Derecho al Techo denuncia la inminente ejecución del desahucio de una familia de ocho miembros, entre ellos seis menores de entre 3 y 14 años, previsto para el jueves 11 de septiembre en Ingenio. Isabel Saavedra, letrada de la asociación, y Moisés Macías, cabeza de familia, explicaron hoy la situación por la que atraviesa la familia y cómo han llegado a esta situación sin que además ni el Ayuntamiento de Ingenio ni el Instituto Canario de la Vivienda acaben de darle una solución.
La familia, trabajadora y arraigada en el municipio de Ingenio, perdió la capacidad de pagar su hipoteca durante la pandemia del COVID-19, después de que su vivienda fuera adquirida por un fondo buitre: 'Promontorio Yellowstone'. Desde que el padre recuperó su empleo, han mostrado disposición a pagar la deuda y continuar en la casa. Sin embargo, la especulación financiera y la falta de mediación institucional les impiden regularizar su situación, principalmente porque en 2006 compraron la vivienda en 150.000 euros y ahora -después de cinco años sin pagar la hipoteca el banco vendió la vivienda al fondo buitre- le piden 137.000 euros cuando durante 14 años estuvieron pagando su hipoteca sin ningún tipo de falta.
Durante meses han buscado vivienda alternativa sin éxito, ante unos precios de alquiler disparados y una oferta prácticamente inexistente en Canarias. El Ayuntamiento de Ingenio conoce el caso, pero su única propuesta ha sido ofrecer dos meses de alquiler, una medida insuficiente que condenaría a la familia a la calle.
Una situación de extrema vulnerabilidad
“Estamos ante un caso gravísimo: seis menores pueden quedar en la calle por la avaricia de un fondo buitre y la inacción de las instituciones. No hablamos de falta de voluntad de pago, sino de especulación contra el derecho humano a la vivienda”, señala Saavedra. La plataforma recuerda que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, prohíbe dejar a menores en situación de desamparo. Además, la Constitución Española (artículo 47) reconoce el derecho a una vivienda digna.
Por todo ello, desde la asociación exigen:
- Paralización inmediata del desahucio del 11 de septiembre.
- Mediación entre la familia y el fondo buitre para establecer condiciones justas de pago.
- Garantía de una alternativa habitacional digna y estable en caso de que el desalojo se ejecute.
- Políticas públicas estructurales en Canarias que creen un parque público de alquiler social y no dependan de ayudas puntuales.
- Un caso que interpela a toda Canarias
“El 11 de septiembre no solo se defiende una casa, se defiende el derecho de todas las familias canarias a vivir con dignidad. No podemos permitir que fondos especulativos decidan sobre el futuro de nuestra gente”, destacan desde la asociación.
ACFI PRESS
