La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha denunciado este miércoles [22] junto a la portavoz de Bienestar Social del Grupo Parlamentario Socialista, Elena Máñez, y la senadora y exdirectora general de Dependencia, Marta Arocha, el “engaño” del Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) con la “incalificable” situación en la que se encuentra la gestión de la dependencia en Canarias, que ha empeorado “de forma escandalosa” durante estos dos últimos años.
Las socialistas incidieron en que la “única verdad” son los datos, que reflejan que en 2022 durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres se atendieron a casi 8.000 personas, frente a las 4.320 del Gobierno de Fernando Clavijo. “Los datos no engañan, lo que es de una bajeza incalificables es engañar a las personas en situación de dependencia”.
En concreto, destacaron el importante avance que se consiguió con el Gobierno de Ángel Víctor Torres, ya que de los 40.000 Programas Individual de Atención (PIAS) que había en Canarias en 2023, un total de 20.000 se concedieron durante los cuatro años del Gobierno del Pacto de las Flores, mientras que el resto se materializaron durante los trece años de desarrollo de la Ley.
En este sentido, afirmaron que, de haber continuado este ritmo, se hubiese conseguido terminar con la lista de espera en 2024.
La primera comunidad en prestaciones no efectivas
También criticaron que Canarias se haya convertido en la comunidad autónoma con más prestaciones no efectivas de toda España, con un total de 7.693, es decir, derechos reconocidos a las personas en situación de dependencia que no están disfrutando. “En estos momentos hay 7.693 personas dependientes en Canarias que tienen su PIA, pero que no lo disfrutan de manera efectiva, es como si no lo tuvieran”.
La media nacional de prestaciones no efectivas es del 1,59%, y Canarias se sitúa en un 17,09%, por encima de la media nacional.
La lista de espera más alta de España
Para las socialistas, a esto se suman los datos de la lista de espera en dependencia, que es la más alta de España, con 17.374 personas pendientes, un 22,9% frente al 8,1% de media nacional, lo que supone un incremento de 4.360 personas en el último año.
Situación de conflictividad del personal
Por su parte, las socialistas recordaron el “caos” y la situación de conflictividad que vive el personal de la Consejería de Bienestar Social desde la entrada del Gobierno de Clavijo que han derivado en múltiples denuncias, además de las críticas de los colectivos sociales de las islas.
En esta línea, destacaron las denuncias de las trabajadoras y trabajadores de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que han expresado públicamente su malestar por la «trayectoria de abandono y desidia» del departamento, así como «el actual desmantelamiento» del sistema público dirigido a la atención de los más vulnerables.
También han enfatizado las quejas de los dos colegios profesionales de los trabajadores sociales de Canarias, que se han quejado de su “escasa” participación en las medidas y propuestas de la Consejería de Bienestar Social, alertando incluso del peligro y los posibles perjuicios que suponen para el buen funcionamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
A estas críticas se han añadido las de las 28 entidades de apoyo a personas con discapacidad intelectual que forman parte de la asociación Plena Inclusión Canarias, que han reclamado incrementos anuales que acaben con el déficit histórico entre la financiación y el coste real de los servicios, y que, pese a las múltiples reuniones mantenidas, el Gobierno canario no ha dado respuestas concretas.
Privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio
Asimismo, recordaron el intento de modificar por parte del Gobierno canario “por la puerta de atrás” el servicio de ayuda a domicilio, de forma que los municipios puedan sustituir este servicio, que reciben unas 20.000 personas en las islas, por una prestación económica, como ya denunció el Grupo Socialista en la Cámara regional.
En esta línea, insistieron que, a través de una enmienda al Presupuesto deCanarias de 2025, se pretende abrir la puerta a la privatización del servicio, y con ello “se carga de forma inaceptable y antidemocrática un derecho que asiste a la ciudadanía, especialmente la más vulnerable, que no podrá elegir el modelo” de asistencia en este ámbito.
ACFI PRESS
