Clavijo denuncia la lentitud del Gobierno central en la reubicación de menores migrantes y exige más solidaridad entre comunidades
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado la necesidad de haber tenido que demandar al Gobierno de España ante el Tribunal Supremo por la falta de acción en materia de protección de menores migrantes. Según explicó, el último auto del Supremo concede un plazo improrrogable de 15 días al Estado para cumplir con sus obligaciones respecto a los menores de protección internacional, una competencia exclusiva del Ejecutivo central.
Clavijo subrayó que, pese a que este fallo judicial ha acelerado algunos trámites, la situación en Canarias sigue siendo crítica. A modo de ejemplo, señaló la llegada reciente de 248 migrantes a la isla de El Hierro, entre los cuales 41 eran menores extranjeros no acompañados.
El presidente insistió en que el ritmo de distribución debe ser mucho más ágil para salvaguardar el interés superior del menor, advirtiendo que si los ingresos superan a las salidas, se agravará el problema del hacinamiento en los centros canarios. Esta saturación, añadió, impide ofrecer la atención de calidad que observó en el País Vasco, donde mantuvo un encuentro con seis jóvenes migrantes que —según expresó— “tienen muchísimas ganas de contribuir, de trabajar y de salir adelante”.
Clavijo concluyó su intervención apelando a la solidaridad interterritorial, destacando el papel de Euskadi como ejemplo de buena gestión e integración, y expresando su deseo de que “todas las comunidades actuasen como Euskadi” en este proceso.
El presidente advierte del incumplimiento de la Ley de Extranjería y urge al Estado a activar los traslados antes del 18 de marzo
En la segunda parte de su intervención, Clavijo abordó la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, actualmente “bastante atascada”, según sus palabras. Esta reforma establece que, en el plazo de un año, deben ser trasladados a otras comunidades todos los menores que excedan la contingencia migratoria, lo que en el caso de Canarias supone más de 2.000 jóvenes antes del 18 de marzo.
El presidente mostró su preocupación ante la falta de avances, señalando que “no han empezado a salir” los menores, pese a las conversaciones mantenidas con la ministra competente. Clavijo reconoció los esfuerzos del Gobierno central, pero advirtió que “las cosas no están yendo” y el tiempo se agota.
Asimismo, insistió en que cumplir la ley requiere establecer flujos claros de traslado, una vez definida la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma. Destacó la colaboración ejemplar del País Vasco, pero criticó que otras comunidades “ponen palitos en las ruedas” y se niegan a asumir su cuota de solidaridad.
Finalmente, Clavijo recordó que, en caso de negativa, la fiscalía debe intervenir para hacer cumplir la ley, garantizando que los menores sean trasladados “con funcionarios” y en condiciones adecuadas. El presidente concluyó señalando que “lo ideal sería que hubiese una muy buena colaboración, pero si no la hay, habrá que hacer cumplir la ley”.
ACFI PRESS
