El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidió este lunes la reunión del Consejo de Gobierno que se celebró en la sede del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Posteriormente, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, daba a conocer los acuerdos alcanzados, que son los siguientes:
El Consejo de Gobierno autoriza las condiciones y requisitos para la jubilación parcial del personal laboral
El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, el acuerdo por el que se establecen las condiciones y requisitos para el ejercicio del derecho al acceso a la jubilación parcial, sin necesidad de suscribir un contrato de relevo obligatorio, del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
El acuerdo regulatorio, alcanzado con la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo del Personal Laboral a través de la Dirección General de la Función Pública, permitirá reducir la jornada laboral entre un 25% y un 75%. A partir de ese momento, la persona trabajadora continuará desempeñando su mismo puesto mediante la transformación de su contrato de trabajo de tiempo completo a tiempo parcial, con la correspondiente reducción proporcional de sus retribuciones.
La solicitud deberá presentarse con al menos seis meses de antelación respecto a la fecha en la que pretenda dejar de trabajar a jornada completa. Para poder acceder a esta modalidad será necesario ser personal laboral de la Administración autonómica, estar en régimen de jornada completa y cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social.
Requisitos
El texto establece que, con carácter general, durante los tres primeros meses de jubilación parcial la persona trabajadora deberá prestar servicio diariamente en la parte de jornada que le corresponda. Este periodo tiene como objetivo facilitar la transmisión de conocimientos y experiencia al resto del personal de la organización.
Una vez superados esos tres meses iniciales, la prestación del trabajo podrá mantenerse de forma diaria o bien organizarse de manera acumulada -semanal, mensual, anual o incluso concentrada en un único periodo- hasta el momento en que la persona acceda a la jubilación ordinaria total.
En los puestos vinculados a servicios públicos esenciales, como centros educativos o del área de bienestar, la jornada podrá organizarse de forma acumulada desde el inicio para garantizar la prestación del servicio.
Derechos
El acceso a la jubilación parcial estará condicionado al reconocimiento de la pensión por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Una vez concedida, se modificará el contrato a tiempo parcial y la persona trabajadora continuará en su mismo puesto hasta la jubilación total, sin poder participar en procesos de promoción interna, selección de personal, concursos de traslado u otros procedimientos de movilidad salvo por motivos de salud.
La persona que acceda a la jubilación parcial mantendrá los mismos derechos que el personal que trabaja a jornada completa, si bien aquellos vinculados al tiempo de trabajo se disfrutarán de forma proporcional a la jornada efectivamente realizada. En particular, tendrá derecho a vacaciones y a días de asuntos particulares en función del tiempo trabajado, con independencia de que la prestación de servicios se realice de forma acumulada o no.
Asimismo, el acceso a esta modalidad de jubilación no supondrá la pérdida de derechos adquiridos ni de la antigüedad reconocida, y la Administración no podrá disponer del puesto de trabajo mientras la persona permanezca en situación de jubilación parcial.
La autorización del acuerdo se formalizará mediante la firma de un acta entre la Dirección General de la Función Pública y las organizaciones sindicales representadas en la Comisión Negociadora del convenio colectivo. Posteriormente se publicará en el Boletín Oficial de Canarias para su entrada en vigor.
El Gobierno solicita dictamen al Consultivo sobre el decreto de la persona facilitadora de apoyo en sedes judiciales
El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, solicitar el dictamen al Consejo Consultivo sobre la figura de la persona facilitadora que prestará apoyo a personas con discapacidad y a mayores en sedes judiciales y fiscales.
Este decreto tiene por objeto establecer los requisitos, principios de actuación, actuaciones a realizar y la forma de designación del personal experto que actúe como personal facilitador, para asistir a las personas con discapacidad, así como a personas mayores con 75 años o más en los procesos y actuaciones judiciales o ante el Ministerio Fiscal, garantizándose así, la igualdad de las personas destinatarias de este recurso en sus relaciones con la Administración de Justicia.
De esta forma, el Gobierno de Canarias consolida su apuesta por una mayor humanización de la justicia y avanza en la accesibilidad del sistema al eliminar barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión.
La persona facilitadora deberá asegurar una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales, apoyar a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen los ajustes razonables, las adaptaciones y el apoyo adecuados. Se hace constar que la persona facilitadora no habla en nombre de las personas destinatarias, ni del sistema de justicia, ni debe dirigir o influir en la toma de las decisiones o en los resultados. Sus funciones serán informar, diseñar y facilitar, tanto a los profesionales de la justicia implicados, como a las personas destinatarias.
Para poder ser designados como personas facilitadoras deben estar en posesión de la titulación y/o graduación en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, pedagogía, psicopedagogía y criminología. Además, tiene que contar con la cualificación profesional específica necesaria, obtenida por alguna de las siguientes vías: certificado de haber cursado una formación específica en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad; estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador para apoyo a personas con discapacidad o personas mayores en procesos judiciales; acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad y las personas mayores.
Otro requisito es carecer de antecedentes penales en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, aportando el correspondiente certificado de delitos de naturaleza sexual o bien permitiendo a la administración pública a comprobar el contenido del registro. Por último, se requiere estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal facilitador.
Cuando la persona con discapacidad sea menor de edad, la persona que actúe como su persona facilitadora debe reunir los requisitos señalados en el artículo anterior y además estar en posesión de cursos de formación específica en atención a la infancia y adolescencia con una duración mínima de 60 horas.
Otras actuaciones de la Consejería
En la misma línea de humanizar la justicia, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto en marcha un proyecto piloto en el partido judicial de Arrecife que permite solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderlo y también ha implantado un proyecto de acompañamiento de animales de compañía a las víctimas menores de edad que acuden al denominado juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.
El Consejo de Gobierno autoriza el reparto de 433 millones del Fondo de Financiación Municipal 2026
El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente al ejercicio 2026, por un importe total de 433.016.987 euros, en cumplimiento de lo previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este ejercicio.
Este monto supone un incremento del 8,35 % con respecto al 2025, lo que se traduce en un total de 33.370.484 euros más. De esa cantidad global, se destina un 1% -4.330.169,87 euros- a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), tal y como marca la normativa. El resto, 428.686.817,13 euros, se reparte entre los ayuntamientos del archipiélago.
La distribución de estos fondos se realiza siguiendo los criterios fijados por la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. Entre ellos, destacan el número de habitantes de cada municipio y su dispersión territorial, es decir, cómo se distribuye su población dentro del territorio. Para ello se han utilizado los datos oficiales disponibles más recientes, correspondientes al 1 de enero de 2025.
La distribución del fondo se realiza conforme a varios indicadores como son la población, en un 68 %; la solidaridad, en un 16 %; la insularidad periférica, en un 1%; la extensión territorial, en un 2 %; los espacios naturales protegidos, en un 2 %; las plazas alojativas turísticas, en un 2 %; la dispersión territorial, en un 5% y las unidades escolares, en un 4%.
Criterios de reparto
En el caso concreto del criterio de dispersión, se han tenido en cuenta variables como la población total del municipio, el número de núcleos de población y los habitantes de la capital municipal. Dado que en los datos actuales no se especifica qué núcleo es la capital en cada municipio, se ha mantenido la misma referencia utilizada en años anteriores, basada en información oficial de 1996, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema.
Asimismo, el criterio de extensión superficial se ha basado en la información cuya certificación corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, mientras que los datos relativos a espacios naturales protegidos, plazas alojativas turísticas y unidades escolares han sido aportados por las consejerías competentes en cada materia.
Con este acuerdo, el Gobierno de Canarias autoriza además el gasto completo del fondo y dará cuenta de esta decisión al Parlamento de Canarias, tal y como exige la normativa vigente.
La propuesta ha seguido todos los trámites necesarios, incluyendo la consulta a la Federación Canaria de Municipios y los informes de la Intervención General y de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia.
El Gobierno de Canarias aprueba seis planes de recuperación de flora endémica en peligro de extinción
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, seis planes de recuperación dirigidos a especies de flora endémica catalogadas en peligro de extinción, con el objetivo de garantizar su supervivencia y mejorar el estado de conservación de sus hábitats.
Estos instrumentos de planificación dan cumplimiento a la normativa estatal y autonómica en materia de biodiversidad, que establece la obligatoriedad de desarrollar planes específicos para las especies incluidas en esta categoría de protección, y se integran en la estrategia autonómica de conservación del patrimonio natural.
Entre los planes aprobados se encuentra el de la yerbamuda de Jinámar (Lotus kunkelii), localizada en la isla de Gran Canaria, con un presupuesto de 908.959 euros. La ejecución de este plan corresponderá al Cabildo de Gran Canaria, bajo la supervisión del Gobierno de Canarias. También se ha aprobado el plan del cardo de Tenteniguada (Onopordum carduelium), igualmente en Gran Canaria, con una dotación de 794.109 euros, cuya ejecución recaerá en el Cabildo insular.
En el caso de las especies pico de fuego (Lotus pyranthus) y pico cernícalo (Lotus eremiticus), presentes en La Palma, el plan cuenta con un presupuesto de 738.792 euros y será ejecutado por el Cabildo de La Palma, bajo coordinación autonómica.
Asimismo, el Gobierno ha dado luz verde al plan conjunto de la piñamar (Atractylis preauxiana) y la piñamar mayor (Atractylis arbuscula), con presencia en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Este plan dispone de un presupuesto de 1.859.126 euros y su ejecución corresponderá directamente al Gobierno de Canarias, con la participación de los cabildos implicados.
A estos cuatro planes se suman los dos ya aprobados en semanas anteriores, como el de la escobilla de Guayadeque (Thesium canariense), especie endémica de Gran Canaria, con un presupuesto de 728.252 euros, cuya ejecución corresponde al Cabildo de Gran Canaria, y el del drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae), con una inversión de 1.095.607 de euros.
Los distintos planes contemplan actuaciones orientadas a incrementar el número de ejemplares, mejorar las condiciones del hábitat, ampliar las áreas de distribución y reducir las amenazas que afectan a estas especies, como la herbivoría por fauna introducida, la presión humana o la presencia de especies invasoras.
Además, incluyen medidas para la conservación de material genético en bancos de germoplasma, la producción de plantas en vivero, la designación de áreas críticas, así como acciones de seguimiento, investigación y divulgación.
Los planes tienen un horizonte de actuación de cinco años, aunque su vigencia se mantendrá hasta alcanzar los objetivos de conservación fijados. Con su aprobación, el Gobierno de Canarias refuerza los instrumentos de gestión destinados a la protección de la biodiversidad terrestre del archipiélago.
Dos planes de recuperación de fauna
Además de estos planes de flora, en el pasado Consejo de Gobierno también se aprobaron los planes de recuperación de los lagartos gigantes de El Hierro (1.991.187 euros) y Tenerife (1.703.022 euros). Las actuaciones incluyen el control de amenazas, el refuerzo de poblaciones, la investigación científica y la divulgación para favorecer su conservación. Ambos planes serán ejecutados por el cabildo correspondiente.
Bienestar Social convenia con Fuerteventura la realización de informes previos para el reconocimiento del grado de discapacidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio por el que el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, encomienda al Cabildo Insular de Fuerteventura la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad en la isla.
Para la ejecución de este acuerdo, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias destinará una partida de 125.055,27 euros del presupuesto de la Dirección General de Discapacidad con el objetivo de sufragar los costes de personal asignado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, esto es, una psicóloga y dos trabajadoras sociales. La valoración médica, por su parte, continuará realizándose con personal que aporta la propia dirección general, que dispone de personal médico, de enfermería y terapeuta ocupacional.
Según explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, "como ya se ha señalado, las islas no capitalinas ya no tienen lista de espera en la valoración de la discapacidad. Esto significa que las personas obtienen su reconocimiento en menos de seis meses. Con este convenio, se agilizará aún más la tramitación de los expedientes de reconocimiento de grado de discapacidad en la isla, manteniendo nuestro compromiso con conseguir unas islas más iguales, donde el lugar de residencia no determine el nivel de atención y la rapidez en la consecución de sus derechos".
El acuerdo contempla la redacción de los informes técnicos para vivienda de protección oficial, acceso y adecuación a puestos de trabajo y acceso a planes de ayudas de ayuntamientos, así como cualquier otro que corresponda emitir a los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
La encomienda de gestión se llevará a cabo en coordinación con los equipos multiprofesionales, encuadrados orgánica y funcionalmente, en el Centro de Valoración de la Discapacidad de Las Palmas, centro dependiente de la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Serán estos equipos multiprofesionales los encargados de emitir el dictamen-propuesta, a partir de la valoración efectuada y de los informes psicológicos y sociales elaborados por el personal del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Al objeto de evaluar los resultados del convenio y de coordinar la colaboración entre las partes, se creará una Comisión de Seguimiento y control del presente convenio, que tendrá, entre otras funciones, velar por el correcto cumplimiento del mismo y garantizar el intercambio de información entre ambas administraciones.
ACFI PRESS
