La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, explicó que la reciente licitación anunciada por el Ejecutivo autonómico no afecta a los servicios de ayuda a domicilio que prestan los ayuntamientos, sino únicamente a los servicios vinculados a la ley de dependencia.
Delgado precisó que estos servicios han sido siempre gestionados por entidades privadas, nunca desde la administración pública, con la única excepción del Cabildo de El Hierro, que los presta de manera íntegra desde el ámbito público y que, por ese motivo, ha quedado fuera de la licitación.
Asimismo, señaló que incluso en islas como La Palma, donde el servicio se ofrece en parte desde lo público, la mayoría (alrededor del 80%) está gestionado por empresas privadas mediante contratos municipales. En este sentido, la consejera subrayó que resulta incorrecto hablar de “externalización”, puesto que el modelo de gestión ya era privado desde su origen.
Garantizar la cobertura del servicio en toda Canarias
La consejera destacó que el objetivo principal de la licitación es asegurar que todas las personas dependientes del archipiélago reciban el servicio de ayuda a domicilio, sin importar el lugar donde vivan. Explicó que en algunos municipios no se estaba prestando este servicio, ya que ninguna empresa o entidad quería asumirlo debido a los elevados costos de desplazamiento y baja rentabilidad económica.
“El compromiso de este Gobierno de Canarias es con todos los ciudadanos y ciudadanas, para que nadie se quede sin su servicio de ayuda a domicilio, ni tenga que pagarlo de su bolsillo”, afirmó Delgado.
Evitar la confusión con los servicios municipales
Delgado insistió en la necesidad de no confundir a la ciudadanía entre los servicios municipales de ayuda a domicilio —que algunos ayuntamientos prestan directamente y otros mediante contratos con empresas privadas— y los servicios ligados a la dependencia, que son competencia del Gobierno de Canarias.
Puso como ejemplo los casos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, cuyos ayuntamientos gestionan el servicio a través de empresas privadas. Por ello, recalcó que no se trata de una externalización nueva, sino de una licitación necesaria para extender un servicio que ya estaba privatizado, con el fin de garantizar su cobertura en todos los rincones del archipiélago.
Candelaria Delgado defendió que la licitación impulsada por el Gobierno de Canarias no modifica el modelo existente, sino que amplía la cobertura y equidad del servicio de ayuda a domicilio vinculado a la dependencia. Con esta medida, el Ejecutivo canario reafirma su compromiso de garantizar los derechos de las personas dependientes, vivan donde vivan, y de evitar desigualdades territoriales en el acceso a los servicios sociales.
ACFI PRESS
