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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la capital grancanaria. A su conclusión, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, y los consejeros Candelaria Delgado, Manuel Miranda y Pablo Rodríguez dieron a conocer los acuerdos alcanzados, y que son los siguientes:
El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto que regula la adjudicación de viviendas públicas en Canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha aprobado este lunes, 9 de marzo, el nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y del régimen de adjudicación de viviendas de promoción pública.
La norma introduce una reforma estructural en el sistema de acceso al parque público. El anterior modelo basado en el sorteo queda sustituido por un procedimiento reglado de baremación, sustentado en criterios objetivos vinculados a la situación económica, social y familiar de las personas solicitantes. Con este cambio, el Ejecutivo autonómico refuerza los principios de equidad, transparencia y seguridad jurídica, garantizando que las viviendas se asignen conforme a parámetros verificables y ajustados a la realidad de cada unidad de convivencia.
Entre las novedades del nuevo sistema también se incorpora una importante simplificación administrativa del proceso de inscripción en el Registro de Demandantes. A partir de ahora, se sustituye la cita previa y la visita presencial por un formulario que podrá cumplimentarse de forma telemática, mediante una declaración responsable en la que la persona solicitante indique que cumple los requisitos exigidos. Esta medida permitirá agilizar los trámites, facilitar el acceso al registro y reducir tiempos de gestión para los ciudadanos.
El decreto incorpora además un refuerzo sustancial de los requisitos de residencia y arraigo. Para poder resultar adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública será necesario ser mayor de edad o menor emancipado, estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y acreditar una residencia en la Comunidad Autónoma de al menos doce años de forma ininterrumpida, o quince en caso de residencia discontinua.
Asimismo, se exigirá residencia o desempeño laboral ininterrumpido durante un mínimo de cinco años en el municipio donde se ubique la promoción, con anterioridad a la publicación del procedimiento de adjudicación. Este requisito no será aplicable a las víctimas de violencia de género cuando la situación sufrida haya imposibilitado su permanencia en el municipio de residencia habitual, circunstancia que deberá acreditarse conforme a la legislación estatal vigente.
En paralelo, el decreto consolida y amplía los cupos de reserva para colectivos prioritarios, reforzando el carácter social del sistema público de vivienda. Se establece una reserva mínima del diez por ciento del total de viviendas en cada promoción para personas con limitaciones funcionales graves o totales en movilidad o comunicación, distribuyéndose internamente entre quienes requieren el uso permanente de silla de ruedas u otros dispositivos técnicos de apoyo y quienes presentan limitaciones graves acreditadas sin necesidad de dichos dispositivos. Además, se fija una reserva mínima del veinte por ciento para jóvenes de hasta treinta y cinco años, del diez por ciento para personas de sesenta y cinco o más años y del ocho por ciento para víctimas de violencia de género, mientras que el cupo para personas emigrantes retornadas podrá alcanzar hasta un máximo del uno por ciento.
Con esta actualización normativa, el Gobierno de Canarias consolida un modelo más justo, transparente y orientado a la protección efectiva del derecho a la vivienda, priorizando a quienes acreditan arraigo en el territorio y mayores necesidades sociales.
Canarias aprueba el decreto que completa todo el sistema de prestaciones en dependencia
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación normativa que completa todo el sistema de prestaciones del Sistema de Dependencia. El nuevo Decreto establece un nuevo grado, el III+, para los casos de mayor intensidad de apoyo en domicilio, incluyendo ajustes para facilitar la aplicación del Grado III+ (dependencia extrema), especialmente en lo relativo a la atención y apoyos intensivos en el entorno domiciliario mediante ayuda a domicilio y/o asistencia personal, con el objetivo de reforzar una tramitación homogénea y evitar situaciones de desprotección.
Conforme a la normativa estatal, se fijan las cuantías máximas tanto de la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, como de la prestación económica de asistencia personal, para estas personas en dependencia extrema, pensadas para atender personas en situación terminal afectadas, principalmente, por la ELA.
También se regula, por primera vez en Canarias, la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), estableciendo un marco claro sobre quién puede acceder, cómo se tramita, cómo se paga y cómo se justifica esta ayuda. De esta manera, se facilita que, por fin, las personas mayores, en situación de dependencia o con discapacidad, puedan seguir viviendo en sus hogares sin tener que desarraigarse de su entorno social y familiar.
Según explicó la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, “la prestación económica de asistente personal está pensada para reforzar los apoyos en el hogar y en el entorno cercano. Su finalidad es apoyar a las familias y contribuir a que las personas mayores y las personas con discapacidad o en situación de dependencia puedan permanecer en su domicilio y en su comunidad, manteniendo sus rutinas, su entorno y sus redes de apoyo”.
“Con esta medida, Canarias avanza hacia un modelo de cuidados centrado en la persona que prioriza los apoyos en el entorno y contribuye al objetivo de la desinstitucionalización, favoreciendo alternativas a la atención institucional cuando sea posible y adecuado para la persona usuaria”, aclaró la consejera del área.
Además, el acuerdo contempla la modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en cuanto al régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones de atención a la dependencia en Canarias. Esto permitirá a muchas familias poder acceder a distintas prestaciones para mejorar la atención en determinados perfiles. Por ejemplo, a partir de la publicación de este decreto, se podrá disfrutar de una asistencia del Servicio de Ayuda a Domicilio con una prestación para la asistencia personal.
El nuevo Decreto, que modifica el Decreto ley 3/2023, de 23 de marzo, regula las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, la de cuidados en el entorno familiar y de apoyo a personas cuidadoras no profesionales y la de asistencia personal. Las cuantías máximas de la prestación económica de asistente personal según el grado de dependencia son para Grado III, 900 euros; Grado II, 577,25 euros y Grado I, 436 euros. La aplicación de estas nuevas cuantías tendrá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Con carácter general, la persona beneficiaria deberá justificar, ante el órgano gestor competente, el destino finalista de la prestación mediante la aportación de documentación acreditativa de la contratación y del gasto realizado, en los plazos y con los requisitos que se determinen.
Asimismo, el acuerdo adoptado hoy en Consejo contempla la remisión del mismo al Parlamento de Canarias.
El Gobierno inicia la tramitación del proyecto de ley por el que se creará la Agencia Canaria de Emergencias
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el informe de objetivos y oportunidad que da vía libre a la elaboración del proyecto de ley de creación de la Agencia Canaria de Emergencias y Protección Civil. Este organismo contribuirá a centralizar los recursos humanos y materiales que operan en una situación de emergencia y permitirá mejorar la protección de la ciudadanía frente a los nuevos desafíos en esta materia.
La creación de esta agencia, avalada por un acuerdo parlamentario de noviembre de 2024, se enmarca en un complejo proceso de transformación del sistema autonómico de protección civil que tiene como fin “fortalecer la coordinación, la eficacia y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en el Archipiélago”, añadió el consejero de Planificación Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda. El consejero explicó que la voluntad del Gobierno es que sea el Parlamento, que ya respaldó esta medida, quien termine de definir la estructura de esta futura agencia, de forma que “nazca con el mayor consenso político posible”.
El informe aprobado hoy por el Consejo de Gobierno propone la Agencia como un “organismo público con autonomía propia para aplicar las directrices generales en materia de protección civil en Canarias”. Además, señala que será el encargado de elaborar las normas y reglamentos en este ámbito, actualizar los diferentes planes territoriales de protección y diseñar las políticas de coordinación con otras administraciones públicas y privadas que operan en esta materia.
También se ocupará de promover una formación homogénea y actualizada de todas las personas intervinientes en este sistema.
Principios fundamentales
La agencia funcionará bajo tres principios fundamentales. El primero será el de especialidad, ya que será un organismo con competencias exclusivamente en este ámbito y actuará como referente técnico y operativo para el resto de administraciones. El segundo será el de eficacia, puesto que se constituirá como una entidad con personalidad jurídica propia que agilizará los trámites para movilizar recursos en materia de intervención o prevención. El tercer principio, derivado de los dos anteriores, será el de eficiencia, al diseñarse un modelo que garantiza -con menor coste que el actual, gracias a la reducción de cargas administrativas y a la concentración de funciones hoy dispersas- un resultado más eficiente.
Como paso previo a su creación, ya se ha iniciado el proceso de traspaso de aproximadamente un centenar de trabajadores relacionados con las emergencias desde la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud (GSC) a otra empresa pública, Gesplan. Esta última cuenta con experiencia en la gestión en este ámbito y en el desarrollo de proyectos complejos, “como el que nos ocupa”, indicó el consejero, y permitirá agilizar la dotación de mayores recursos humanos y materiales al sistema.
Manuel Miranda calificó como “complejo” el proceso de transformación del sistema, ya que implica la reordenación de competencias, la coordinación entre diferentes administraciones y el traspaso de personal con “plenas garantías laborales, jurídicas y presupuestarias”.
El objetivo último, indicó, “es la consolidación de un sistema que profundice en la prevención y la autoprotección, mejore la capacidad de reacción e incorpore los mejores recursos”.
El consejero recordó el compromiso del Gobierno con la mejora en esta materia, que se ha traducido en un aumento del presupuesto para 2026 del 23% como respuesta a diferentes necesidades operativas que permitan “reforzar y coordinar el sistema público canario de emergencias”.
“Todo ello -añadió- bajo el paraguas de una futura Ley del Sistema de Protección Civil que esperamos entre a finales de este año en el Parlamento para su debate”.
Cabe recordar que el Gobierno trabaja ya en la elaboración de una primera propuesta de esta ley, fruto de un proceso en el que durante 2025 participaron cerca de 150 expertos y profesionales en este ámbito.
El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Salud de Canarias 2026-2031
El Consejo de Gobierno aprobó este lunes, día 9 de marzo, en su sesión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria la propuesta de la Consejería de Sanidad, el Plan de Salud de Canarias 2026 – 2031. Se trata de un instrumento estratégico de planificación sanitaria que establece las prioridades, líneas de actuación y metas para la planificación, coordinación y articulación de actividades de promoción y protección de la salud, la prevención de enfermedades y la prestación de la asistencia sanitaria.
El documento, elaborado a partir de las aportaciones de otras administraciones, profesionales y ciudadanos, se basa en los valores de equidad, eficiencia y compromiso con la evidencia científica y comunidades saludables.
En este sentido, el Plan de Salud de Canarias se vertebra en dos ejes principales: ‘Salud en Todas las Políticas’, orientado a promover la intersectorialidad y la colaboración con otros ámbitos institucionales, y ‘Mejora de los Resultados en Salud’, centrado en los problemas de salud con mayor impacto poblacional y en el coste-efectividad de las intervenciones.
Tramitación del Plan
La aprobación del Plan de Salud de Canarias 2026-2031 se produce este 9 de marzo toda vez que se han cumplido todos tramites preceptivos establecidos en la normativa. Así, su borrador fue sometido a información pública en noviembre y fue aprobado por el Consejo de Dirección del SCS en diciembre. Además, el Consejo Canario de la Salud quedó informado del proyecto de este plan en su sesión celebrada el pasado 18 de diciembre.
Por otro lado, cuenta con el informe preceptivo de la Dirección General de Planificación y Presupuesto y con una memoria descriptiva en la que se incorpora el informe sobre el impacto por razón de género, el informe de impacto sobre la familia y la adolescencia, el informe sobre el impacto empresarial y el informe de impacto ambiental.
El documento también obtuvo el informe sobre la idoneidad de los indicadores de seguimiento, emitido por la Intervención General, y el Dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), emitido por el Pleno con fecha 11 de febrero de 2026.
Contenidos del Plan de Salud de Canarias
El Plan se organiza en cinco bloques temáticos, dentro de los cuales se distribuyen un total de 49 líneas prioritarias, desarrolladas a través de 147 objetivos específicos y 280 indicadores de evaluación, que permitirán realizar un seguimiento sistemático y una evaluación continua de su grado de cumplimiento durante el periodo de vigencia 2026-2031.
Las áreas temáticas son: ‘Promoción y protección de la salud y prevención de la enfermedad’; ‘Mejora de los servicios y de los resultados en salud’; ‘Envejecimiento saludable y atención a la cronicidad’; ‘Intersectorialidad’ y ‘Perspectiva transversal’, que incorpora ámbitos como la atención centrada en la persona-humanización, la modernización tecnológica, la salud laboral y la gestión eficiente de la demanda asistencial.
Su desarrollo se apoya en valores guía como la equidad, la eficiencia, el compromiso con la evidencia científica y la atención centrada en la persona, con el objetivo de avanzar hacia comunidades más saludables.
El Gobierno destina más de 16,7 millones de euros a la atención sanitaria especializada en el sur y sureste de Gran Canaria
El Consejo de Gobierno de Canarias en su sesión celebrada este lunes, 9 de marzo, ha autorizado a la Consejería de Sanidad el gasto relativo a la primera prórroga del contrato para la prestación del servicio de asistencia sanitaria especializada a pacientes del área sur y sureste de Gran Canaria por un importe de 16.743.170 de euros. En concreto, se refiere a las Zonas Básicas de Salud de Maspalomas, Mogán, Tirajana y Vecindario.
Este contrato, suscrito inicialmente en abril de 2023 con la entidad CSR Inversiones Sanitarias Sur, S.A., se destina a la prestación de servicios sanitarios especializados para la población residente en los municipios de Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, del Área de Salud de Gran Canaria.
La prórroga de este contrato tiene un periodo de vigencia de un año, desde el 1 mayo de 2026 al 30 de abril de 2027. De esta forma, para los ocho meses de 2026 se destinarán 11.162.113 euros, mientras que para los cuatro meses de 2027 la inversión será de 5.581.056 euros.
Con la autorización de esta prórroga el Gobierno de Canarias da continuidad al servicio que se presta a la población residente en estos municipios mencionados, garantizando la atención sanitaria a la ciudadanía de esta zona sur y sureste de la isla de Gran Canaria de una manera cercana para evitar desplazamientos a la capital, a la vez que se favorece la descongestión de los servicios del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, centro de referencia para el área sur de Gran Canaria.
El Gobierno de Canarias actualiza la normativa que regula la implantación de titulaciones universitarias
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el proyecto de decreto promovido por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias para actualizar la normativa que regula la implantación de titulaciones universitarias oficiales en el sistema universitario de Canarias.
En el mismo acuerdo, el Ejecutivo autonómico solicita el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, trámite preceptivo dentro del proceso de elaboración normativa previo a la aprobación definitiva del decreto.
La nueva norma sustituirá al Decreto 168/2008, de 22 de julio, con el objetivo de adaptar la regulación autonómica al marco estatal vigente, definido principalmente por el Real Decreto 822/2021, que regula la organización de las enseñanzas universitarias y los mecanismos de aseguramiento de su calidad, y por la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, señala que esta actualización normativa “permite ordenar con mayor claridad la tramitación vinculada a la implantación de titulaciones y adaptarla al marco jurídico, garantizando al mismo tiempo la calidad del sistema universitario de Canarias”.
Machín subraya que uno de los objetivos centrales del nuevo decreto es simplificar la tramitación administrativa y reducir cargas burocráticas, una demanda trasladada por las universidades para facilitar la implantación, modificación o extinción de enseñanzas universitarias oficiales.
El proyecto establece un sistema más ágil para la emisión del informe sobre la necesidad y viabilidad académica y social de las titulaciones (INVAS), definiendo con mayor precisión los contenidos de la memoria que deben presentar las universidades y fijando un plazo máximo para su emisión.
Asimismo, reorganiza la verificación de los planes de estudios y fija plazos para la emisión de los informes de las agencias de calidad correspondientes, lo que contribuye a mejorar la planificación de nuevas titulaciones dentro del sistema universitario de Canarias.
El texto también modifica el orden para la implantación de titulaciones, que pasa a tramitarse una vez verificado el plan de estudios, eliminando duplicidades administrativas y ajustando el proceso al marco normativo estatal.
La propuesta incorpora además medidas orientadas a asegurar la sostenibilidad de las titulaciones, de modo que, cuando se detecten determinadas circunstancias tras su implantación, las universidades públicas deberán elaborar un plan de actuación que permita evaluar su continuidad.
También se prevé la creación de un mapa de titulaciones del sistema universitario de Canarias, que recogerá la oferta vigente de estudios de grado, máster y doctorado y las titulaciones previstas por las universidades, facilitando una visión global y accesible de la oferta académica.
El texto introduce igualmente mecanismos de seguimiento de las enseñanzas universitarias oficiales, especialmente en aquellos centros que no cuentan con acreditación institucional, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos académicos adquiridos y salvaguardar los intereses formativos de los estudiantes.
En el ámbito de la internacionalización, el proyecto establece medidas destinadas a reforzar la dimensión internacional de las titulaciones. Estas actuaciones pueden incluir docencia en otras lenguas, programas de movilidad o dobles titulaciones internacionales, siempre adaptadas a la naturaleza de cada estudio y sin que supongan coste adicional para los estudiantes.
Asimismo, el decreto incorpora medidas dirigidas a reforzar la empleabilidad en las enseñanzas de grado, estableciendo que los planes de estudios deben contemplar actuaciones formativas orientadas a facilitar la inserción profesional de los estudiantes. Estas podrán incluir, cuando corresponda, períodos de prácticas académicas externas con una duración mínima de doce créditos ECTS, preferentemente en los últimos cursos de la titulación.
Para la consejera, la actualización de esta normativa “permite avanzar hacia un sistema universitario más ágil en sus procedimientos y más sólido en la planificación de su oferta académica, garantizando que las titulaciones respondan con calidad a las necesidades formativas y profesionales de Canarias”.
Todas las modificaciones han sido acordadas por las universidades canarias, tanto públicas como privadas, cuyas alegaciones han sido recogidas en el documento.
Las familias numerosas de La Palma podrán gestionar el carné directamente en la isla
El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado la suscripción de un Convenio de cooperación entre el Ejecutivo, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y el Cabildo de La Palma para la encomienda de actuaciones de información, asesoramiento, registro y tramitación de solicitudes y entrega de copia en soporte papel de títulos de familia numerosa, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
La finalidad de estos convenios es ofrecer una respuesta ágil, eficiente y próxima a las familias numerosas residentes en la isla a la hora de ejercer su derecho al reconocimiento de tal condición jurídica y la obtención del título administrativo que lo acredita, su renovación, modificación y/o duplicado, lo que beneficia a las 1.143 familias numerosas residentes en La Palma.
El acuerdo articula la cooperación entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Cabildo Insular de La Palma mediante el cual se encomienda a la institución insular las actuaciones relativas a la expedición de títulos de familias numerosas por medios telemáticos, así como su renovación, modificación o expedición por pérdida del título y, de otra parte, de información y asesoramiento en la materia.
En virtud de este acuerdo, la Consejería de Bienestar Social conserva la titularidad y el ejercicio de la competencia administrativa de reconocimiento de la condición de familia numerosa y de expedición del título administrativo correspondiente, de forma que las actuaciones administrativas que se encomiendan al Cabildo Insular se constriñen al ámbito de actuaciones de gestión administrativa, asesoramiento e información a la ciudadanía y acompañamiento de ésta en sus trámites con la Administración autonómica.
Canarias cuenta en la actualidad con un total de 28.079 familias con un carné de familia numerosa.
Bienestar Social incrementa en dos millones de euros la financiación del centro sociosanitario de Tahiche
El Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias el incremento de dos millones de euros en el crédito para la financiación parcial de la residencia de alto requerimiento que construye el Cabildo de Lanzarote en Tahiche.
La actuación tiene por objeto financiar parcialmente el proyecto promovido por el Cabildo de Lanzarote, destinado a la construcción del “Centro Socio Sanitario para Mayores y Centro de Estancia Diurna”, ubicado en la Calle Arcipreste de Hita, Tahiche, en Teguise, que dispondrá de 75 plazas residenciales y 50 plazas de estancia diurna. Se trata de un recurso especializado para personas mayores en situación de dependencia que requieren un nivel medio alto de atención sociosanitaria.
Este proyecto, que ya sido objeto de financiación por parte de la Dirección General de Dependencia en las dos anualidades inmediatamente anteriores (2024 y 2025), en el marco de la planificación estratégica de ampliación de recursos sociosanitarios en el ámbito de la dependencia, es una actuación de carácter estructural y continuado, cuya ejecución requiere garantizar la adecuada dotación presupuestaria en la presente anualidad para asegurar su culminación.
La infraestructura proyectada cumple con los criterios establecidos en la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD.
El Gobierno de Canarias aprueba el decreto que regula la enseñanza del silbo gomero en el sistema educativo isleño
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, el decreto por el que se regula en las islas la enseñanza del lenguaje silbado de la isla de La Gomera para su impartición en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria. Con esta aprobación, el Ejecutivo autonómico culmina el proceso de elaboración normativa iniciado y consolidado durante la presente legislatura para dotar de un marco jurídico estable a estas enseñanzas y garantizar su continuidad en el sistema educativo.
El silbo gomero constituye una de las expresiones culturales más singulares del archipiélago. En 2009 fue declarado en 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento implica para las administraciones públicas el compromiso de impulsar medidas que permitan preservar su conocimiento y asegurar su transmisión a las nuevas generaciones. En el ámbito autonómico, además, el silbo fue declarado Bien de Interés Cultural en 2024 en la categoría de Tradición y Expresión Oral, reforzando su consideración como elemento fundamental del patrimonio cultural de las islas.
La enseñanza del lenguaje silbado se incorporó por primera vez de forma reglamentaria al sistema educativo de La Gomera en 1999, en cumplimiento de una proposición aprobada previamente por el Parlamento de Canarias. Aquella regulación permitió introducir esta práctica comunicativa en los centros educativos de la isla dentro del área de Lengua Castellana y Literatura, reconociendo su valor etnográfico, social, cultural y lingüístico. Posteriormente, una nueva orden aprobada en 2018 actualizó el marco regulador y derogó la normativa anterior.
Con la implantación de la LOMLOE, el desarrollo de los nuevos currículos educativos hizo necesario adaptar la normativa existente para garantizar su plena coherencia con el marco educativo vigente. En ese contexto, el área que dirige Poli Suárez, a través de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, coordinada por David Pablos, impulsó al inicio de la presente legislatura la actualización de la adaptación curricular que permite impartir el silbo gomero dentro del área de Lengua Castellana y Literatura. Esta revisión permitió comenzar a desarrollar estas enseñanzas en los centros educativos de La Gomera conforme al nuevo marco educativo, mientras la Consejería avanzaba en la tramitación del decreto que ahora se aprueba y que establece definitivamente su regulación.
El proceso ha incluido la tramitación administrativa correspondiente, con la emisión de informes preceptivos, la participación de los órganos consultivos y la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. La aprobación de este decreto permitirá consolidar definitivamente la enseñanza del silbo gomero dentro del sistema educativo canario, evitando que su enseñanza dependa de decisiones coyunturales o de iniciativas puntuales, garantizando así su continuidad en el tiempo.
La norma establece la regulación de la enseñanza del lenguaje silbado como concreción curricular dentro del área de Lengua Castellana y Literatura en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria. Para ello incorpora una definición específica de los contenidos, criterios de evaluación y saberes vinculados al aprendizaje de este sistema de comunicación, que quedan recogidos en los anexos que desarrollan su aplicación en ambas etapas educativas.
El decreto regula también los aspectos organizativos relacionados con la coordinación de estas enseñanzas, la formación y acreditación del profesorado encargado de impartirlas y el procedimiento que deben seguir los centros educativos para solicitar su implantación. De esta forma se establece un marco ordenado que permite planificar su desarrollo con garantías pedagógicas y organizativas.
Con la aprobación de este decreto, la continuidad de la enseñanza del silbo gomero queda garantizada en los centros educativos de La Gomera, donde forma parte del currículo desde hace décadas, y abre además la posibilidad de que otros centros educativos de Canarias puedan solicitar su impartición cuando así lo consideren oportuno, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Más allá de su incuestionable valor patrimonial, su incorporación al currículo educativo permite trabajar competencias relacionadas con la comunicación lingüística, el conocimiento del patrimonio cultural y el respeto a la diversidad cultural y lingüística del archipiélago. Su aprendizaje contribuye además a reforzar la conexión del alumnado con la historia, la cultura y las tradiciones de su entorno.
Con la aprobación de este decreto, el Gobierno de Canarias refuerza el papel del sistema educativo como instrumento fundamental para la protección y transmisión del patrimonio cultural del archipiélago, consolidando una política educativa que integra el conocimiento, la valoración y la preservación de los elementos que conforman la identidad cultural de Canarias.
El Gobierno da luz verde a la conmemoración del V Centenario de la creación de la Real Audiencia de Canarias
El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, el decreto por el que se constituye la Comisión Organizadora para la Conmemoración del V Centenario de la Real Audiencia de Canarias, su composición, estructura organizativa y normas de funcionamiento.
La Real Audiencia de Canarias, una institución clave para la organización judicial y administrativa del archipiélago, se creó en 1526, tras la integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla. Su origen se encuentra en una real cédula de Carlos I, que establecía un tribunal de apelación con sede en Gran Canaria y jurisdicción sobre todas las islas, ya que antes de su creación, la justicia se administraba de forma separada en las islas y las apelaciones se resolvían en tribunales peninsulares.
La Audiencia permitió acercar la justicia a los habitantes de Canarias y, además, reforzó la presencia y autoridad de la monarquía en un territorio fragmentado. Con el tiempo, esta institución evolucionó en estructura y competencias hasta convertirse en el actual Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La Comisión Organizadora, que actuará como órgano de representación del Poder Judicial, de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las instituciones canarias vinculadas con la celebración, tendrá como presidente de honor al Rey de España.
Lo componen, además, las personas titulares de la Presidencia del Gobierno de Canarias; Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo; Presidencia del Parlamento de Canarias; del departamento del Gobierno de Canarias competente en materia de justicia; Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en Canarias; Fiscalía Superior de Canarias y la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. También forman parte las personas titulares de la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; los titulares del rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna; y de las Presidencias del Consejo Canario de Colegios de Abogados, del Consejo Canario de Colegios de Procuradores y del Consejo Canario de Graduados Sociales y Diplomados en Relaciones Laborales. Quienes integran esta Comisión podrán actuar en su nombre o mediante representación.
Entre sus funciones está elaborar y aprobar un programa de actividades y recabar la colaboración de los órganos de las Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, así como de particulares, para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y proyectos.
A los efectos de la gestión ordinaria se constituye un Comité Ejecutivo que estará presidido por la persona titular de la Viceconsejería en materia de Justicia del Gobierno de Canarias. Lo componen otros tres representantes del Gobierno de Canarias y los titulares de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; de las presidencias de las Audiencias Provinciales en ambas provincias, de los Tribunales Superiores de Justicia en ambas sedes provinciales y una persona representante de cada una de las Universidades Públicas Canarias experta en la Real Audiencia de Canarias.
Esta Comité se hará cargo de proponer a la Comisión Organizadora la aprobación de los proyectos de investigación, organización de cursos, seminarios y jornadas, edición de libros y estudios, documentales, exposiciones, confección de catálogos, o cuantos otros actos y tareas contribuyan a difundir el conocimiento del significado y papel de la Real Audiencia de Canarias y del Poder Judicial en la historia de Canarias.
Además, impulsará la ejecución del programa de actividades aprobado por la Comisión Organizador, y será responsable de la promoción de la gestión presupuestaria y de la relación con otros órganos de cualquiera de las Administraciones Públicas.
ACFI PRESS
