El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, aprovechó la tradicional ceremonia de apertura del año judicial 2022-23 en las Islas para denunciar que el bloqueo que está sufriendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial trasciende de un mero problema gubernativo y ya afecta al buen funcionamiento de los órganos judiciales isleños en el ámbito jurisdiccional, pues actualmente cuatro de sus órganos clave las dos salas provinciales de lo Social del TSJC, la sede de Las Palmas de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Audiencia Provincial de Las Palmas se encuentra sin presidente y sin visos de que sea nombrado en un futuro inmediato, ya que la interinidad del Consejo impide la renovación de cargos discrecionales.
“Sólo en este Tribunal Superior se encuentran vacantes a día de hoy cuatro presidencias”, expuso, “justo el doble que el año pasado por estas fechas, lo que priva a la Sala de Gobierno de otros tantos miembros natos, por lo que actualmente sólo son tres de un total de siete los que la componen, y está causando efectos en el funcionamiento jurisdiccional de los órganos”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia aprovechó la ceremonia, ayer en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, para reclamar de los miembros de la clase política “altura de miras alejada de oportunismos e intereses partidistas” para alcanzar “cuanto antes” un acuerdo para renovar el gobierno de los jueces y para “adoptar un modelo de elección de los vocales de procedencia judicial con arreglo a los estándares europeos”.
El acto solemne contó con la presencia en el estrado de la Sala de Gobierno del TSJC, del fiscal superior de Canarias en funciones Vicente Garrido, de las dos fiscales jefes provinciales Beatriz Sánchez y Maria Farnés Martínez, de las secretarias coordinadores provinciales y de representantes de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales.
Entre el público se encontraba el presidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres, el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez o el presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales, entre otras autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
Bragado recordó que los datos estadísticos sobre la actividad judicial en las islas siguen señalando a Canarias como el territorio donde más se litiga del Estado (171 pleitos por casa 1.000 habitantes en 2021, caso 39 puntos por encima de la media nacional), y advirtió que el avance de cifras del presente año sigue apuntando esta tendencia, si bien “la buena noticia” es que durante el primer trimestre de 2022 se registró una disminución del 23% en los asuntos penales en las islas.
Recordó que durante el curso 2021-22 la Sala de Gobierno que preside se reunión un total de 19 ocasiones, adoptando un total de 395 acuerdos, y enumeró, entre los objetivos para el presente año, continuar la labor de seguimiento de todos los órganos y partidos judiciales del Archipiélago “con especial énfasis en los más colapsados” (en este sentido apuntó a Granadilla de Abona y a San Bartolomé de Tirajana), contribuir a la implantación definitiva del expediente judicial electrónico, seguir impulsando medios alternativos de solución de conflictos o desarrollar el plan de inspección en coordinación con el Servicio de Inspección del Consejo, que este año prevé el chequeo a cuatro órganos judiciales isleños.
El presidente llamó la atención sobre las distonías en cuando a la opinión sobre el funcionamiento del servicio público de la Justicia: mientras una reciente encuesta asevera que el 77% de los ciudadanos cree que el Poder Judicial no es independiente del Ejecutivo, el 99% de los magistrados se siente “totalmente independiente para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional”.
“¿Qué pone de manifiesto esta discordancia?”, se preguntó el magistrado. “A mi juicio, evidencia el deterioro del Estado de Derecho y la negativa imagen que se está transmitiendo a la ciudadanía sobre el funcionamiento de una de sus instituciones capitales”, expuso.
“De ahí la necesidad de reclamar la observancia de las reglas de juego”, continuó. “Con ello me refiero no solo a la inaplazable renovación del Consejo, sino también al respeto de las resoluciones judiciales y de su cumplimiento, porque, en definitiva, eso es el Estado de Derecho”, dijo.
ACFI PRESS
