La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado hoy la publicación de la orden del incremento de los baremos que cobran abogados y procuradores del turno de oficio hasta alcanzar el 30% en tres años. “Desde el 2008 no se había actualizado esta retribución, una mejora de la que se beneficiarán los más de 2.300 profesionales que prestan la asistencia jurídica gratuita y con ello las personas usuarias de este servicio”.
Nieves Lady Barreto, que compareció en rueda de prensa con el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez, añadió que la orden recoge que la primera subida del año 2025, que será del 15%, tendrá efectos retroactivos a 1 de enero”.
La consejera recordó que otra de las líneas de trabajo de su departamento con los colegios de abogados es incentivar el acuerdo para rebajar la litigiosidad y que en ese sentido se prima a los abogados que lo alcancen dentro de la puesta en marcha de los medios alternativos de resolución de controversias (MASC). “Estamos haciendo un seguimiento y a final de año podemos presentar un primer balance de su aplicación.”
Por su parte, Juan Antonio Rodríguez, agradeció “el esfuerzo” del Gobierno por sacar adelante esta orden, que recoge el acuerdo alcanzado con los colegios de abogados, y reconoció el papel que ha tenido la consejera en “la negociación presupuestaria” para conseguir los fondos necesarios para hacerlo realidad.
El viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, apuntó que este incremento “dignifica la profesión y el trabajo de los abogados y procuradores que vienen realizando en defensa de los ciudadanos canarios” que necesitan asistencia gratuita ante los tribunales por carecer de recursos económicos.
La publicación hoy en el Boletín Oficial de Canarias de la Orden de 25 de agosto de 2025, modifica la Orden de 17 de mayo de 2019, que aprueba los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las personas profesionales de la abogacía y procuraduría.
La orden tiene una triple finalidad. Por una parte, adecúa a la normativa actual los importes de las bases y los módulos de la compensación -indemnización que reciben quienes asisten a los beneficiarios de la justicia gratuita-, como se venía demandando por los Colegios Profesionales, con la salvedad del turno especial de extranjería, que ya se había actualizado y modificado desde la Orden n.º 231, de 19 de diciembre de 2024.
Por otro, incrementa un 30% los importes iniciales de los módulos, incremento que se llevará a cabo de forma en tres ejercicios presupuestarios: 2025, 2026 y 2027. El primer incremento de los importes de los módulos será de un 15% en el ejercicio 2025; el subsiguiente incremento, será de un 7% sobre los importes iniciales en el ejercicio 2026 y finalmente, con el tercer incremento de un 8%, en el ejercicio 2027, se consolidará el 30% de la subida.
La orden también regulariza los efectos económicos a las personas profesionales de la abogacía y procuraduría por las actuaciones ya realizadas en 2025, con efectos retroactivos a 1 de enero.
ACFI PRESS
