El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado el proyecto de Ley de Políticas de Juventud, paso previo para su remisión al Parlamento, donde se procederá a su debate antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor.
El proyecto de Ley tiene como objeto favorecer la autonomía de la población joven de Canarias, entendiendo como tal la capacidad de construir un proyecto propio de vida, individual y colectivo, promoviendo la igualdad de oportunidades. Esta nueva ley se adecúa a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 y hace hincapié en recursos materiales, económicos y humanos a todos los niveles institucionales favorecer las políticas de juventud.
Además, la nueva Ley fija como prioridad, además de la consolidación de sus órganos, la ejecución del Primer Plan Integral de Políticas de Juventud, con carácter transversal, donde se asegurará las actividades, servicios y oportunidades para la juventud canaria, así como fijará cuantitativamente el presupuesto para el desarrollo y garantía de las mismas.
Hay que recordar que en octubre 2020, el texto del Anteproyecto de Ley se sometió a consulta pública como paso previo a la elaboración del correspondiente proyecto normativo con el fin de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones relacionadas con el sector juvenil en Canarias, desarrollándose desde la Dirección General de Juventud un extenso proceso de participación social en la elaboración del borrador del Anteproyecto de Ley de Políticas de Juventud de Canarias, con la intervención de colectivos juveniles, técnicos de juventud, empresas de ocio y tiempo libre, así como con universidades, cabildos y ayuntamientos.
Una norma de ocho títulos y setenta y seis artículos
El texto del anteproyecto recoge una estructuración de la futura Ley en ocho títulos, setenta y seis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El Título I comprende las disposiciones generales que inspiran la ley, definiendo su objeto y ámbito de aplicación y recogiendo los principios y directrices en materia de juventud. Hay que destacar en este Título la ampliación del espectro del concepto de persona joven acomodándose a un nuevo tramo de edad que comprende desde los 12 a los 30 años.
En el Título II se identifican las Administraciones públicas territoriales implicadas en el ámbito de aplicación de la ley, haciendo especial hincapié en el régimen de corresponsabilidad que debe presidir su gestión, al tiempo que se determinan las competencias que se les atribuyen en la materia.
El Título III está dedicado al Consejo de Políticas de Juventud, como órgano de participación, coordinación y toma de decisiones en el que se encuentran representados los principales agentes intervinientes en las políticas de juventud, con una significativa presencia de las personas jóvenes.
El Título IV regula la participación juvenil, concretando su definición e identificando los agentes y las vías de participación de las personas jóvenes, introduciendo una referencia explícita a la representación de la juventud no asociada.
El Capítulo II consagra la obligación del Gobierno de Canarias de reconocer periódicamente el desarrollo de trayectorias, servicios y actuaciones relevantes en el ámbito de la juventud a través de los Premios Joven Canarias.
El tercer capítulo se dedica al Consejo de la Juventud de Canarias, máximo órgano de representación de la juventud canaria ante el Gobierno de Canarias, configurado como corporación pública de base privada, dotada de personalidad jurídica, mientras que el cuarto capítulo hace referencia a los consejos insulares y municipales de la juventud.
El Título V regula las Planificación de las Políticas de Juventud, cuyo máximo exponente es del Plan Integral de Juventud de Canarias, concebido como instrumento clave para su diseño, desarrollo y ejcución, y regula en su capítulo III el Observatorio Canario de la Juventud como instrumento de seguimiento permanente de la realidad juvenil canaria.
El Título VI contempla los servicios y equipamientos juveniles y el Título VII, regula el régimen financiero.
Por su parte, el Título VIII se dedica a la inspección y el régimen sancionador.
El Gobierno autoriza un convenio para impulsar enseñanzas de Hostelería y Turismo
El Consejo de Gobierno autorizó hoy jueves, 28 de julio, la suscripción de un convenio de cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tías, con una duración de cuatro años y para la puesta en marcha y desarrollo de enseñanzas de FP de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo, para lo que este departamento compromete 228.000 euros.
El Gobierno destina 400.000 euros a Femepa y Femete para la campaña de promoción de la industria legal
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio destinará 400.000 euros a la Federación de la Pyme del sector del metal de Las Palmas (Femepa) y a la Federación de Empresas del metal de Santa Cruz de Tenerife (Femete) para sendas campañas de Promoción de la Industria Legal.
En este sentido, el Consejo de Gobierno aprobó este jueves la ampliación de crédito para dotar de presupuesto ambas subvenciones, por importe de 200.000 euros a cada asociación, con objeto continuar con los objetivos marcados en la Estrategia de Desarrollo Industrial (EDIC), con la que se pretende impulsar un cambio positivo y relevante en el papel de la industria en el modelo de desarrollo de Canarias.
La finalidad es dotar de recursos y capacidades los procesos de consolidación del tejido industrial actual y de creación de nuevas empresas bajo los principios de sostenibilidad y resiliencia. Por tanto, supone un primer paso hacia un modelo productivo más competitivo, sostenible, diversificado y resiliente, con mayor capacidad de generar riqueza y más resistente a las coyunturas adversas.
Femete y Femepa realizarán, con esta ayuda económica, una campaña de Promoción de la Industria Legal en las Islas Canarias, con la que pretenden potenciar la industria canaria como generadora de empleo de calidad, por cuenta propia y ajena, difundiendo entre la ciudadanía el valor y la necesidad de la industria, y de la formación de la juventud, en oficios y profesiones industriales.
El Gobierno destina 8,5 millones al servicio de vigilancia y seguridad de los centros de Atención Primaria de Tenerife
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 8.500.570,17 euros en la contratación del servicio de vigilancia, seguridad, protección y servicios auxiliares de los centros de salud, consultorios periféricos, servicio de urgencias y servicios centrales de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por importe de 8.500.570,17 euros.
La contratación se realizará mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y tramitación urgente, para un período de tres años, con la finalidad de garantizar, con la máxima eficacia posible, la seguridad tanto de las personas como de los bienes que se encuentren en cualquiera de las dependencias de la Gerencia. Para el cálculo del presupuesto de licitación, se ha realizado un exhaustivo estudio técnico y económico que se ha tenido en cuenta el convenio laboral de aplicación, los medios personales necesarios para la prestación del servicio, número de horas, distribución de los vigilantes en la totalidad de las dependencias, así como los medios materiales y técnicos para su prestación.
Autorizado un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria y el Cabildo de La Palma para el cobro por vía ejecutiva
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la suscripción de un nuevo convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Cabildo Insular de La Palma para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de las deudas de naturaleza tributarias y no tributarias.
Mediante la firma de este convenio, la ATC asume la facultad de recaudación en vía ejecutiva de los débitos de dicho cabildo, a cambio del pago mensual de una cantidad determinada.
En concreto, la corporación insular deberá abonar mensualmente a la ATC tres euros por cada deuda cargada, más una cantidad adicional que se determinará en función de la fecha de cancelación o data de la misma sobre la base de unos baremos establecidos. Asimismo, los ingresos correspondientes a los intereses de demora devengarán un 7 por ciento ya sean por aplazamientos o fraccionamientos, o por actuaciones de embargo.
El Gobierno concreta la distribución de 598 millones de euros del Fondo Social Europeo
El Consejo de Gobierno de Canarias dio hoy el visto bueno a la propuesta de actuaciones del programa Fondo Social Europeo (FSE+), que asciende a 598,7 millones de euros hasta el año 2027, tras el informe presentado por el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. De esta cantidad, 185 millones de euros se asignan por la condición de región ultraperiférica de las islas.
El Ejecutivo da continuidad así al acuerdo adoptado hace unas semanas en similares términos para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y culmina formalmente el procedimiento liderado desde el departamento de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para la elaboración de una propuesta consensuada con los agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma, en sintonía con el principio de asociación que rige estos programas. Antes, los centros gestores del Gobierno ya habían formulado también sus aportaciones e identificados los programas a desarrollar.
El documento contiene la distribución de recursos entre las cinco prioridades genéricas fijadas por la Unión Europea para este fondo: empleo, inclusión social, educación y formación, empleo juvenil y garantía infantil. Además de ellas, se establece una sexta prioridad específica para el caso de las RUP, también con objetivos propios.
Por lo que respecta a las prioridades comunes y de acuerdo con la propuesta, la mayor partida se destinará a la inclusión social, con 94 millones de euros, de los cuales 31 millones se invertirán en proyectos de itinerarios de inserción laboral y otros 20 en servicios sociales de atención primaria y comunitaria. En esta prioridad también se han consignado 15 millones para salud mental e idéntica cantidad para el programa contra la exclusión social “Canarias te cuida +”.
A continuación, se sitúa la prioridad de la educación y formación, con 80 millones de euros para la Formación Profesional; y el empleo juvenil, con 73 millones. Además, Canarias destinará 43,5 millones de euros al empleo, cuyas mayores partidas se concentrarán en la creación de nuevas oportunidades de empleo y acciones formativas para desempleados, con 15 millones para cada apartado. La prioridad de garantía infantil está dotada con 23 millones de euros.
Por lo que respecta a la prioridad específica para las RUP, las mayores partidas se reservan para cubrir los sobrecostes de los servicios educativos, con 23 millones de euros; y para el programa predoctoral para la formación de personal investigador, con 19,5 millones de euros. También con cargo a la dotación RUP habrá casi 10 millones para la Formación Profesional.
El documento aprobado por el Gobierno de Canarias se remitirá ahora al Ejecutivo español, quien lo enviará a Bruselas para su aprobación definitiva por parte de la Unión Europea. En conjunto, los programas operativos del FSE + y FEDER supondrán una inversión en Canarias de 2.535 millones de euros hasta el año 2027, cuando concluye el actual marco presupuestario plurianual de la UE.
El Consejo de Gobierno acuerda el nombramiento de Esther García como secretaria general del SCS
El Consejo de Gobierno, en la reunión celebrada este jueves, día 28 de julio, ha acordado nombrar a Esther García Cabrera como secretaria general del Servicio Canario de la Salud (SCS), toda vez que se había informado de la jubilación por motivos familiares del secretario general actual, Abraham Cárdenes, a quien el Gobierno agradece los servicios prestados durante su trayectoria como personal del SCS y especialmente como alto cargo al frente de la secretaría general.
Esther García Cabrera, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y diplomada en Ciencias Empresariales en las especialidades de Gestión Financiera y de Contabilidad y Sistemas Informativos en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Las Palmas, cuenta además con una amplia formación complementaria. Actualmente, desempeñaba el cargo de directora de Gestión de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria del SCS.
A lo largo de su trayectoria laboral, ha sido secretaria general de la Agencia Tributaria Canaria y en la consejería de Hacienda ha ocupado las jefaturas del Servicio Central de Régimen Interior en la Dirección General de Tributos y de sección de Presupuestos y Control de Gestión; además ha sido jefa de servicio de Programación, Control de Efectivos y Retribuciones en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Además, fue designada directora-gerente de la Entidad Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) y ha ocupado las jefaturas de los servicios de Régimen Interior, de Información y de Recursos Humanos en la Agencia Tributaria Canaria, y ha sido vicegerente de Asuntos Económicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
También ha formado parte del Consejo de Administración de GRECASA, del Consejo Asesor y del Consejo Rector de la Agencia Tributaria Canaria, así como del Consejo para la Dirección y Coordinación de la gestión de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario de la Agencia Tributaria Canaria.
El Gobierno autoriza un gasto plurianual de 2,2 millones de euros para que la Policía Canaria adquiera 30 vehículos
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, un gasto plurianual de 2.237.740,07 euros, destinado a financiar la contratación, por arrendamiento financiero, de 30 vehículos para el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC). Dicha contratación, según el acuerdo aprobado, se va a realizar mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y en dos lotes. El primero incluye veinte vehículos turismos-patrulleros con motor de combustión, dotados con mamparas y adaptados a las necesidades del CGPC. El segundo comprende otros diez vehículos turismos-patrulleros, también adaptados, pero de motor eléctrico.
El importe total del contrato será abonado en cinco anualidades, la primera de ellas en 2022 (169.525,77 euros) y la última en 2026 (542.482,43 euros). Entre ambas, 2023, 2024 y 2025, el importe será de 508.577,29 euros cada año.
Con estos vehículos, que se suman a los doce adquiridos, también mediante arrendamiento financiero, a finales del pasado año, el CGPC pretende cubrir las necesidades a las que desde el 2010 vienen haciendo frente sus miembros tanto en materia de menores, transporte, seguridad ciudadana, policía administrativa como en la prestación de auxilios en casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, al participar, tal y como establecen las leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.
La dotación de nuevos medios materiales viene acompañada del incremento del número de agentes. Los últimos, a principios de 2022, cuando se incorporaron 57 nuevos miembros que ahora mismo se encuentran en su periodo de formación tras haber pasado la correspondiente prueba de ingreso en el cuerpo. En la actualidad, la plantilla del CGPC está formado por 198 personas que tienen a su disposición treinta y ocho vehículos y ocho motocicletas para llevar a cabo las labores que tienen encomendadas.
El Consejo recibe información sobre los convenios suscritos por Administraciones Públicas con corporaciones locales
El Consejo de Gobierno de Canarias ha sido informado este jueves de varios acuerdos suscritos por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con las corporaciones locales de las islas, durante el segundo trimestre de 2022. En dicho periodo, se firmaron cinco convenios y veinte adendas de adhesión a diversos conciertos de colaboración.
Estos acuerdos y adendas se han formalizado para la gestión de oficinas conjuntas de información y atención ciudadana, para el acceso a la Red de Emergencia y Seguridad de Canarias (RESCAN), el uso compartido de listas de reserva en el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación de personal laboral temporal y para la implantación de la Red Interadministrativa Canaria de Gobierno Abierto.
Los conciertos se han firmado asimismo para la colaboración entre el Cuerpo General de la Policía Canaria y cuerpos de Policía Local, para la delegación de competencias de los municipios del archipiélago en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de Policía Local y para la implementación de una helisuperficie.
Estos los convenios se han rubricado con el Cabildo de Fuerteventura, para la gestión de las oficinas conjuntas de información y atención ciudadana, el único que implica obligaciones de contenido económico, y con el Cabildo de El Hierro, para la implementación de una helisuperficie en el término municipal de Frontera.
Además, también se han suscrito con el Ayuntamiento del Santiago del Teide, para la colaboración entre el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) y la Policía Local, y con los de Arona y Hermigua, para el acceso a la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN).
En cuanto a las adendas de adhesión, doce de ellas son al Convenio de cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), los siete cabildos insulares y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para la implantación de la Red Interadministrativa Canaria Gobierno Abierto, por parte de los ayuntamientos de El Rosario, Los Realejos, La Frontera, Tejeda, Santa Úrsula, San Sebastián de La Gomera, Adeje, El Sauzal, Teror, Santa Brígida, Alajeró y San Cristóbal de La Laguna.
Otras seis adendas de adhesión son al Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Fecam, por la que se instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de Policía Local, al que se han sumado los ayuntamientos de Güímar, Vega de San Mateo, Agüimes, los Llanos de Aridane, La Laguna y Agulo.
Las dos adendas de adhesión restantes son al Convenio Marco de Cooperación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para el uso compartido de listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación de personal laboral temporal, por parte de los ayuntamientos de Valverde y San Bartolomé.
El Gobierno de Canarias impugna seis acuerdos de entidades locales en el primer semestre de 2022
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno de Canarias de las resoluciones dictadas por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, durante el primer semestre de 2022, para ejercer acciones judiciales en materia de control de la legalidad de los actos y acuerdos de las corporaciones locales. Según ha indicado, durante dicho periodo se llevaron a cabo seis impugnaciones y un desistimiento.
Las impugnaciones tenían que ver con actos o acuerdos del Cabildo de Fuerteventura y de los ayuntamientos de El Sauzal, Adeje, Alajeró, Santa Lucía y Santa Cruz de Tenerife. El desistimiento estaba referido a un acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé en 2021.
En cuanto a las materias objeto de impugnación o desistimiento, éstas van desde acuerdos para la actualización de las tarifas de la tasa por suministro de agua a ordenanzas provisionales municipales de edificación para ordenar parcelas o adaptar el régimen de usos de PGOU, pasando por acuerdos relativos a la aprobación de proyectos de interés para un determinado ámbito.
ACFI PRESS
