaleza jurídica, adscripción y composición.
El comité constituye un órgano colegiado de consulta, participación ciudadana y mecanismo de seguimiento para la evaluación de las medidas adoptadas en la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Se encuentra adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario.
Entre sus funciones, debe garantizar la participación de las asociaciones y organizaciones especializadas en la gestión de los servicios de responsabilidad pública de orientación y asesoramiento, previstos en la ley para adecuarlos a las necesidades reales de las personas trans e intersexuales, así como realizar el seguimiento y evaluación sobre la efectividad de las medidas adoptadas en esta normativa para la protección integral de las personas trans e intersexuales en el ámbito de las competencias autonómicas.
Igualmente, le corresponde al Comité elevar conclusiones o propuestas de mejora y adaptación a los servicios o administraciones competentes sobre la base de los hechos que se constaten y las necesidades reales de las personas trans e intersexuales y elaborar anualmente un informe sobre el grado de cumplimiento e impacto social de la Ley 2/2021, de 7 de junio, que será remitido al Parlamento de Canarias.
También debe servir como un canal de consulta para cuantas medidas estimen oportuno realizar los poderes públicos canarios, en relación con la igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, y aprobar las normas de funcionamiento interno del comité en desarrollo de lo establecido en este reglamento.
Composición y mesas de trabajo
En cuanto a su composición, el reglamento contempla que el comité estará compuesto por presidencia, vicepresidencia y secretaría, así como por las vocalías en representación de las entidades con experiencia acreditada en materia de defensa de los derechos de las personas trans e intersexuales que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento y dos vocalías en representación de las unidades de acompañamiento y de atención a las personas trans e intersexuales del Servicio Canario de la Salud.
El nombramiento de las personas que integran el comité se hará por parte de la presidencia del comité, previa propuesta de las asociaciones y entidades. En el caso de las personas responsables de las unidades de acompañamiento y de atención a las personas trans e intersexuales, serán nombradas por su presidencia, a propuesta de la dirección del Servicio Canario de la Salud.
El comité podrá crear mesas de trabajo temáticas para el desarrollo de tareas específicas, que estarán constituidas por personas especialistas y de la sociedad civil en número variable designadas por la presidencia, por propia iniciativa o a propuesta de las personas integrantes del comité. En el acuerdo de su constitución se determinará su composición, que deberá ser representativa y guardará la proporcionalidad de la composición del conjunto del comité.
El Gobierno autoriza el gasto de 5,12 millones de euros para la 2ª fase del proyecto de modernización y mejora de regadíos del noreste de Tenerife
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la realización del gasto de 5,12 millones para la ejecución de la primera separata de la segunda fase del proyecto de modernización y mejora de los regadíos en la zona noreste de Tenerife, en los municipios de San Cristóbal de la Laguna, Tacoronte y Tegueste, que comprende actuaciones en la red de distribución de aguas regeneradas de Valle de Guerra, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo regional.
El objetivo principal de dicho proyecto es incorporar el agua depurada de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valle de Guerra para el riego de unas 350 hectáreas, fundamentalmente de plataneras y plantas ornamentales, en la zona baja de los municipios de La Laguna, Tacoronte y Tegueste a través de la construcción de tres depósitos de cabecera y dos redes de riego, una para el sector de Tejina (1ª fase) y otra para el de Valle Guerra (2ª fase).
Esta segunda fase de la iniciativa se divide a su vez en dos separatas. La primera de estas, objeto del gasto aprobado hoy, abarca la zona que se puede regar por presión natural o gravedad directamente desde el centro de entrega de las aguas regeneradas del Complejo Hidráulico del Noreste. El resto de la red del municipio requiere para su funcionamiento por gravedad una cota de cabecera de 210 metros sobre el nivel del mar, y debido a que aún no se dispone de almacenamiento a esa cota, este sector de la red se ha propuesto para una segunda separata.
Entre las actuaciones a desarrollar se incluye la ejecución de demoliciones, movimiento de tierras y pavimentado, y la realización de conducciones, valvulería y accesorios, hidrantes, casetas de hidrantes y obras de fábrica, telecontrol y telemando, gestión de residuos, y gastos en materia de seguridad y salud, control de calidad, etc.
La cuantía total mencionada comprende la ejecución de las obras y una reserva legal del 10% para la liquidación de las mismas, con cargo al proyecto de "Inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales PEPAC 2023-2027", por un importe de 5.057.779,09 euros, y 68.969,72 euros destinados a acciones de investigación, documentación, conservación, restauración, difusión, enriquecimiento, puesta en valor o uso o redacción de instrumentos de protección del patrimonio cultural de Canarias.
Estas obras se encargarán a la empresa pública Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) y cuentan con un plazo de ejecución de dos años.
ACFI PRESS
