El Viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, ha expresado su profunda preocupación por la falta de avances concretos en la reubicación de menores migrantes no acompañados desde Canarias hacia la península. En declaraciones recientes, Candil lamentó que se haya llegado a estas fechas “con incertidumbres” y sin una hoja de ruta clara por parte del Estado, a pesar del mandato del Tribunal Supremo que exige realizar los traslados “a la mayor brevedad”.
Candil criticó que, a pesar de numerosas reuniones mantenidas con el Estado, la situación en los centros de acogida de Canarias sigue siendo insostenible, con un alto nivel de hacinamiento. Además, mostró su esperanza de que la comparecencia prevista ante el Supremo sirva para exigir responsabilidades y poner fin a “negociaciones que lo único que hacen es dilatar la respuesta inmediata que tendríamos que estar dándole a estos niños, niñas y adolescentes”.
También informó que se conformará un grupo de trabajo y que el Tribunal Supremo ha solicitado una comparecencia inmediata para conocer los avances en la ejecución del auto judicial.
Canarias cumple con su parte; el Estado aún no ha trasladado a ningún menor
Francis Candil aseguró que Canarias está actuando con el “máximo nivel de responsabilidad”, compartiendo información y colaborando plenamente en el proceso que ha dictado el Supremo. No obstante, subrayó que, hasta la fecha, “ni un solo menor ha sido trasladado”, incluyendo aquellos con protección internacional, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha señalado los recursos a los que deben ser llevados.
El Viceconsejero detalló que esa misma mañana se estaban definiendo los equipos de trabajo que representarán tanto a la Presidencia como a la Consejería, con la participación directa de responsables de la Dirección General de Infancia. Mencionó que se había escuchado que los traslados comenzarían en junio, pero hasta el momento no se ha concretado nada.
Críticas a la continua dilación y al maltrato institucional a los menores
Candil denunció que la continua invención de nuevos procedimientos y negociaciones por parte del Estado está provocando un retraso injustificado. “Esto se sigue dilatando”, afirmó, señalando que esta demora constituye un “maltrato institucional” hacia los menores, quienes continúan hacinados en las mismas condiciones de precariedad que antes.
El Viceconsejero concluyó exigiendo una solución definitiva y urgente, subrayando la gravedad de la situación que afecta directamente a los derechos y el bienestar de los niños y adolescentes bajo protección.
ACFI PRESS
