La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández Pérez, explicó que el Ejecutivo autonómico remitió cartas tanto al Ministerio competente como a AENA para reiterar una reclamación histórica: la necesidad de que Canarias participe de forma efectiva en la toma de decisiones que afectan a su red aeroportuaria. Fernández recordó que, aunque AENA opera como empresa privada, cuenta con un 51 % de participación pública, lo que refuerza la legitimidad de esta demanda.
En este sentido, señaló que ya se ha solicitado formalmente la constitución de una comisión mixta con el Estado, en cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce competencias y participación del Archipiélago en las decisiones aeroportuarias. El objetivo es evitar políticas de “hechos consumados”, como la posible implantación de nuevas tasas que puedan afectar negativamente a la movilidad en las islas.
Mientras se avanza en el desarrollo de dicho artículo, el Gobierno de Canarias está utilizando la herramienta que el propio Estado reconoce como órgano de cogobernanza: la Comisión de Coordinación Aeroportuaria. En el escrito remitido se solicitó su convocatoria inmediata y que este órgano tenga un papel real antes de imponer medidas como una tasa que podría penalizar la intermodalidad en Canarias.
Fernández subrayó que en esa comisión debería debatirse el periodo y la forma de implantación de cualquier medida, así como la posibilidad de buscar alternativas. Entre ellas, planteó la habilitación de terrenos anexos a los aeropuertos que permitan a las guaguas esperar sin ser penalizadas cuando los retrasos no sean imputables a la gestión del transporte terrestre, sino a causas aeroportuarias como demoras en vuelos o controles de nacionalidades.
Espera de la Comisión de Coordinación y ejemplos de otras comunidades
La directora general indicó que todas estas solicitudes se han planteado para ser tratadas en el órgano que el propio Estado define como espacio de cogobernanza mientras no se desarrolle plenamente el artículo 161 del Estatuto. En estos momentos, el Gobierno de Canarias se encuentra a la espera de que se convoque la Comisión de Coordinación Aeroportuaria con el fin de alcanzar un acuerdo.
Fernández manifestó su convencimiento de que existe margen para el consenso y puso como ejemplo el caso de Palma de Mallorca, donde ya se ha implantado una solución similar. En ese aeropuerto se dispone de terrenos anexos que permiten que las guaguas puedan esperar sin detener la operativa ni abonar tasas cuando los retrasos no son responsabilidad del transporte terrestre. En este punto, aclaró que la información concreta sobre la gestión corresponde a AENA, aunque confirmó la existencia de dichos terrenos.
Existencia de terrenos y necesidad de una inversión mínima
María Fernández Pérez explicó que una cuestión distinta es la necesidad de acondicionar esos terrenos, pero confirmó que existen espacios anexos a los aeropuertos canarios que podrían destinarse a zonas de espera para las guaguas en situaciones derivadas de la propia operativa aeroportuaria y no de una mala gestión del transporte terrestre.
Según detalló, la adecuación de estos espacios requeriría una inversión puntual y no recurrente, limitada principalmente al asfaltado y acondicionamiento básico. Se trataría, insistió, de una actuación similar a la ya realizada en Palma de Mallorca.
La directora general destacó que AENA obtiene más de 2.000 millones de euros de beneficios y que la red aeroportuaria canaria es una de las más rentables de la entidad, por lo que consideró razonable acometer una inversión mínima que permita garantizar que las guaguas no sean penalizadas por retrasos ajenos a su responsabilidad y se proteja así la intermodalidad y la movilidad en Canarias.
ACFI PRESS
