El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. A continuación se detallan los acuerdos.
Bienestar Social presenta el primer Diagnóstico y Análisis del estado de los Servicios Sociales en Canarias
El Gobierno de Canarias ha aprobado en Consejo de Gobierno el primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias, paso previo al Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Canarias.
El informe presenta los resultados del Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la Situación y el Estado de los Servicios Sociales en Canarias (DSSC), elaborado entre mayo de 2024 y julio de 2025 por encargo del Observatorio Canario de los Servicios Sociales y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en colaboración con la Universidad de La Laguna. Su objetivo principal es analizar la situación del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) en Canarias para conocer su funcionamiento real y mejorar su adecuación a las necesidades de la población, garantizando calidad, eficiencia y equidad.
Objetivos y metodología del diagnóstico
El estudio se desarrolló en dos grandes fases. En la primera se analizaron las necesidades sociales de la población canaria y la oferta existente de servicios sociales, con el fin de estimar la distancia entre lo disponible y lo previsto en el Catálogo de Servicios y Prestaciones del sistema público. En la segunda fase se examinó cómo funciona el sistema en la práctica, considerando las percepciones de las personas usuarias, del personal técnico y de expertos en el ámbito de los servicios sociales.
Para ello se integraron distintos estudios y fuentes de información. En primer lugar, se utilizó el módulo de servicios sociales del ECOSOC del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que analizó la opinión general de la población mayor de 18 años. Además, se llevó a cabo un análisis de fuentes secundarias sobre el contexto social y administrativo del sistema. También se realizaron encuestas a personas usuarias de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria (691 participantes en 56 municipios) y al personal técnico de los servicios sociales municipales (258 profesionales de 77 municipios). Finalmente, se aplicó un estudio Delphi con expertos del sector para recoger valoraciones estratégicas sobre el sistema.
"Se trata de la primera vez que Canarias cuenta con una herramienta como el Diagnóstico del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, un hito que nos permitirá acercarnos a la realidad del Sistema Público de Servicios Sociales en el conjunto del territorio autonómico, ya que nos permite contar con información sobre la percepción y valoración del sistema de servicios sociales, las demandas y los grados de satisfacción de las personas usuarias, los servicios y coordinación técnica de los servicios y el clima laboral técnico", explicó la consejera del área, Candelaria Delgado.
Conclusiones
El estudio muestra que un 30 % de la población canaria ha tenido contacto con el sistema público de servicios sociales y el 20 % ha sido beneficiaria directa. La valoración media del sistema es positiva, especialmente entre quienes han utilizado los servicios, que le otorgan una puntuación de 6,56 sobre 10, frente al 5,8 de las personas no usuarias. Sin embargo, el conocimiento de la normativa es limitado: solo el 21,4 % de la población conoce la Ley de Servicios Sociales de Canarias y apenas el 8,7 % el Catálogo de Servicios y Prestaciones.
El análisis de fuentes secundarias también evidencia que la información disponible sobre el sistema es fragmentada y heterogénea, con escasez de datos a nivel municipal. El personal técnico por su parte destaca que funciones como la información, orientación y valoración están consolidadas, pero existen carencias de recursos, especialmente humanos, que dificultan cumplir con los objetivos de la ley.
En general, las personas usuarias valoran positivamente la atención recibida: el 89 % tiene una valoración favorable del servicio y los niveles de satisfacción superan el 90 % entre las personas beneficiarias. Los aspectos que más se señalan para mejorar son los tiempos de espera, la información y asesoramiento, y la burocracia administrativa.
En cuanto a las necesidades sociales emergentes, el informe considera necesario reforzar la atención a problemáticas como la soledad no deseada, la salud mental y las adicciones. Aunque la mayoría de las personas usuarias considera relativamente fácil obtener cita en los servicios sociales, se identifican diversas barreras de acceso, especialmente la brecha digital, las barreras físicas o arquitectónicas y los procedimientos burocráticos.
Financiación y retos de futuro
El informe señala que la infrafinanciación del sistema público de servicios sociales es una situación estructural, compartida con el conjunto del sistema español. En Canarias, esta situación se refleja en un reparto desigual de recursos y en una carga financiera significativa para los municipios, que son el primer nivel de atención del sistema.
Entre los principales retos de futuro destacan la necesidad de aumentar la financiación, reforzar las plantillas profesionales, mejorar los sistemas de información y reducir la burocracia. También se plantea la importancia de adaptar el sistema a nuevos desafíos sociales mediante un enfoque más preventivo, comunitario y coordinado entre administraciones.
Balance general
El diagnóstico concluye que existe una brecha significativa entre el marco legal de los servicios sociales en Canarias y su aplicación efectiva en la práctica. Aunque el sistema ofrece una atención valorada positivamente por la ciudadanía y cuenta con profesionales comprometidos, las limitaciones en recursos, planificación y coordinación dificultan garantizar plenamente los derechos sociales recogidos en la normativa.
En consecuencia, el informe subraya la necesidad de avanzar desde un modelo basado en derechos formales hacia un sistema capaz de hacerlos efectivos, mediante mejoras estructurales en financiación, organización y gestión de los servicios sociales.
El Gobierno avanza en la elaboración de la Ley para actualizar los derechos y el reconocimiento de los canarios en el exterior
El Consejo de Gobierno ha dado un paso más este martes en el procedimiento para elaborar la futura Ley de la Canariedad en el Exterior. Esta norma sustituirá a la Ley que regula la red de entidades canarias en otros países desde 1986 y que, tras cuatro décadas en vigor, ha quedado desfasada respecto a la realidad social, normativa y demográfica de los canarios residentes fuera del archipiélago.
Tras el acuerdo alcanzado hoy, el Ejecutivo autonómico remite el proyecto a todos sus departamentos para que analicen su contenido y realicen aportaciones, con lo que el texto sigue el proceso reglado y avanza hacia su aprobación en Consejo de Gobierno y posterior envío al Parlamento canario.
La futura Ley de la Canariedad en el Exterior ya ha superado el periodo de consulta pública previa de 20 días durante los que cualquier persona u organización pudieron presentar opiniones y propuestas a través del portal web institucional, según marca la legislación estatal y autonómica en materia de participación ciudadana. Muchas de esas aportaciones han sido incluidas en el proyecto por parte de la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias.
El Gobierno autonómico considera necesario actualizar el marco legal para reconocer adecuadamente la contribución histórica de la emigración canaria y reforzar los vínculos culturales, sociales e institucionales con las comunidades asentadas en otros países y territorios. En este sentido, la nueva ley regulará de forma más completa los derechos de los emigrados y sus descendientes, incluyendo aspectos como la cobertura sanitaria de urgencia durante estancias temporales en Canarias, ayudas para estudios universitarios, acciones para los retornados y medidas de apoyo social y económico.
También definirá conceptos clave como arraigo, cultura e identidad, actualizará los cauces de participación de las comunidades canarias en el exterior y establecerá un régimen específico de subvenciones que permita justificar los gastos conforme a la normativa del país donde se encuentre cada entidad beneficiaria. Asimismo, la norma cuyo proceso de redacción sigue avanzando habilitará la posibilidad de utilizar entidades públicas o convenios con organizaciones españolas o extranjeras para facilitar el pago de ayudas.
En la actualidad y según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), la cifra de canarios y descendientes en el exterior se sitúa en 200.000. La mayoría están Cuba (unos 65.000), Venezuela (más de 55.000) y Estados Unidos (13.000), aunque también hay muchos en Reino Unido (7.000), Alemania (5.000) y Francia (3.000).
El informe justificativo de la futura Ley de la Canariedad en el Exterior subraya que esta actualización responde al principio de seguridad jurídica, a las demandas actuales de los canarios en el exterior y al mandato expreso del Estatuto de Autonomía de Canarias, que obliga a regular el reconocimiento de la identidad de origen de las comunidades canarias fuera del archipiélago.
Esta iniciativa forma parte del programa legislativo aprobado por el Gobierno presidido por Fernando Clavijo para la XI Legislatura. El documento descarta soluciones alternativas, ya que mantener la normativa vigente supondría prolongar una situación de desajuste legal y de falta de respuesta a las necesidades reales de los emigrados.
El Gobierno autoriza la licitación del servicio de limpieza de Educación por un importe de 68,4 millones
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y a iniciativa de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, un gasto plurianual de 68.450.625,95 euros, con la finalidad de tramitar la licitación del servicio de limpieza de los 311 centros docentes y dependencias administrativas del área educativa en el archipiélago.
La dotación de fondos, que se extenderá a lo largo de tres años, se distribuirá de la siguiente forma: 13.205.566,09 euros en 2026; 34.225.312,98 euros en 2027 y, finalmente, 21.019.746,88 euros en 2028. El contrato permitirá cubrir el servicio de limpieza en la red de centros docentes públicos del archipiélago, integrada por instalaciones educativas distribuidas en todas las islas, además de las dependencias administrativas del departamento.
El nuevo contrato incorpora además mejoras en los mecanismos de control y calidad del servicio, ya que incluye un lote específico de seguimiento y auditoría destinado a supervisar su correcta prestación y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en los centros docentes y dependencias administrativas del departamento.
Con la aprobación de esta autorización, el Ejecutivo autonómico da el paso previo necesario para iniciar la licitación del contrato de limpieza y asegurar la continuidad de un servicio básico para el funcionamiento ordinario de las dependencias que se encuentran bajo la gestión del departamento.
Canarias avanza en la certificación digital de sus docentes
El Consejo de Gobierno, a petición de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, ha tomado en consideración este lunes el proyecto de decreto por el que la Comunidad Autónoma de Canarias regulará los procedimientos para la certificación y reconocimiento de la competencia digital docente, permitiendo unificar criterios en las islas y que las acreditaciones obtenidas por el profesorado canario tengan validez en todo el territorio nacional.
De esta forma, la norma cumplirá lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que establece la obligación de las administraciones educativas de promover el uso pedagógico de las tecnologías en el aula y de desarrollar marcos de referencia sobre competencia digital docente. Tras la actualización, en 2022, del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD), el Ejecutivo regional impulsa ahora su desarrollo reglamentario a nivel autonómico para alinear el sistema educativo canario con el marco estatal.
El proyecto de decreto, impulsado por la Dirección General de Personal y Formación al Profesorado, que coordina Mónica Ramírez, fija un marco homogéneo para el reconocimiento de los distintos niveles de progresión —del A1 al C2— y establece las vías mediante las cuales el profesorado podrá acreditar su competencia digital, mediante formación específica o a través de la evaluación de su práctica profesional y la validación de méritos.
El establecimiento de esta normativa dotará al sistema de mayor seguridad jurídica y reconoce tanto el esfuerzo formativo como la experiencia de los docentes canarios en el proceso de transformación digital. Además, el nuevo marco regulador refuerza la apuesta por un uso responsable, seguro y pedagógicamente eficaz de la tecnología en los centros educativos, poniendo el foco no solo en la capacitación técnica del profesorado, sino también en el bienestar digital del alumnado y en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en línea con una de las prioridades estratégicas del área que dirige Poli Suárez.
Con este paso, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes continúa avanzando en la modernización del sistema educativo canario, consolidando un modelo alineado con los estándares estatales y europeos y orientado a reforzar la competencia profesional de los equipos docentes en el entorno digital.
El Gobierno de Canarias autoriza la implantación de nuevas titulaciones universitarias
En su sesión celebrada este lunes, 15 de marzo, el Gobierno de Canarias ha autorizado varios proyectos de decreto relativos a la implantación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales.
Entre los acuerdos adoptados figura la implantación del Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Asimismo, se autoriza la implantación del Grado en Matemáticas y Ciencias de Datos, el Grado en Maestro en Educación Primaria y el Grado en Matemáticas y Filosofía por la Universidad de las Hespérides.
También se aprueba la implantación del Grado en Física y del Programa de Doctorado en Sostenibilidad y Circularidad por la Universidad Europea de Canarias.
Por otra parte, se autoriza la supresión de dos enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad del Atlántico Medio: el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, y el Máster Universitario en Seguridad en el Trabajo y Sistemas de Gestión Normalizados.
El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Recuperación del drago de Gran Canaria
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, a petición de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, el Plan de Recuperación del drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae), una especie endémica de la isla catalogada en peligro de extinción tanto en el Catálogo Canario como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
El plan aprobado establece una serie de medidas destinadas a mejorar el estado de conservación de la especie y aumentar su población. Entre las principales actuaciones previstas se encuentra el refuerzo de los núcleos existentes mediante la plantación de al menos 240 nuevos ejemplares obtenidos en vivero, así como la creación de cuatro nuevos núcleos poblacionales con un mínimo de 15 individuos cada uno.
Asimismo, el documento contempla la conservación ex situ del material genético mediante la recogida anual de semillas y su depósito en bancos públicos de germoplasma, con el objetivo de garantizar la preservación genética de la especie.
El documento elaborado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía también recoge medidas dirigidas al control de las principales amenazas que afectan al drago de Gran Canaria, entre ellos los herbívoros introducidos, la presión sobre el hábitat o factores ambientales como sequías, incendios o desprendimientos.
Además, se delimitan 1.754 hectáreas como áreas críticas para la conservación de la especie, en las que se regulan determinados usos del suelo con el fin de evitar impactos negativos sobre su hábitat natural.
El presupuesto estimado para la ejecución de las actuaciones previstas asciende a 1.095.607 euros. Las medidas consideradas prioritarias, dirigidas a evitar la desaparición de la especie, concentran la mayor parte de la inversión prevista.
El plan tendrá vigencia indefinida hasta alcanzar los objetivos de recuperación establecidos y contempla un horizonte inicial de cinco años para la programación de actuaciones y su financiación. Transcurrido este periodo se realizará una evaluación para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos y determinar la necesidad de posibles ajustes.
Una vez aprobado el plan, su ejecución corresponderá al Cabildo de Gran Canaria, bajo la supervisión del Gobierno de Canarias. Para el desarrollo de las actuaciones se designará una dirección técnica responsable de la planificación y seguimiento de las medidas, y se constituirá un grupo de trabajo con representación del Cabildo y del Ejecutivo autonómico encargado de evaluar periódicamente los avances del programa.
La población natural de esta especie es actualmente muy reducida. Según el censo más reciente realizado en 2023, se contabilizan 61 ejemplares en estado silvestre, de los cuales 13 son adultos y 48 juveniles. Estas poblaciones se localizan en riscos de difícil acceso del suroeste de Gran Canaria, principalmente en las zonas de Rampa de Tauro y Fataga-Vicentillos, y presentan una distribución fragmentada.
El Gobierno de Canarias aprueba los planes de recuperación de los lagartos gigantes de El Hierro y Tenerife
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, a petición de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, los nuevos planes de recuperación del lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi) y del lagarto gigante de Tenerife (Gallotia intermedia), dos especies endémicas del archipiélago incluidas en la categoría de “en peligro de extinción” tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas.
Estos instrumentos de planificación establecen las medidas necesarias para mejorar el estado de conservación de ambas especies, cuya distribución actual se encuentra muy reducida respecto a la que presentaban históricamente en sus respectivas islas.
En el caso del lagarto gigante de El Hierro, la especie se distribuía antiguamente por amplias zonas de la isla, aunque en la actualidad su población se encuentra mayoritariamente restringida a los riscos de Tibataje. Esta situación está relacionada con distintos factores de amenaza, entre los que destacan los depredadores introducidos, que han limitado su expansión y han favorecido su refugio en zonas de difícil acceso.
El plan aprobado, que cuenta con un presupuesto total previsto de 1.991.187 euros, establece diferentes líneas de actuación orientadas a garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo. Entre ellas se incluyen el impulso de la cooperación entre administraciones públicas, el refuerzo de los programas de cría en cautividad, la creación de nuevos núcleos poblacionales en áreas seguras y el desarrollo de estudios científicos que permitan ampliar el conocimiento sobre su biología, su ecología y los factores que afectan a su conservación. Asimismo, contempla acciones de divulgación dirigidas a la población local y a los visitantes para favorecer el conocimiento y la protección de la especie. Las acciones serán ejecutadas por el Cabildo Insular de El Hierro.
En cuanto al lagarto gigante de Tenerife, la especie presenta actualmente una distribución muy limitada, localizada principalmente en los acantilados de Teno y Guaza, ocupando menos del 1% de su área de distribución original en la isla.
El plan de recuperación, que cuenta con un presupuesto de total previsto de 1.703.022 euros, prevé la aplicación de medidas destinadas a detener el declive de las poblaciones naturales, mediante el control de mamíferos introducidos y el seguimiento de las poblaciones existentes. Además, contempla la creación de un stock genético en condiciones de semicautividad mediante la translocación de individuos, con el objetivo de disponer de una reserva de ejemplares que contribuya a reforzar la viabilidad de la especie. Las acciones serán ejecutadas por el Cabildo Insular de Tenerife.
Ambos planes se desarrollarán por fases, con una primera etapa de cinco años durante la cual se ejecutarán las principales actuaciones previstas. Transcurrido este periodo, se realizará una evaluación del estado de conservación de las especies y del grado de cumplimiento de las medidas adoptadas, manteniéndose la vigencia de los planes hasta la consecución de los objetivos establecidos.
El Gobierno autoriza el gasto de 11 millones de euros para la prestación de los servicios postales
El Consejo de Gobierno ha autorizado en el día de hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la realización del gasto correspondiente al expediente para la contratación administrativa de los servicios postales, integrados en el Servicio Postal Universal, para el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de once millones ochenta y seis mil trescientos ochenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos (11.086.389,42 €).
Este gasto ya se autorizó en junio del año pasado por valor de 10.536.389,42 de euros por dos años, pero no prosperó ya que Correos no se presentó. El gasto autorizado ahora es igual al anterior, pero adiciona un importe anual de 550.000 euros por el coste de impresión, plegado y ensobrado en la modalidad de gestión informatizada integral de notificaciones administrativas.
Los servicios postales en el ámbito de la administración pública incluyen el envío de cartas, notificaciones administrativas y libros y publicaciones periódicas (hasta 2 kg de peso), así como el servicio de paquetería de prestación periódica concertada (envío de todo tipo de paquetes con destino nacional e internacional, con un peso de hasta 60 kg)
El procedimiento de contratación que ahora se propone es el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la protección de derechos exclusivos ya que, Correos y Telégrafos, S.A. tiene la condición de operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal por un período de 20 años y es el único operador que goza de la presunción de veracidad y fehaciencia en la práctica de notificaciones y comunicaciones. Esta última condición respecto a los administrados, le permite garantizar la certeza de su entrega, con todos los requisitos exigidos para que notificaciones y comunicaciones administrativas tengan plena eficacia.
El documento incluye diversas propuestas de mejora como aumentar la inversión por habitante, modernizar los procesos de gestión y ampliar las plantillas laborales
ACFI PRESS
