La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, junto a las asociaciones Madres Sin Miedo, Somos Uno Más, Con Tu Ayuda Todos Sumaremos y Amararte, denuncian públicamente el maltrato institucional que está sufriendo el alumnado con discapacidad en Canarias, tanto en aulas ordinarias como en aulas enclave.
Las familias alertan de que se están aplicando castigos, sanciones y expulsiones por conductas propias de los diagnósticos y dificultades del alumnado, criminalizando comportamientos directamente vinculados a la discapacidad en lugar de ofrecer apoyos y ajustes razonables. Estas prácticas están siendo utilizadas, además, como una estrategia de presión para forzar cambios en los dictámenes de escolaridad, empujando al alumnado hacia modelos cada vez más segregadores.
Las familias viven bajo una presión constante: llamadas reiteradas para retirar a sus hijos del centro, amenazas de sanción, retirada de servicios básicos y una culpabilización sistemática que las lleva al límite emocional y laboral. Todo ello se justifica por la propia condición de discapacidad del alumnado, aplicando reglamentos internos de centro como si fueran leyes, situándolos por encima de la normativa estatal, internacional y de los derechos fundamentales.
Estas actuaciones son ilegales y vulneran el derecho del alumnado con discapacidad a una educación inclusiva, segura y ajustada a sus necesidades reales. A continuación se exponen los testimonios de familias afectadas, que muestran que no se trata de hechos aislados, sino de una realidad reiterada.
Mi hijo, Guennady (9 años), comenzó a tener episodios de desregulación emocional a partir de octubre, coincidiendo con un proceso de maduración y con la toma de conciencia de sus diferencias respecto a sus compañeros. En el comedor y en el aula quería hacer lo mismo que los demás: comer igual, usar los mismos libros, participar en igualdad. Esa frustración se tradujo en conductas difíciles que, lejos de abordarse con apoyos adecuados, fueron tratadas como un problema disciplinario. Durante varias semanas el centro me llamó repetidamente para que fuera a retirarlo del colegio. Él no quería irse a casa, quería volver al aula, pero la dirección se lo impedía. Finalmente, el centro decidió expulsarlo dos días, una medida que mi hijo no entendió por su discapacidad y que no resolvió nada. Tras otros incidentes, se me entregaron facturas por daños materiales y, más tarde, se me impuso que mi hijo abandonara el centro a las 14:00 h, privándolo del servicio de comedor “por seguridad”. Firmé ese documento no conforme. Hoy la situación está calmada, pero el mensaje que hemos recibido como familia es claro: en lugar de apoyo, se responde con exclusión.
Durante todo el primer trimestre, mi hijo Santi (12 años) estuvo en el instituto sin adaptaciones ni apoyos, a pesar de que todos los profesionales que lo han atendido durante más de once años han recomendado de forma clara su escolarización en aula ordinaria. Desde el equipo de orientación comenzaron a cuestionar su capacidad para estar en el aula ordinaria e insistieron en bajarle el nivel, sin una valoración ajustada a sus necesidades reales. Tras solicitar por escrito, a mediados de noviembre, que se activaran los recursos que le correspondían, la actitud del centro cambió por completo. No se produjo ninguna reunión con la dirección y la responsabilidad se fue trasladando entre distintos profesionales, mientras mi hijo seguía sin recibir los apoyos necesarios, a pesar de que va aprobando el curso. Incluso su neuropsicóloga mostró su total desacuerdo con la propuesta del centro. Como familia, vivimos esta situación como un castigo por reclamar derechos y como un intento de apartar a nuestro hijo del sistema ordinario en lugar de garantizar la inclusión.
Desde que mi hijo Tomás (7 años) fue derivado al aula enclave con apenas 3 o 4 años, no ha existido una integración real con sus compañeros, sin que hubiera motivos educativos que justificaran esa separación. Esta escolarización segregada ha marcado toda su experiencia escolar y ha generado frustración desde edades muy tempranas. En el centro anterior ya se había iniciado el proceso para sacarlo del aula enclave, al considerar que, por sus capacidades, necesita escolarización en aula ordinaria. Sin embargo, este curso, la falta de protección y de respuesta educativa adecuada agravó la situación. Tras sufrir una agresión por parte de una auxiliar y no adoptarse ninguna medida de seguridad, nos vimos obligados a cambiarlo de centro. Este cambio forzado paralizó todo el proceso de inclusión que ya estaba en marcha y nos obligó a empezar de nuevo desde cero, con el perjuicio académico y emocional que ello conlleva. Actualmente, pese a tener capacidades cognitivas acordes a su edad, sigue viviendo situaciones de exclusión, como no compartir patio con niños de su grupo de edad.
Soy padre de Pablo (11 años), diagnosticado de forma tardía de autismo tipo 1. Desde el inicio de su escolarización con diagnóstico, la respuesta del centro y del profesorado fue la confrontación constante: gritos, órdenes repetidas sin tiempo de procesamiento y ausencia total de comprensión de sus necesidades sensoriales y emocionales. Conductas propias de su condición fueron calificadas como “intentos de agresión”, derivando en expedientes disciplinarios y expulsiones, aplicando el decreto de convivencia como si se tratara de conductas deliberadas. A pesar de denunciar ante Inspección educativa, orientación y EOEP, no se adoptó ninguna medida de protección. Finalmente, mi hijo fue trasladado a otro colegio. Allí, con profesionales formados y humanos, no ha tenido ningún incidente, obtiene buenas notas, ha recuperado la autoestima y vuelve a querer ir al colegio. Nadie se ha cuestionado por qué un niño señalado durante años progresa cuando se le trata con respeto.
Desde el centro educativo nos están presionando para que nuestra hija Azahara (6 años) entre en aula enclave, a pesar de que siempre ha estado escolarizada en aula ordinaria y su evolución ha sido positiva. De repente, el discurso ha cambiado y se le atribuyen conductas que nunca se han dado ni en casa, ni en el colegio, ni en terapia. En casa, lee, escribe y trabaja con tranquilidad. Las orientadoras han confirmado que no es una niña de aula enclave, pero el profesorado y la dirección presionan para convencernos de que es “lo mejor para ella”, forzando una decisión segregadora en lugar de garantizar apoyos reales.
Mi hijo Uriel (13 años) fue diagnosticado con TEA leve a los 3 años y medio. Todos los especialistas que lo han evaluado han sido claros: no presenta dificultades cognitivas y siempre ha tenido capacidad para seguir el currículo ordinario, necesitando únicamente apoyos en el ámbito social y comunicativo. Durante toda su escolarización en colegios ordinarios en otros países estuvo bien integrado, participó en actividades culturales y académicas y nunca fue cuestionada su capacidad.
Al llegar a España, incorporándose tarde a 2.º de la ESO y en un contexto personal y familiar muy complejo, la respuesta del centro ha sido muy distinta. En reuniones con tutora y orientación se han señalado conductas propias de su condición como si fueran un problema, y se ha insinuado que el nivel educativo es “demasiado alto” para él, planteando otras modalidades de titulación, pese a su historial académico positivo.
Como madre, tuve que dejar claro que no acepto que se le baje el nivel ni que se le subestime. Mi hijo no necesita que se rebajen expectativas, necesita comprensión, apoyos y estrategias reales. La inclusión no consiste en enumerar dificultades, sino en acompañar procesos y garantizar que ningún alumno sea limitado por prejuicios o falta de voluntad del sistema.
Somos una pareja con un hijo, Gabriel ( 7 años) diagnosticado de TDAH con comorbilidad de Trastorno Negativista Desafiante. Vivíamos en Fuerteventura, pero ante la falta de recursos especializados en neurodivergencia nos trasladamos este curso a Gran Canaria buscando atención médica adecuada. Desde el inicio facilitamos al centro educativo toda la documentación médica para que se adoptaran las medidas educativas necesarias.
La respuesta del centro fue completamente inadecuada. En pocos meses, nuestro hijo ha sido expulsado cinco veces, acumulando más de un mes fuera del colegio, como consecuencia directa de conductas derivadas de su neurodivergencia. Desde el primer momento nos opusimos a estas medidas disciplinarias, pero el centro se amparó en un supuesto régimen interno y en el decreto de convivencia, utilizando la expulsión, los castigos y la retirada de recreos como única forma de intervención, llegando incluso a presionarnos para cambiar la medicación “hasta que dejara de dar problemas”.
Además, se nos sugirió que nuestro hijo no continuara en el comedor escolar y en ningún momento recibimos comprensión ni acompañamiento, sino una constante culpabilización del menor y de la familia. En total, ha acumulado 17 días lectivos de expulsión, que en la práctica se convierten en periodos mucho más largos, con un grave impacto emocional y académico. Cada expulsión aumenta su frustración, su desfase curricular y la probabilidad de nuevas crisis. Como familia, sentimos que el sistema no solo ha fallado a nuestro hijo, sino que ha agravado su situación en lugar de protegerlo.
Mi hijo, Elliot, tiene diagnóstico de TEA no verbal y está escolarizado en aula enclave, es decir, en educación especial. Aun así, su escolarización ha estado marcada por la inestabilidad del profesorado, la falta de apoyos adecuados y la ausencia de estrategias ajustadas a sus necesidades.
Durante el curso, el centro ha respondido a conductas propias de su diagnóstico con sanciones, castigos y expulsiones, llegando incluso a suspenderlo varios días y a emitir decenas de partes de incidencias por los mismos hechos. Estas medidas han supuesto una criminalización de mi hijo por comportamientos directamente vinculados a su discapacidad.
Pese a contar con el apoyo de profesionales externos que ofrecieron pautas claras de intervención, estas no fueron aplicadas. Como familia, ya no podemos con la presión: tenemos que mantener nuestro trabajo mientras recibimos constantes llamadas del centro para ir a buscar a nuestro hijo, y al mismo tiempo vemos su sufrimiento, porque todo este proceso lo ha resentido profundamente a nivel emocional y físico.
Mi hijo Thiago ( 7 años) fue diagnosticado de forma privada tras comenzar con problemas de conducta en el colegio y llamadas constantes a casa. Actualmente tiene diagnóstico de TDAH, TEA y trastorno de la conducta. Desde entonces, en lugar de recibir apoyos adecuados, hemos vivido situaciones muy graves: se le han grabado vídeos durante sus crisis y difundido, y ha sufrido agresiones por parte de profesores, hechos que han sido denunciados judicialmente con parte de lesiones.
Este mismo curso ha sido suspendido durante 15 días, obligándome a asumir yo sola su educación en casa. No se le permite acudir solo a excursiones y el curso pasado directamente no pudo participar en ninguna por recomendación del profesorado. Incluso ha sido suspendido en Educación Física por no relacionarse con sus compañeros, algo que considero profundamente injusto. Además, sufre burlas por parte de otros niños y, sistemáticamente, el señalado como “el problema” acaba siendo siempre mi hijo.
Cuando falta su auxiliar educativo, que solo se ha incorporado este trimestre, se me pide directamente que no lo lleve al colegio. Tengo un hijo de siete años que perdió a su padre con dos años y medio, y soy madre sola a cargo de él y de sus hermanos. Sé que la situación es compleja para los centros, pero también lo es para las familias. Falta empatía, orientación y apoyos reales tanto para los niños como para quienes los acompañamos. Las asociaciones firmantes exigen el cese inmediato de estas prácticas, la activación de apoyos reales y el respeto pleno a los derechos del alumnado con discapacidad.
La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva lleva tiempo denunciando que estas actuaciones, que vulneran de forma sistemática los derechos del alumnado con discapacidad en Canarias, suponen un atentado contra los derechos humanos y fundamentales. Asimismo, denunciamos que las familias y las entidades representativas no han sido tenidas en cuenta en la elaboración del Decreto de Convivencia, una exclusión que agrava la situación actual y la hace insostenible.
ACFI PRESS Javier Melián
